Senadores de EE UU piden que se investiguen las escuchas sin orden judicial
Un juez del tribunal de espionaje dimite en protesta por la decisi¨®n de Bush de autorizarlas
Senadores dem¨®cratas y republicanos reclaman una investigaci¨®n del Congreso sobre si la Administraci¨®n de George W. Bush realiz¨® escuchas electr¨®nicas "sin la apropiada autoridad legal". El presidente justific¨® el lunes el espionaje telef¨®nico sin control judicial y asegur¨® que tanto "la ley como la Constituci¨®n" le autorizan a investigar a norteamericanos sospechosos de terrorismo sin necesidad de una orden. El caso que amenaza con amargar las navidades a Bush se complic¨® ayer al dimitir, como protesta, un juez del tribunal especial que autoriza las intervenciones telef¨®nicas y electr¨®nicas.
El juez James Robertson no da explicaciones en su carta de dimisi¨®n. Pero ha expresado su m¨¢s "profunda preocupaci¨®n" por la "dudosa" legalidad del programa de supervisi¨®n que el presidente de Estados Unidos autoriz¨® d¨ªas despu¨¦s de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, seg¨²n informaba ayer el diario The Washington Post. El juez Robertson -nombrado magistrado federal por Bill Clinton- era uno de los 11 miembros del Tribunal de Supervisi¨®n de Inteligencia Extranjera (FISC). Este Tribunal, y la ley del mismo nombre -creada en 1978 y conocida por sus siglas en ingl¨¦s FISA- ha sido durante 25 a?os el ¨²nico mecanismo capacitado para autorizar "legalmente" la intervenci¨®n de las llamadas telef¨®nicas cuando exist¨ªa la sospecha de que se tratase de presuntos terroristas o actos de terrorismo contra EE UU.
El espionaje telef¨®nico fue descubierto y publicado la semana pasada por el diario The New York Times y ha causado gran revuelo en la Casa Blanca. El presidente, visiblemente molesto y enfadado, tild¨® de "acto vergonzoso" el que alguien diera a conocer "un programa muy importante en tiempos de guerra" y justific¨® el procedimiento. Hace un a?o, cuando se le pregunt¨® sobre el asunto, Bush respondi¨®: "Una escucha telef¨®nica exige una orden judicial. Nada ha cambiado. Cuando hablamos de perseguir terroristas hablamos de tener autorizaci¨®n judicial antes de hacerlo".
Un grupo de senadores -los republicanos Chuck Hagel (Nebraska) y Olympia Snowe (Maine) y los dem¨®cratas Carl Levin (Michigan), Dianne Feinstein (California) y Ron Wyden (Oreg¨®n)- se han unido para exigir una investigaci¨®n conjunta de los comit¨¦s de Inteligencia y Judicial del Senado. Por su parte, el l¨ªder de la minor¨ªa de la C¨¢mara Alta, Harry Reid (dem¨®crata por Nevada), manifest¨® que se inclinaba porque las audiencias fueran por separado, y asegur¨® que ya hab¨ªa prometido una investigaci¨®n por parte del Comit¨¦ de Inteligencia. Bill Frist, l¨ªder de la mayor¨ªa republicana opt¨® por no pronunciarse.
"He estado y sigo estando en conversaciones con los responsables de los Comit¨¦s", asegur¨® Frist citado por Reuters. "Cuando ¨¦stas terminen les dir¨¦ si se emprende una investigaci¨®n y qui¨¦n la emprende", terci¨® el l¨ªder de la mayor¨ªa republicana en el Senado. Tanto Bush como el vicepresidente, Dick Cheney, han defendido y justificado el espionaje telef¨®nico sin control judicial. El presidente se respalda en "la autoridad legal que se deriva de la Constituci¨®n". Con esta afirmaci¨®n, el presidente de EE UU hace una interpretaci¨®n generosa de la Carta Magna que en su Art¨ªculo 2? establece los poderes ejecutivos del presidente y su capacidad como comandante en jefe. Adem¨¢s, la Casa Blanca se refuerza en su decisi¨®n al apoyarse en la resoluci¨®n que el Congreso aprob¨® tres d¨ªas despu¨¦s del 11-S en la que autorizaba al presidente a usar "toda la fuerza necesaria y apropiada" para perseguir a los terroristas y as¨ª evitar otros atentados. Bajo estas premisas, Bush hizo saber que el programa de control de comunicaciones con el exterior -decidido en una orden ejecutiva de 2002- se mantendr¨¢ mientras exista la "amenaza de un enemigo que quiere matar americanos".
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