Un camino peligroso

Los espacios radiof¨®nicos de la Cope que han suscitado un dictamen adverso del Consejo Audiovisual de Catalu?a (CAC) son un muestrario, ni siquiera exhaustivo, de lo que nunca debe hacer un medio de comunicaci¨®n: mentir, denigrar, atizar el odio entre los ciudadanos. Nada de esto est¨¢ protegido por el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n Espa?ola, que consagra el derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n. La Conferencia Episcopal espa?ola, como propietaria de la cadena, tiene una grave responsabilidad en esta deriva de algunos de sus programas.

Por si faltaban pruebas de su irresponsabilidad, la cadena de emisoras se regode¨® ayer durante todo el d¨ªa con la emisi¨®n de un di¨¢logo entre el presidente electo de Bolivia, Evo Morales, y un humorista que se hac¨ªa pasar por el presidente Zapatero. En vez de envanecerse por la gamberrada y transmitirla una y otra vez, deber¨ªan disculparse ante los presidentes de Bolivia y de Espa?a y ante los oyentes.

El CAC ha emitido su dictamen 24 horas despu¨¦s de que el Parlamento catal¨¢n ampliara sus competencias, de forma que este organismo tendr¨¢ en el futuro un papel decisivo en la concesi¨®n de licencias y en la vigilancia y sanci¨®n por incumplimiento de las condiciones de concesi¨®n de una frecuencia radiof¨®nica. Este organismo emanado del Parlamento juzgar¨¢ sobre la veracidad de las informaciones o sobre las fronteras entre informaci¨®n y opini¨®n. Lo hace de hecho en un dictamen en el que, citando una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluye que la Cope ha vulnerado los l¨ªmites constitucionales al ejercicio leg¨ªtimo de la libertad de informaci¨®n.

El prolijo dictamen del CAC incluye un amplio cat¨¢logo de excesos, pero no creemos que un ¨®rgano de estas caracter¨ªsticas, emanado del Parlamento, por independiente que se proclame, pueda ser el ¨¢rbitro que juzgue y sancione a los medios en materia de informaci¨®n. Siempre hemos sostenido que los periodistas estamos sometidos a la ley, que la libertad de expresi¨®n no ampara todo, pero el control de legalidad deben realizarlo los tribunales. El camino emprendido por el Parlamento catal¨¢n al dotar de tan amplias capacidades al CAC es extremadamente preocupante y peligroso.