Crecen las quejas sobre el uso de las lenguas en Catalu?a

Julio de 2005. El departamento de Comercio de la Generalitat convoca un concurso para subvencionar organizaciones de consumidores y condiciona el derecho a percibirlas al uso en exclusiva del catal¨¢n.

Noviembre de 2005. Una magistrada de la Audiencia de Tarragona impide al jurado firmar en catal¨¢n, adem¨¢s de castellano, un veredicto.

Estos dos episodios son una muestra de que las Administraciones en Catalu?a no cumplen permanentemente con su obligaci¨®n de respetar la opci¨®n ling¨¹¨ªstica del ciudadano en una de las dos lenguas oficiales. Mientras en la calle se vive el biling¨¹ismo sin tensi¨®n, las actitudes de las Administraciones p¨²blicas son causa de denuncias concretas. La gravedad de las mismas, sin embargo, se eval¨²a de muy distinta manera seg¨²n se sea el receptor o el impulsor de las mismas. En las oficinas del S¨ªndic de Greuges (defensor del pueblo catal¨¢n) se recibieron, en 2004, 5.277 quejas, de las que 36 versaban sobre casos de discriminaci¨®n del catal¨¢n y otras siete, sobre episodios de marginaci¨®n del castellano. En el informe del Defensor del Pueblo espa?ol de 2004 se describen dos casos de discriminaci¨®n administrativa del castellano en Catalu?a. En 2005, se ha producido un aumento exponencial de las denuncias ante el Defensor contra la discriminaci¨®n del castellano por parte de la Administraci¨®n catalana. Han llegado a contabilizar 1.800, entre individuales y promovidas por colectivos como la Asociaci¨®n por la Tolerancia, centradas en la existencia de las oficinas de garant¨ªas ling¨¹¨ªsticas abiertas por la Generalitat. En estas oficinas, el ciudadano puede comunicar quejas, consultas o denuncias sobre impedimentos "al derecho de vivir en catal¨¢n" por parte de Administraciones p¨²blicas o empresas. La Asociaci¨®n por la Tolerancia las ha denunciado porque son, a su entender, instrumentos de delaci¨®n. Estas oficinas han tramitado 531 (98,8% de las recibidas) denuncias de usuarios contra el sector privado. Estas mismas oficinas tambi¨¦n registran 357 (52,73%) quejas sobre conductas que impiden el empleo del catal¨¢n en el sector privado.

En el ¨¢mbito de la justicia es en el que resulta m¨¢s dif¨ªcil el empleo del catal¨¢n

El Defensor del Pueblo recibe 1.800 denuncias contra las oficinas de garant¨ªas ling¨¹¨ªsticas

Pero en este cap¨ªtulo figuran llamativamente 130 (19,20%) contra la propia Generalitat por marginaci¨®n del catal¨¢n. Un 9,9% afectan a la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado y un 5,32% van dirigidas contra alguna oficina municipal. Contra la Administraci¨®n de justicia apenas se han recibido siete. Miquel Pueyo, responsable de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de la Generalitat, atribuye el predominio de quejas contra la Generalitat o municipios sobre la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado "a que el ciudadano las siente m¨¢s pr¨®ximas y suyas y es m¨¢s exigente a la hora de reclamar sus derechos. La mayor¨ªa de casos se debe a la ausencia de formularios en catal¨¢n o a la dificultad para hacer un tr¨¢mite en esta lengua". Pueyo considera que se ha explicado o entendido mal el papel de estas oficinas. "No tienen una polic¨ªa ling¨¹¨ªstica. Recogen quejas de los ciudadanos y las tramitan a Comercio, que en sus tareas habituales de inspecci¨®n general incluye el cumplimento de la normativa ling¨¹¨ªstica. Las sanciones estaban previstas en la ley que aprob¨® el Gobierno de CiU en el 98 y daba un periodo de adaptaci¨®n de entre dos y cinco a?os. El Gobierno actual no ha tocado la ley, se limita a aplicarla, cosa que no hizo CiU". Pueyo rechaza que haya denuncias an¨®nimas. "Todos los denunciantes est¨¢n identificados. Lo que no hacemos, respetando la ley de protecci¨®n de datos, es suministrarlos a terceros".

La Asociaci¨®n por la Tolerancia remiti¨® una carta al presidente Pasqual Maragall en febrero en la que denunciaba que "la lengua catalana -el ADN del pueblo catal¨¢n seg¨²n sus declaraciones- se est¨¢ convirtiendo en el elemento nuclear de su pol¨ªtica. (...) Es la cara catalanista impregnada de pol¨ªtica excluyente y agria la que preside sus actuaciones", que las calificaba de "totalitarias, en cuanto que ignoran la realidad social de Catalu?a". Para Jos¨¦ Domingo, vicepresidente de la asociaci¨®n, la pol¨ªtica deber¨ªa respetar que Catalu?a es una sociedad biling¨¹e; por tanto, deber¨ªan serlo tambi¨¦n sus instituciones, y permitir la libre opci¨®n ling¨¹¨ªstica del ciudadano.

El actual Estatuto consagra que el catal¨¢n y el castellano, como lenguas oficiales, "pueden ser empleadas indistintamente por los ciudadanos". El propio texto da un rango a?adido al catal¨¢n. Es la "lengua propia" de Catalu?a y de ello se deriva que es la lengua de todas las instituciones de Catalu?a y la preferente en la Administraci¨®n del Estado en Catalu?a y de las "empresas y entidades que ofrecen servicios al p¨²blico". El concepto de "lengua propia" no es exclusivo de Catalu?a. Tambi¨¦n se emplea en el Pa¨ªs Vasco, Galicia, Baleares y en el proyecto estatutario de la Comunidad Valenciana.

La Administraci¨®n catalana trabaja habitualmente en catal¨¢n, al amparo de un concepto como el de "lengua propia" y, afirma Domingo, se olvida del concepto constitucional de lengua oficial. Ello supone, a juicio de Domingo, que el empleo del castellano s¨®lo sea posible por la petici¨®n expresa del Administrado (principio de rogaci¨®n). El informe del Defensor del Pueblo de 2004 relata una denuncia contra el servicio de salud seg¨²n la cual en un acto m¨¦dico de seguimiento continuado, el paciente deb¨ªa solicitar en cada ocasi¨®n la documentaci¨®n en castellano. Domingo considera que esta exigencia de petici¨®n reiterada pretende que el ciudadano desista de ejercer la opci¨®n por el castellano. "En muchos casos el formulario castellano no est¨¢ informatizado y si lo est¨¢ no se facilita", comenta. Para Domingo, la soluci¨®n existe en otros pa¨ªses: si un ciudadano pide una relaci¨®n administrativa en una determinada lengua, esta petici¨®n sirve para todos los actos posteriores.

Pueyo, que desconoc¨ªa el caso, lo considera un error porque habr¨ªa sido l¨®gica una atenci¨®n continuada en castellano. En sentido contrario tambi¨¦n se producen quejas porque la posolog¨ªa redactada por el m¨¦dico no pueda estar en catal¨¢n porque el facultativo desconoce el idioma. Mientras tres cuartas partes de los impresos usados en la sanidad p¨²blica son en catal¨¢n, el porcentaje de los que son rellenados en este idioma baja al 23%.

Aunque Catalu?a es biling¨¹e y un 94% de la poblaci¨®n entiende ambos idiomas, el uso monoling¨¹e est¨¢ instalado mayoritariamente entre parte de la poblaci¨®n castellanohablante. Un 50,1% tiene el catal¨¢n como lengua habitual y un 44,1% tiene el castellano. Un 4,7%, las dos.

El proyecto de Estatuto contempla el deber de los ciudadanos de Catalu?a de conocer el catal¨¢n. Para Domingo, ello puede conducir a problemas porque la ciudadan¨ªa la da el empadronamiento y no est¨¢ claro, en el caso de la inmigraci¨®n, cu¨¢ndo se exigir¨¢ este deber tras adquirir la ciudadan¨ªa y lo que puede suponer no conocerlo. Domingo critica tambi¨¦n el deber constitucional de todos los espa?oles de conocer el castellano. Para Pueyo, la dial¨¦ctica entre derecho individual y territorial en el tema de la lengua est¨¢ sin resolver en la teor¨ªa jur¨ªdica europea, salvo en algunos pa¨ªses. La lengua, sostiene, es un derecho personal, pero el criterio de personalidad no se puede sostener plenamente porque entonces se deber¨ªa defender que un catal¨¢n pudiera dirigirse a un ayuntamiento sevillano en catal¨¢n. "Es un modelo insostenible". "La alternativa es un modelo territorial atenuado -porque Catalu?a ha de reconocer el castellano- y asim¨¦trico, porque el Estado es monoling¨¹e. En Suiza, el Estado es pluriling¨¹e y cada territorio tiene como oficial su propio idioma". Durante el debate del proyecto de reforma del Estatuto, el PP critic¨® severamente que se confundiera territorio y ciudadanos y los deberes en el ¨¢mbito privado. Sin embargo, sus ponentes vieron en el nuevo redactado un refuerzo en la protecci¨®n del uso del castellano ante la Administraci¨®n al comprometerla a respetar el uso de las lenguas cooficiales.

Una de las quejas m¨¢s frecuentes sobre la dificultad de emplear el catal¨¢n ante las instituciones, adem¨¢s de Justicia, hace referencia al aparato policial. Hace unos meses hubo una reuni¨®n entre la Generalitat y la Delegaci¨®n del Gobierno. El origen del problema, al margen de la actitud personal de alg¨²n agente, es que el despliegue de los mossos ha hecho de Catalu?a un destino provisional. Cuando se estabilicen las plantillas, el Gobierno est¨¢ convencido de que descender¨¢ la cifra de este tipo de episodios. Los mossos tambi¨¦n han sido protagonistas de casos. A la Generalitat lleg¨® la queja de un conductor que, seg¨²n ¨¦l, tuvo que sufrir la burla de unos agentes por exigir denuncia en catal¨¢n.

Rafael Rib¨®, S¨ªndic de Greuges, considera que el ¨²nico ¨¢mbito donde los obst¨¢culos para usar el catal¨¢n son un problema estructural es el de la justicia. "El resto son episodios que no tienen suficiente entidad para romper las pautas de comportamiento social". Para Rib¨®, que las quejas por asuntos ling¨¹¨ªsticos apenas lleguen al 1% es un s¨ªntoma de que en Catalu?a no se vive ning¨²n conflicto profundo por este tema. La ley de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica vigente no fue votada ni por el PP ni por ERC, por motivos distintos, pero no fue recurrida por ning¨²n partido. Los tribunales han avalado el marco legislativo que rige la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica. Pero conductas concretas han sido penalizadas.El Tribunal Superior de Catalu?a conden¨® al Ayuntamiento de Olot por exigir el catal¨¢n a un funcionario alba?il. En diciembre de 2005, este tribunal sentenci¨® contra Educaci¨®n porque no incluye en los formularios de matriculaci¨®n una casilla preguntando por el idioma familiar. Educaci¨®n ha recurrido la sentencia alegando que la casilla no es necesaria para dar atenci¨®n ling¨¹¨ªstica a quien lo solicite. Para la Asociaci¨®n por la Tolerancia, la Administraci¨®n dificulta el tr¨¢mite de petici¨®n en un ¨¢mbito donde el catal¨¢n es lengua vehicular.

La misma entidad tiene recurrida una orden de subvenci¨®n a las asociaciones de padres que organizan el servicio de acogida matinal en las escuelas p¨²blicas y que las condiciona a que en las actividades que se organicen antes del horario escolar se use el catal¨¢n. Tambi¨¦n ha recurrido la normativa que impone cuotas ling¨¹¨ªsticas en los medios de comunicaci¨®n y el decreto sobre porteros de discoteca, para cuya acreditaci¨®n se exige conocimientos b¨¢sicos del catal¨¢n. El argumento central es que la Administraci¨®n se inmiscuye en el ¨¢mbito privado. Un informe del Consejo de Europa de 1999 criticaba situaciones de discriminaci¨®n del castellano en la ense?anza en Catalu?a. El a?o pasado, otro informe del Consejo de Europa elogiaba la pol¨ªtica de inmersi¨®n y criticaba episodios de marginaci¨®n del catal¨¢n en la Justicia. En cualquier caso, la globalizaci¨®n presenta nuevos retos. En Barcelona se hablan m¨¢s de 200 lenguas y a las escuelas llegan alumnos a mitad de curso sin saber ni catal¨¢n ni castellano.