?Es la Constituci¨®n, est¨²pido!

La decisi¨®n de George W. Bush de autorizar a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), dependiente del Pent¨¢gono, las escuchas de las comunicaciones internacionales de ciudadanos estadounidenses sin mandamiento judicial y sin autorizaci¨®n previa del Congreso no s¨®lo constituye un atentado contra la divisi¨®n de poderes tradicional de la Rep¨²blica, sino que puede desembocar en una grave crisis constitucional, agravada por la cercan¨ªa de las elecciones legislativas del pr¨®ximo noviembre. Unas elecciones, en las que congresistas y senadores tratar¨¢n de marcar distancias con la Casa Blanca, si ¨¦sta persiste en su empe?o de recortar las libertades civiles con la excusa de proteger la seguridad nacional en "la guerra contra el terror". Alentada principalmente por el vicepresidente Dick Cheney, la controvertida medida forma parte de una campa?a orquestada por la actual Administraci¨®n desde su llegada al poder en enero de 2001 con el claro objetivo de robustecer la autoridad del ejecutivo, en detrimento de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Se trata de establecer lo que The New York Times calificaba recientemente en un editorial de "La Presidencial imperial de Dick Cheney", una idea que choca frontalmente con los principios que inspiraron a los Padres Fundadores y que constituyen la base sobre la que descansa el sistema pol¨ªtico de controles y equilibrios, plasmado en la bicentenaria Constituci¨®n estadounidense.

La protecci¨®n de la privacidad de los ciudadanos est¨¢ garantizada nada menos que desde el 15 de diciembre de 1791, cuando se incorporan a la Carta Magna de cuatro a?os antes las 10 primeras enmiendas constitucionales conocidas como Bill of Rights (Ley de derechos). En efecto, la IV Enmienda, -amendment en el sentido anglosaj¨®n de "mejorar un texto", no en el espa?ol de "corregir"-, dice taxativamente: "El derecho del pueblo a la seguridad en sus personas, casas, documentos y efectos no ser¨¢ violado". Y a?ade que, para cualquier registro, ser¨¢ necesario un mandamiento judicial.

La Administraci¨®n ha invocado en su defensa los poderes que le concede la Foreign Intelligence Surveillance Act, una ley de 1978, aprobada en plena Guerra Fr¨ªa durante la presidencia de Jimmy Carter. Pero, esa ley obliga al ejecutivo a buscar la aprobaci¨®n del Congreso y la de los tribunales para ordenar escuchas telef¨®nicas, algo que en este caso no ha hecho el d¨²o Bush-Cheney, a pesar de que existe un tribunal secreto, compuesto por magistrados federales, con la ¨²nica finalidad de autorizar las escuchas y que, en una emergencia, permite al ejecutivo ordenarlas, siempre que se informe a la corte en un plazo m¨¢ximo de 72 horas. La obsesi¨®n de Cheney por reforzar los poderes de la presidencia, inoculada a Bush poco despu¨¦s del 11-S, no es nueva. Desde sus tiempos de jefe del Gabinete del presidente Gerald Ford y como congresista por su estado natal de Wyoming, el actual vicepresidente siempre ha mantenido que, a lo largo de los a?os, los poderes legislativo y judicial han erosionado "la prerrogativa presidencial", en contra, seg¨²n su teor¨ªa, de la concepci¨®n presidencialista de la Rep¨²blica pensada por los Padres Fundadores y, en especial, por Alexander Hamilton. Afortunadamente, EE UU sigue siendo, en palabras de Condoleezza Rice en su reciente gira por Europa, "un pa¨ªs de leyes". Y as¨ª lo siguen entendiendo el Congreso y los tribunales. La aprobaci¨®n por el Congreso de una ley contra la tortura y los tratos humillantes a los sospechosos de terrorismo, en contra de los deseos del ejecutivo; la negativa del legislativo a convertir en permanente los aspectos m¨¢s controvertidos de la Patriot Act, como pretend¨ªa la Casa Blanca, y la dimisi¨®n de un magistrado del tribunal federal de escuchas as¨ª lo demuestran. Con su actitud, Bush y Cheney parecen ignorar el recelo innato, producto de la historia, que los estadounidenses sienten hacia cualquier intromisi¨®n gubernamental en sus vidas. Un recelo que se traduce en la existencia de la sociedad civil m¨¢s cohesionada y poderosa del mundo. Un recordatorio. Cuando en 1942, en plena II Guerra Mundial, se pretendi¨® crear la primera agencia de espionaje del pa¨ªs, la OSS (Office of Strategic Services), el Congreso rechaz¨® que estableciera su sede en territorio estadounidense. Consecuentemente, la OSS tuvo que operar ?desde Ginebra! Tuvieron que pasar seis a?os para que, como consecuencia del creciente enfrentamiento entre Washington y Mosc¨², el presidente Harry S. Truman arrancara la aprobaci¨®n del Congreso para que la actual CIA pudiera operar desde EE UU.