Recordando lo evidente
Es tanto el ruido que se ha generado desde el momento en que el Parlamento de Catalu?a aprob¨® el proyecto de reforma del Estatuto de dicha comunidad aut¨®noma, que tengo la impresi¨®n de que se est¨¢n perdiendo de vista las premisas en las que descansa el debate de las reformas estatutarias, de la catalana y de la de todas las dem¨¢s, sin las cuales es imposible hacer una valoraci¨®n de lo que se est¨¢ haciendo.
Y lo primero que hay que subrayar es que la estructura del Estado est¨¢ ya definida, que no estamos ante un momento constituyente ni ante un momento estatuyente originarios, sino ante un proceso de reformas de decisiones constitucionales y estatutarias originarias que se consensuaron entre los a?os 1978 y 1981 y que se han desarrollado durante algo m¨¢s de 25 a?os con el resultado de descentralizaci¨®n del poder que todos sabemos que se ha producido y que tanto incide en la vida de cada uno de nosotros individualmente considerada y en la convivencia pac¨ªfica entre todos. A pesar de que se pueda dar la impresi¨®n por las manifestaciones de los dirigentes del PP tanto nacionales como andaluces de que se est¨¢ quebrando la estructura del Estado pactada en la transici¨®n y en la fase de inicial puesta en marcha de la Constituci¨®n, no es as¨ª. La estructura del Estado continuar¨¢ siendo sustancialmente la misma tras las reformas estatutarias en curso. Incluso en el caso de que la reforma estatutaria catalana fuera aprobada en el Congreso de los Diputados en los mismos t¨¦rminos en que lo fue en el Parlamento catal¨¢n, algo que ya sabemos que no va a suceder, incluso en ese caso, si exceptuamos lo relativo a la financiaci¨®n, no se producir¨ªa una ruptura de la estructura del Estado sino ¨²nicamente una reforma de la misma.
M¨¢s incertidumbre se habr¨ªa generado si no hubi¨¦ramos sido capaces de poner en marcha las reformas
Lo segundo que debe ser subrayado es que el Estado espa?ol con la estructura territorial posibilitada por la Constituci¨®n de 1978 ha sido el Estado m¨¢s leg¨ªtimo y m¨¢s eficaz que hemos tenido en toda nuestra historia constitucional. Nunca hemos podido ejercer los derechos fundamentales en la forma en que lo venimos haciendo desde 1978 y nunca se han prestado los servicios p¨²blicos de la forma en que lo vienen haciendo las autoridades estatales, auton¨®micas y municipales. Disponemos de un buen Estado y no hay nada en el horizonte que nos indique que tengamos que prepararnos para una situaci¨®n de emergencia, que pudiera incidir negativamente ni en el ejercicio de los derechos fundamentales ni en la regularidad de la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos. La tramitaci¨®n del llamado plan Ibarretxe creo que ha sido la prueba inequ¨ªvoca de que as¨ª es. A pesar de toda la tensi¨®n pol¨ªtica que la tramitaci¨®n de dicho plan desat¨®, ni en el Pa¨ªs Vasco ni en el resto del Estado se produjo alteraci¨®n alguna para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos ni se vio afectada la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos en la prestaci¨®n de servicios a los ciudadanos.
No estamos atravesando ninguna situaci¨®n de crisis constitucional. Disponemos de una estructura del Estado que est¨¢ bien y que, justamente porque est¨¢ bien, est¨¢ siendo sometida a un proceso de reforma. En el debate sobre la toma en consideraci¨®n del proyecto de reforma del Estatuto de Catalu?a, Mariano Rajoy arranc¨® su intervenci¨®n en el pleno del Congreso de los Diputados preguntando al presidente del Gobierno que si la estructura del Estado hab¨ªa funcionado bien, para qu¨¦ hab¨ªa que reformarla, sin reparar en que, la evidencia emp¨ªrica de que se dispone en todos los Estados democr¨¢ticamente constituidos indica que ¨²nicamente los textos constitucionales que funcionan bien son los que se reforman. La operaci¨®n de reforma presupone una valoraci¨®n positiva del documento constitucional que se pretende reformar. Justamente porque la f¨®rmula de gobierno que se prev¨¦ en el documento constitucional es buena, es por lo que se pretende reformarla. Para conservarla, para mantener su vigencia de manera indefinida.
Esto es lo que est¨¢ detr¨¢s del proyecto reformista que protagoniza de manera muy destacada el presidente del Gobierno de la naci¨®n, que se est¨¢ atreviendo a hacer algo a lo que en Espa?a no estamos acostumbrados, a discutir sobre la f¨®rmula constitucional de nuestra convivencia, y, que, precisamente por eso, est¨¢ encontrando mucha incomprensi¨®n, incluso dentro de su propio partido. No es un capricho personal del presidente, sino una interpretaci¨®n de la historia pol¨ªtico-constitucional de Espa?a y de las resistencias que hemos tenido desde que se empez¨® la aventura de la construcci¨®n del Estado Constitucional a principios del siglo XIX a reformar nuestras constituciones para posibilitar la estabilidad del r¨¦gimen constitucional, lo que ha llevado a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero a convertir su primera legislatura como presidente del Gobierno en una legislatura de reformas y de reformas en el sentido fuerte del t¨¦rmino, esto es, no de simples reformas legislativas, sino de reformas constitucionales y estatutarias. De esta manera est¨¢ expresando al mismo tiempo la confianza en la f¨®rmula de gobierno que se puso en marcha en 1978 y la capacidad de los ciudadanos espa?oles para aprobar la ¨²ltima asignatura constitucional que todav¨ªa tenemos pendiente, la de la reforma constitucional, que en Espa?a incluye tambi¨¦n las reformas estatutarias.
Un pa¨ªs no puede posponer de manera indefinida el hacer frente a los problemas que le salen al paso, porque de lo contrario tales problemas se pudren y acaban convirti¨¦ndose en insolubles. Las reformas estatutarias eran uno de esos problemas. Que tales reformas generan incertidumbre, es algo evidente. Pero m¨¢s incertidumbre se habr¨ªa generado si no hubi¨¦ramos sido capaces de coger el toro por los cuernos y poner en marcha el proceso reformador.
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