L¨ªmites para Bush

El presidente Bush se equivoc¨® de plano si crey¨® que su defensa televisada, el s¨¢bado, de las escuchas extrajudiciales a ciudadanos estadounidenses tras el 11-S iba a zanjar el esc¨¢ndalo. Por el contrario, ha aumentado la indignaci¨®n por esta violaci¨®n de la intimidad por parte de los servicios secretos y por ¨®rdenes directas de Bush, como ¨¦l reconoci¨®.

Congresistas dem¨®cratas y republicanos han manifestado su grave malestar con los intentos de la Casa Blanca para justificar esta vigilancia, que consideran claramente ilegal, y han solicitado una investigaci¨®n parlamentaria. Cuando surgieron las primeras indicaciones de que se hab¨ªa producido un control muy extenso, cuando no masivo, de las comunicaciones privadas tras el 11-S, la reacci¨®n del Gobierno fue, como viene sucediendo, una huida hacia delante, reconociendo unos hechos previa justificaci¨®n de los mismos por motivos de seguridad nacional. Todo indica que la Casa Blanca mantendr¨¢ esta estrategia, ya que rechaza cualquier investigaci¨®n por la importancia para la seguridad nacional de la informaci¨®n que podr¨ªa ser utilizada.

Est¨¢ meridianamente claro que controlar las comunicaciones de un ciudadano de Estados Unidos en el interior del pa¨ªs sin autorizaci¨®n judicial previa es ilegal, seg¨²n una ley de 1978. Esta disposici¨®n ha podido ser violada en innumerables ocasiones por las ¨®rdenes dadas por Bush sobre control de tel¨¦fonos y correo electr¨®nico a ciudadanos sospechosos de tener v¨ªnculos con el terrorismo isl¨¢mico, independientemente de su nacionalidad.

El l¨ªder dem¨®crata Howard Dean, que ha denunciado los hechos como "abuso de poder", cree que EE UU necesita un presidente que garantice su seguridad, no un Gran Hermano. En la Casa Blanca parecen haber comenzado a calibrar la gravedad del problema y su dif¨ªcil defensa. Se deja de insistir en la legalidad de la medida para destacar, como hizo ayer el vicepresidente Cheney, el amplio respaldo que suscita este tipo de medidas entre la ciudadan¨ªa. Sea o no cierto este extremo, resulta muy grave y quiz¨¢ definitorio que Bush quiera protegerse con maniobras populistas ante lo que emerge como una transgresi¨®n de los l¨ªmites, una violaci¨®n de las leyes federales; o, dicho de otro modo, como un probable delito.