D¨¦cimo fallo en un a?o contra la Subdelegaci¨®n de Guip¨²zcoa por su pol¨ªtica de extranjer¨ªa

En poco m¨¢s de un a?o, la Justicia ha fallado al menos diez veces contra decisiones tomadas por la Subdelegaci¨®n del Gobierno central en Guip¨²zcoa en materia de extranjer¨ªa. La ¨²ltima sentencia acaba de ser dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 2 de San Sebasti¨¢n, que ha concedido el permiso de residencia y trabajo a una ciudadana colombiana afincada en la localidad fronteriza de Ir¨²n, cuya solicitud de regularizaci¨®n rechaz¨® la Subdelegaci¨®n alegando que el documento de empadronamiento por omisi¨®n que present¨® no era v¨¢lido.

El ¨²ltimo proceso de regularizaci¨®n de extranjeros comenz¨® el 7 de febrero de 2005 y concluy¨® tres meses despu¨¦s. Siguiendo las indicaciones del Ejecutivo central, la empleadora de la ciudadana colombiana Sandra Patricia V. R. solicit¨® ante la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Guip¨²zcoa el permiso de residencia y trabajo para esta inmigrante. Para ello adjunt¨®, entre otra documentaci¨®n, el pasaporte de la mujer, el contrato de trabajo, los certificados de ausencia de antecedentes penales tanto en Colombia como en Espa?a y el documento de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Ir¨²n.

Uno de los requisitos para acogerse a la normalizaci¨®n era que el trabajador inmigrante estuviese empadronado en Espa?a con al menos seis meses de antelaci¨®n al 7 de febrero de 2005 o, lo que es lo mismo, antes del 8 de agosto de 2004. Pues bien, V. R. fue uno de los muchos extranjeros que gestion¨® su empadronamiento por omisi¨®n, en este caso en el consistorio irundarra. La mujer present¨® un certificado del Servicio Vasco de Salud, Osakide-tza, en el que consta que recibi¨® atenci¨®n m¨¦dica el 3 de agosto de 2004, seg¨²n detalla la resoluci¨®n judicial. Demostr¨® as¨ª que se encontraba en Espa?a antes del citado 8 de agosto.

A la vista de este documento -uno de los contemplados por el Gobierno para otorgar el empadronamiento por omisi¨®n, como recuerda la sentencia-, el Ayuntamiento de Ir¨²n expidi¨® a la inmigrante un certificado de empadronamiento por omisi¨®n con fecha de inscripci¨®n 18 de febrero de 2005. Pero, adem¨¢s, otorg¨® a este documento "eficacia retroactiva" desde el 3 de agosto de 2004.

La empleadora de V. R. present¨® este empadronamiento, pese a lo cual la Subdelegaci¨®n deneg¨® el permiso de residencia y trabajo a la inmigrante, al entender que dicho documento "no acreditaba" que estuviese empadronada en Espa?a antes del 8 de agosto de 2004. V. R. present¨® un recurso de reposici¨®n ante la propia Subdelegaci¨®n, que lo desestim¨®. La ciudadana colombiana recurri¨® entonces a la justicia ordinaria, que ahora le da la raz¨®n.

Certificado

El Juzgado de lo Contencioso n¨²mero 2 de San Sebasti¨¢n subraya que la Administraci¨®n considera "absolutamente relevante el certificado padronal", por lo que estima el recurso de V. R., ya que en su expediente de regularizaci¨®n consta ese certificado en los t¨¦rminos expuestos. El juez ordena, por tanto, a la Subdelegaci¨®n que d¨¦ a la mujer el permiso de residencia y trabajo. La sentencia es recurrible en el mismo juzgado.

Este fallo es similar a otros dos emitidos el pasado mes de diciembre y se suma a una serie de resoluciones judiciales dictadas a lo largo del ¨²ltimo a?o en Guip¨²zcoa contra la Subdelegaci¨®n que, en gran parte, est¨¢n consideradas como pioneras en materia de extranjer¨ªa, seg¨²n apunta el responsable del Turno de Extranjer¨ªa del Colegio de Abogados de esta provincia, I?aki Almandoz. La Subdelegaci¨®n declin¨® ayer hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre este asunto.

En diciembre de 2004, un juzgado declar¨® "contraria a derecho constitucional" la actuaci¨®n de la Subdelegaci¨®n por no haber facilitado asistencia letrada a cuatro polizones marroqu¨ªes que llegaron en un barco al puerto de Pasajes.

Luego han ido llegando otras resoluciones. Un auto judicial orden¨® el retorno a cargo del Estado de la ciudadana boliviana Gabriela Erika Queteguari, a fin de evitar que perdiera la oportunidad de acogerse al proceso de regularizaci¨®n. La mujer hab¨ªa sido repatriada sin comunicaci¨®n previa a su abogado. Posteriormente, el juzgado anul¨® su expulsi¨®n.

Un juzgado donostiarra se convirti¨® en el primero en admitir como v¨¢lidos documentos distintos al padr¨®n para demostrar la estancia en el pa¨ªs. Una juez reconoci¨® que casi un centenar de paquistan¨ªes devueltos a Francia deber¨ªan haber contado con asistencia letrada. Y la Audiencia guipuzcoana orden¨® el retorno, a costa del erario p¨²blico, de un ciudadano marroqu¨ª que, estando encarcelado, fue expulsado sin ajustarse a la legalidad, ya que la sentencia de un juzgado de lo Penal no recog¨ªa la sustituci¨®n de la prisi¨®n por la expulsi¨®n.