"400.000 personas recibir¨¢n ayuda por atender a familiares dependientes"
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera, responde a las preguntas en su despacho del paseo de la Castellana. Es el viernes previo a Navidad y hace menos de dos horas que ha terminado el Consejo de Ministros donde ha presentado su Ley de Dependencia, un proyecto que ¨¦l equipara con la universalizaci¨®n de la sanidad. Habla tambi¨¦n de la pr¨®xima Ley de Igualdad y de la reforma laboral que se avecina, en la que pide a los agentes sociales voluntad para alcanzar un acuerdo que avance en la reducci¨®n del empleo precario, e insiste en la necesidad de ampliar la edad de jubilaci¨®n de forma voluntaria.
Pregunta. ?Cu¨¢l es el coste de su Ley de Dependencia?
Respuesta. Antes de hablar del coste, creo que lo importante es recordar a los ciudadanos que se les reconoce un nuevo derecho. En el ¨¢mbito social es la ley m¨¢s importante de esta legislatura y, en mi opini¨®n, de los pr¨®ximos a?os. El ciudadano dependiente, el que no puede valerse por s¨ª mismo, va a poder acceder al conjunto de prestaciones que garantizar¨¢ el Estado. Es un derecho igual y universal en todo el territorio. Tendr¨¢n acceso a ella los espa?oles que est¨¦n afectados de dependencia y se decidir¨¢ con un baremo estatal ¨²nico y mediante unos equipos de valoraci¨®n especializados. Es un avance muy notable, desde 1990, con el reconocimiento de las pensiones no contributivas, no se hab¨ªa producido el reconocimiento de un nuevo derecho social.
"Desde 1990, con las pensiones no contributivas, no se hab¨ªa reconocido un nuevo derecho social"
"Ahora la vasta clase media est¨¢ excluida del sistema de ayudas por dependencias"
"Si se alcanza un acuerdo social, estoy convencido de que podr¨ªamos bajar dos o tres puntos por a?o la temporalidad"
"Para 2015, cuando est¨¦ completado, el coste del sistema rondar¨¢ el 1% del PIB actual, unos 9.000 millones"
"Para que el sistema sea viable tiene que haber participaci¨®n econ¨®mica del usuario, de acuerdo con su renta"
"Nuestras medidas van orientadas a ampliar voluntariamente la edad de jubilaci¨®n. O se trabaja m¨¢s tiempo o el sistema no hay quien lo sostenga"
P. ?El PP no hizo nada?
R. Yo constato que los avances sociales se han producido en los a?os ochenta con un Gobierno progresista y ahora nuevamente. La arquitectura del sistema, adem¨¢s, se corresponde exactamente con el programa electoral.
P. Bueno, ?pero cu¨¢l ser¨¢ el coste del sistema?
R. Para 2015, cuando est¨¦ completado, rondar¨¢ el 1% del PIB actual, unos 9.000 millones de euros. Eso representa un salto impresionante. Ahora el gasto en dependencia est¨¢ en el 0,18% del PIB, menos de 2.000 millones. Para alcanzar el objetivo, el Estado y las comunidades aut¨®nomas cubrir¨¢n a medias 4.000 millones extra. El resto ser¨¢ aportado por el usuario, hablamos del 30% o el 35%.
P. ?Es necesario que pague el usuario?
R. El sistema es de todos y tambi¨¦n debe participar el usuario con sus recursos; ocurre en todos los pa¨ªses europeos avanzados. Ahora la clase media est¨¢ excluida de cualquier sistema de ayudas porque ¨²nicamente disponemos de un sistema nacional de dependencia embrionario que pr¨¢cticamente solo cubre a los que tienen menos recursos. Y queremos que nadie quede sin atender. Pero para que sea viable el sistema, es evidente que tiene que haber una participaci¨®n del usuario, de acuerdo siempre con su renta y patrimonio, y siempre que esa aportaci¨®n no suponga privaci¨®n de recursos para el resto de gastos necesarios.
P. ?Lo van a hablar con las comunidades aut¨®nomas?
R. Mucho y una a una. Adem¨¢s, antes de que el texto se convierta en proyecto de ley, habr¨¢ una conferencia sectorial. No concibo que una comunidad aut¨®noma quiera quedarse excluida, me parecer¨ªa muy grave, no atender¨ªan a sus ciudadanos.
P. ?De d¨®nde proceder¨¢ el dinero para financiar este esfuerzo?
R. Tiene que venir de la selecci¨®n de los objetivos presupuestarios. El Estado lo va a financiar a trav¨¦s de los Presupuestos Generales. A la ley le acompa?ar¨¢ una memoria econ¨®mica en la cual comprometeremos un gasto cada a?o. No hay que olvidar que el derecho es progresivo, se va desarrollando poco a poco, hasta completarlo en 2015.
P. ?Cu¨¢nto se ha resistido el vicepresidente Pedro Solbes?
R. Solbes est¨¢ totalmente de acuerdo. Su preocupaci¨®n es la evoluci¨®n del gasto, pero siempre ha comprendido la necesidad de construir este sistema social, al que nos lleva inexorablemente el envejecimiento. Su preocupaci¨®n l¨®gica es garantizar que no haya una desviaci¨®n insostenible del gasto. Es por ello que el modelo contempla el pago de una parte por los usuarios y la aportaci¨®n de todas las Administraciones P¨²blicas. Todos pensamos que esos 9.000 millones de euros son asumibles.
P. ?Incluso pagando un sueldo a los cuidadores familiares?
R. No es un sueldo, sino una ayuda. La ley regula tres posibles v¨ªas para atender a las personas que no pueden valerse por s¨ª mismas. La primera y m¨¢s importante corresponde al apartado que engloba los servicios domiciliarios, centros de d¨ªa o residencias. La segunda v¨ªa consiste en que, donde no llegue la red p¨²blica, se asigne ayuda para comprar el servicio en el mercado. Y la tercera, es la ayuda para prestar el servicio en el seno familiar. En este caso, estamos pensando en las mujeres que no desarrollan una actividad laboral por cuenta ajena porque est¨¢n cuidando a familiares. Ser¨ªa injusto que no pudieran tener ayuda. La ley establece que, en funci¨®n del grado de dependencia de su familiar, estas personas reciban una ayuda, cuya cuant¨ªa se especificar¨¢ en los decretos de desarrollo. La formaci¨®n del cuidador y el alta en la Seguridad Social tambi¨¦n se financiar¨¢ con cargo al Estado. De este modo, garantizamos la posibilidad de tener acceso a una pensi¨®n. Creo que esto es bastante justo para el cuidador, adem¨¢s de que permite a la persona dependiente mantenerse en su entorno familiar.
P. ?Cu¨¢ntos cuidadores habr¨¢?
R. Depender¨¢. Para 2015, cuando est¨¦ en pleno desarrollo la ley, podr¨ªa haber entre 300.000 y 400.000 personas que reciban ayuda por atender a sus familiares dependientes. Tambi¨¦n tendremos 275. 000 plazas de residencia (casi tres veces m¨¢s que ahora) y 104.000 plazas en centros de d¨ªa (ahora pr¨¢cticamente no hay). El modelo de cuidador ser¨¢ al principio m¨¢s com¨²n y en el futuro menos. Con el tiempo se ir¨¢ hacia una profesionalizaci¨®n del sistema.
P. ?C¨®mo se contabilizan los cuidadores a efectos de poblaci¨®n activa?
R. Se cuantificar¨¢n como ocupados.
P. Eso reduce el paro.
R. Bueno, lo que hace es aumentar la ocupaci¨®n. En t¨¦rminos de PIB, este trabajo debe estar reconocido e incorporarse a los par¨¢metros de medici¨®n. La familia ha sustituido durante siglos a las instituciones p¨²blicas en esa tarea, eso es lo que queremos cambiar. Todos los estudios apuntan a que es una inversi¨®n productiva, que genera empleo y mejora la productividad y la tasa de crecimiento. En consecuencia, esta inversi¨®n tiene una tasa de retorno importante: por cada euro que inviertes puedes recuperar entre 0,3 y 0,7 euros.
P. ?Van a poder beneficiarse los residentes extranjeros?
R. No, s¨®lo est¨¢ dirigido a los ciudadanos espa?oles, y en el caso de los comunitarios, ¨²nicamente si hay un convenio por el que su pa¨ªs abone el servicio. Nosotros pedimos a los espa?oles que paguen, es l¨®gico que lo hagamos con los comunitarios y m¨¢s a¨²n cuando no han contribuido en Espa?a. Y respecto a los inmigrantes, se proceder¨¢ de acuerdo con la legislaci¨®n de extranjer¨ªa: si llevan aqu¨ª un tiempo trabajando pagando impuestos y aportando sus cotizaciones a la Seguridad Social, lo l¨®gico es que puedan disfrutar ese derecho.
P. ?No teme la protesta por el hecho de que los inmigrantes sin papeles se queden sin una prestaci¨®n que en principio se presenta como universal?
R. Como universal, pero sometida a los requisitos indicados, como ser espa?ol o estar legalmente en Espa?a. No tengo ning¨²n temor. Si est¨¢n legalizados, contribuyen al sistema y llevan un tiempo de residencia en Espa?a (que ya fijaremos) tendr¨¢n derecho. Pero si una persona est¨¢ irregularmente, no. Y los ciudadanos europeos s¨®lo podr¨¢n acceder si hay un convenio con su pa¨ªs. El hecho de que exista un derecho universal no quiere decir que sea exigible en cualquier momento y condici¨®n.
P. ?Tiene pactada la ley?
R. IU y ERC comparten plenamente la filosof¨ªa y le han dado un contenido progresista. Este es un gran proyecto de las izquierdas, pero para todo el pa¨ªs. Queremos que se incorporen todos. Hay otros partidos dispuestos a sumarse. Y no descarto que el PP se incorpore. Si alguien quiere quedarse fuera tendr¨¢ que explicarlo, nosotros ofrecemos el consenso, lo hemos logrado en la discapacidad, con los agentes sociales y con la gran mayor¨ªa de los grupos parlamentarios.
P. 2006 va a ser el a?o de una nueva reforma laboral. ?C¨®mo se presenta?
R. M¨¢s que laboral va a ser social, porque, adem¨¢s de ser el a?o en que se apruebe la Ley de Dependencia, se aprobar¨¢ la Ley de Igualdad, que presentaremos antes de que acabe el primer trimestre y que es muy importante para estimular la igualdad en el empleo entre hombre y mujer y reconocer¨¢ el permiso de paternidad. Espero tambi¨¦n que, en todo lo que tiene que ver con la protecci¨®n, relacionado con el sistema de Seguridad Social, se alcancen acuerdos pronto. Luego, es verdad, est¨¢ toda la reforma laboral. Las posiciones de los agentes sociales en este asunto son m¨¢s distantes, pero creo que la responsabilidad nos exige arremangarnos y transitar por la senda del acuerdo. No va a ser un acuerdito. Hablamos de acuerdos graduales, como siempre, pero con contenido, que permitan combatir la precariedad, que es el uso abusivo e inadecuado de la contrataci¨®n temporal, en las que, por cierto, aprecio una nueva cultura en el empresariado espa?ol. En estos momentos, considera que la precariedad tiene costes negativos para la productividad de las empresas. Y creo que realmente hay un verdadero deseo para encontrar f¨®rmulas que atajen ese uso inadecuado y, por tanto, permitan recomponer la situaci¨®n del mercado laboral.
P. ?Y esas diferencias?
R. Es verdad que las posiciones son distintas, pero si tenemos una base com¨²n, un diagn¨®stico compartido (el convencimiento de que la existencia de cinco millones y pico de contratos temporales no es positiva para la econom¨ªa, de que no hay formaci¨®n y que hay m¨¢s siniestralidad) tenemos que llegar a una soluci¨®n. Y no pasa por otro camino que el de potenciar la conversi¨®n de esos empleos en estables, aunque sean distintas.
P. ?Por ejemplo?
R. La extensi¨®n del contrato de fomento del empleo de 1997, que se puede aplicar a todas las mujeres espa?olas, pero no a todos los hombres. Sobre este tipo de contrato, no se puede decir que se est¨¢ rebajando la cotizaci¨®n social. Entonces, ?por qu¨¦ se lo aplicamos a todas las mujeres? ?Por qu¨¦ no utilizar esas figuras contractuales de forma m¨¢s extensa el contrato alternativo? Fomentar ese contrato, con indemnizaci¨®n de 33 d¨ªas por a?o trabajado por despido, supone favorecer que varios millones de contratos que hoy no tienen protecci¨®n jurisdiccional puedan elevarlo cuantitativamente.
P. Hay reticencias.
R. Los sindicatos pretenden velar por las mayores garant¨ªas para el trabajador y no quieren que haya medidas que perjudiquen a trabajadores con contrato indefinido. Ese es el punto del debate. Creo sinceramente que en tres o cuatro meses, alcancemos un acuerdo.
P. ?Va aceptar la patronal?
R. La patronal quiere un periodo transitorio de cuatro a?os para avanzar hacia los 33 d¨ªas de indemnizaci¨®n para todos los contratos. Pero, en todo caso, que se sepa que el Gobierno est¨¢ dispuesto a poner fin a ese abuso. Los j¨®venes nos exigen que arriesguemos y estamos dispuestos a ello.
P. ?A qu¨¦ riesgos se refiere?
R. A incorporar una nueva cultura. A apostar por el futuro. No podemos utilizar instrumentos de hace 25 a?os. Lo que importa es que haya un horizonte de estabilidad, sin minorar los derechos de nadie. La propuesta del Gobierno es superequilibrada, no deteriora los derechos adquiridos y aumenta los de los trabajadores precarios. Es decir, que una subcontrata no debe usar el contrato de servicios siempre que tenga una actividad estable. Eso lo acepta la patronal.
P. Dijo al principio de su mandato que conseguir un 25% de contratos temporales ser¨ªa un ¨¦xito, pero desde entonces ha subido un punto, al 32%.
R. Ha sido por la inmigraci¨®n. Seg¨²n una encuesta de coyuntura laboral, en el ¨²ltimo a?o hemos creado 400.000 empleos estables.Con las medidas y si se alcanza el acuerdo social, estoy convencido de que podr¨ªamos bajar dos o tres puntos por a?o la temporalidad. ?Por qu¨¦ se mantienen esas tasas?, pues porque ha aflorado y ha crecido la ocupaci¨®n, estamos hablando de un mill¨®n de ocupados m¨¢s al a?o. En t¨¦rminos absolutos, se est¨¢n consiguiendo unos resultados extraordinarios. En 1997 hab¨ªa casi 11 millones de contratos estables, ahora hay 15. Pero la ocupaci¨®n ha pasado de 15 a 20 millones. La tasa se resiste a bajar porque hemos creado mucho empleo.
P. Hablaba usted antes de mejorar las pensiones.
R. El Gobierno ya ha hecho una propuesta que est¨¢ siendo discutida por los agentes sociales. Parte de la necesidad de mejorar las pensiones m¨¢s bajas y estimular la presencia de la gente en el trabajo. Estimular no obligar, quiero que quede muy claro. Si alguien se queda en el puesto de trabajo, cada a?o que pase mejorar¨¢ un 2% su pensi¨®n. En cualquier caso, debe pasar por el Pacto de Toledo. Lo que hay que hacer es que la gente reciba en funci¨®n de lo que cotiza. Nuestras medidas van orientadas a eso, a ampliar voluntariamente el tiempo de trabajo, no vamos a plantear subir la edad oficial de jubilaci¨®n, y a ir exigiendo a determinados sectores que cotizan poco a que coticen con mejores bases y m¨¢s tiempo, como ocurre con los aut¨®nomos. Ser¨ªamos unos irresponsables si no hici¨¦semos esa propuesta porque dentro de 15 a?os habr¨¢ envejecido la poblaci¨®n. O se trabaja m¨¢s tiempo o el sistema no hay quien lo sostenga.
P. ?Van a bajar las cotizaciones de las empresas?
R. No. Pero, si hay acuerdo a la hora de primar el empleo estable, puede haber una peque?a rebaja de cotizaci¨®n de empleo indefinido no temporal. Eso al final es una ayuda para el trabajador, no s¨®lo a la empresa. Ser¨ªa modesta, medio punto en dos a?os e ir¨ªa s¨®lo dirigida al empleo estable.
P. ?C¨®mo va a acabar el paro este a?o?
R. No descarto que acabemos muy cerquita del 8%, o por abajo.
P. ?Y el Fondo de la Seguridad Social?
R. Con un super¨¢vit de 10.000 millones.Jes¨²s Caldera / Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Archivado En
- VIII Legislatura Espa?a
- Sistema Nacional Dependencia
- Jes¨²s Caldera
- Declaraciones prensa
- Grupos sociales
- Ministerios
- PSOE
- Actividad legislativa
- Legislaturas pol¨ªticas
- Gente
- Gobierno
- Parlamento
- Partidos pol¨ªticos
- Pol¨ªtica
- Legislaci¨®n
- Justicia
- Tercera edad
- Servicios sociales
- Pol¨ªtica social
- Administraci¨®n Estado
- Administraci¨®n p¨²blica
- Sociedad
- Imserso
- Ministerio de Trabajo y Econom¨ªa Social