El Gobierno advierte de que no hay agua para 450.000 viviendas previstas en el Mediterr¨¢neo

Las confederaciones hidrogr¨¢ficas del Segura y del J¨²car mantienen que no existen garant¨ªas de suministro de agua para cerca de 450.000 nuevas viviendas proyectadas en medio centenar de planes urban¨ªsticos que se tramitan en municipios de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almer¨ªa, seg¨²n los informes que han elaborado desde abril, cuando una modificaci¨®n legal oblig¨® a hacer este tipo de estudios, preceptivos aunque no vinculantes. Los problemas de suministro de agua en esta amplia zona del arco mediterr¨¢neo est¨¢n siendo afrontados por el Ministerio de Medio Ambiente mediante la construcci¨®n a contrarreloj de las desalinizadoras necesarias para asegurar el abastecimiento.

Las confederaciones hidrogr¨¢ficas del Segura y del J¨²car han firmado resoluciones desfavorables sobre la disponibilidad y la existencia de los recursos h¨ªdricos necesarios para el abastecimiento de cerca de 450.000 viviendas previstas en cerca de 50 municipios de las provincias de Castell¨®n, Valencia y Alicante, Murcia y Almer¨ªa, seg¨²n se desprende de los informes realizados tras la modificaci¨®n de la Ley de Aguas, a los que ha tenido acceso EL PA?S.

Las confederaciones hidrogr¨¢ficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Cristina Narbona, son las encargadas de la gesti¨®n del agua en esas zonas del arco mediterr¨¢neo en las que est¨¢ comprometida una importante expansi¨®n urban¨ªstica en los pr¨®ximos a?os.

Precisamente los informes negativos de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ), que son preceptivos desde el pasado mes de abril, fecha en la que se modific¨® un art¨ªculo de la Ley de Aguas que obliga a las confederaciones hidrogr¨¢ficas a realizar un an¨¢lisis que, aunque no es vinculante, debe definir si las cuencas disponen de recursos suficientes, han servido de base para que la eurodiputada Janelly Fourtou solicitara una moratoria al Parlamento Europeo, que aprob¨® por mayor¨ªa absoluta esta petici¨®n.

En el texto, esta instituci¨®n comunitaria, despu¨¦s de constatar que "la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car ha elevado varias objeciones contra al menos 30 nuevas urbanizaciones en la Comunidad Valenciana y que la Comisi¨®n Europea ha comunicado al Gobierno espa?ol que existe una puesta en marcha inadecuada de la directiva marco del agua", mantiene que "ciertos planes urban¨ªsticos parecen tener un desastroso impacto sobre el medio ambiente y la ecolog¨ªa de numerosas zonas costeras, y m¨¢s particularmente sobre las condiciones futuras de abastecimiento de agua, un hecho que preocupa a la Uni¨®n Europea", indica el informe aprobado por el Parlamento.

El comisario de Aguas de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer, mantiene que la Generalitat Valenciana "incumple la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio auton¨®mica al recalificar terrenos sin garantizar que hay agua suficiente, algo que pasa de forma sistem¨¢tica en la provincia de Alicante desde hace m¨¢s de una d¨¦cada".

Asimismo, Aldeguer llama la atenci¨®n sobre la posible incompatibilidad en su cuenca, la del Segura, entre el abastecimiento a las nuevas urbanizaciones y a los terrenos agr¨ªcolas, "puesto que en estos momentos el regad¨ªo tradicional no dispone m¨¢s que de 17 hect¨®metros c¨²bicos de agua, mientras que en la misma fecha del a?o anterior ten¨ªa seis veces m¨¢s", argumenta Aldeguer, ex alcalde de Guardamar del Segura, quien dice que no hay recursos suficientes para los nuevos desarrollos urban¨ªsticos previstos en Alicante.

El titular de la Comisar¨ªa de Aguas del J¨²car, Manuel Alcalde, hace hincapi¨¦ en la diferencia entre disponibilidad y existencia de agua. Mientras la existencia es el principal problema de la cuenca del Segura, ya que no hay agua para el abastecimiento, en la del J¨²car puede haber recursos que no est¨¦n disponibles por el d¨¦ficit de infraestructuras, o que simplemente se necesiten para otros usos. Por eso se explica que en total haya tenido que firmar casi una treintena de informes desfavorables sobre la existencia o disponibilidad de agua, tal y como obliga la normativa valenciana, que es mucho m¨¢s exigente que la Ley de Aguas nacional.