La ley m¨¢s ambiciosa

La memoria econ¨®mica, conocida ayer, del anteproyecto de la Ley de Dependencia, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre, y las precisiones ofrecidas estos d¨ªas por el ministro Jes¨²s Caldera parecen avalar esa iniciativa legislativa, llamada a tener una fuerte incidencia en la vida cotidiana de muchos espa?oles: en la de los cientos de miles de beneficiarios directos, especialmente ancianos y sus familias, pero tambi¨¦n en la de los miles de personas que encontrar¨¢n trabajo en los nuevos servicios de asistencia.

El Sistema Nacional de Autonom¨ªa Personal que desarrollar¨¢ la ley a partir de 2007 (y que no estar¨¢ plenamente desplegado hasta 2015) garantizar¨¢ una docena de servicios (residencias, asistencia domiciliaria, ayudas diversas) destinados a mejorar la calidad de vida del mill¨®n largo de personas que no pueden valerse por s¨ª mismas. Se ha optado por un sistema mixto de financiaci¨®n. Los usuarios contribuir¨¢n en una medida proporcional a sus ingresos y patrimonio, y el resto lo pagar¨¢n a partes iguales el Estado y las comunidades aut¨®nomas, lo que requerir¨¢ un acuerdo pol¨ªtico. Este modelo, similar al vigente en los pa¨ªses n¨®rdicos, busca un equilibrio entre la universalizaci¨®n del sistema y su viabilidad, dado su alto coste: de unos 5.000 euros por persona y a?o cuando est¨¦ plenamente desarrollado.

Una parte del desembolso se recuperar¨¢ en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social si se verifican las previsiones de creaci¨®n de m¨¢s de 20.000 empleos anuales en el sector asistencial. A mediados de la d¨¦cada pasada, cuando se estudiaban en Francia mecanismos para estimular el empleo juvenil, se tom¨® conciencia de la existencia de un vac¨ªo en el mercado de trabajo relacionado con ese tipo de asistencia personal. Desde entonces es una preocupaci¨®n en los pa¨ªses m¨¢s desarrollados, entre otras cosas porque la mayor esperanza de vida y el correlativo aumento de personas con enfermedades seniles ha multiplicado las necesidades de personal especializado. Existen estudios, por otra parte, que relacionan la inversi¨®n en servicios de protecci¨®n familiar con la reducci¨®n del paro entre las mujeres: de un lado, porque son servicios que suelen ocupar mucha mano de obra femenina; de otro, porque la asunci¨®n de esas tareas por personal especializado permite regresar al mercado laboral a muchas mujeres que lo hab¨ªan abandonado para atender a familiares ancianos o discapacitados.

El anteproyecto se presentar¨¢ ahora a la consideraci¨®n del Consejo Econ¨®mico y Social y a la de la conferencia sectorial que agrupa a las comunidades aut¨®nomas. Los sindicatos han condicionado su apoyo a que se garantice la igualdad de prestaciones con independencia del territorio de residencia. Es de esperar que eventuales consideraciones competenciales no se conviertan en un obst¨¢culo para el avance de la ley m¨¢s importante de la legislatura.