130.000 millones de euros en dinero negro

De acuerdo con los estudios m¨¢s recientes, unos 130.000 millones de euros circulan por Espa?a al margen de los controles establecidos por la Administraci¨®n fiscal. Es una cifra gigantesca que interpela por s¨ª misma al conjunto del sistema, pero no cabe contar con que la Hacienda p¨²blica se ocupe de acreditarla o desmentirla. "El mensaje de la Administraci¨®n no puede ser admitir que existe un gran fraude fiscal", indica un responsable del sistema tributario, "porque incrementar¨ªa la sensaci¨®n de impunidad de los defraudadores y desmotivar¨ªa a los ciudadanos que cumplen con sus impuestos".

De ah¨ª, quiz¨¢, la inexistencia de estudios oficiales sobre el volumen del fraude y la predisposici¨®n administrativa a identificar lo aparente con lo real, la punta del iceberg con el iceberg. "La Agencia Tributaria no tiene una cifra oficial de fraude porque s¨®lo ser¨ªa una estimaci¨®n o una presunci¨®n; lo que s¨ª ofrecemos son datos del fraude descubierto y de los ingresos que se obtienen por actos de liquidaci¨®n. En 2005, esos ingresos habr¨¢n superado los 4.500 millones de euros, una cifra r¨¦cord", apunta Luis Pedroche.

Seg¨²n algunos analistas, la econom¨ªa sumergida va a m¨¢s

El sistema de m¨®dulos simplifica la tributaci¨®n, pero es fuente de fraude

Hay una creciente preocupaci¨®n sobre los para¨ªsos fiscales

Los fabricantes de facturas falsas cobran el 6% o 7% de su importe

Entre las dos teor¨ªas cl¨¢sicas existentes al respecto: la que establece que el fraude debe ser aclarado y denunciado p¨²blicamente y la que sostiene lo contrario con el argumento de que hay que evitar el efecto de contagio, la Administraci¨®n espa?ola parece inclinarse por la segunda, aunque esa actitud no le lleva a negar la evidencia, ni anula sus esfuerzos por hacerse m¨¢s transparente ante la opini¨®n p¨²blica. No existen estudios oficiales recientes -tampoco en otros pa¨ªses europeos-, pese a que en noviembre de 2004, a ra¨ªz de una pregunta parlamentaria presentada por el diputado de CiU Carles Campuzano, el Ministerio de Trabajo se comprometi¨® a encargar al Consejo Econ¨®mico y Social (CES) la elaboraci¨®n de un trabajo sobre la econom¨ªa sumergida. "Ese trabajo no se ha hecho", confirma un portavoz de la oficina de comunicaci¨®n del CES.

A falta de mayores explicaciones, cabe pensar que la iniciativa ha sido reconsiderada por las razones anteriormente expuestas. Y es que elaborar un estudio oficial conlleva el compromiso de publicarlo y de tener que difundir, por tanto, un mensaje considerado poco conveniente. Eso no significa que la Administraci¨®n no tenga inter¨¦s en conocer cu¨¢nto deja de ingresar a causa del fraude fiscal, que desde?e los efectos que estos comportamientos producen en la equidad del sistema, en el crecimiento y distribuci¨®n de la renta, ni tampoco que se inhiba ante el problema. De hecho, en la ¨²ltima Cumbre Euromediterr¨¢nea de Consejos Econ¨®micos y Sociales, Espa?a propuso, y obtuvo, la aprobaci¨®n de un informe para priorizar la lucha contra la corrupci¨®n y la econom¨ªa sumergida.

Por lo dem¨¢s, ning¨²n gobierno puede permitirse ignorar el volumen de la econom¨ªa irregular si no quiere que su pol¨ªtica econ¨®mica se sustente en indicadores y estimaciones err¨®neas. Aunque sin la precisi¨®n que le dar¨ªa un estudio serio sobre el particular, la Administraci¨®n espa?ola tiene, sin duda, sus propios c¨¢lculos y una idea aproximada. En las contadas ocasiones en que se han visto interpelados y obligados a pronunciarse, los responsables de la Administraci¨®n han calculado el porcentaje del 20%. "Creo que puede hablarse de un cierto consenso sobre ese dato", indica el presidente del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), Aurelio Mart¨ªnez. Es un consenso de m¨ªnimos, porque los ¨²ltimos estudios existentes ofrecen, de hecho, resultados superiores a ese porcentaje comod¨ªn que maneja la Administraci¨®n.

Un gran problema europeo

?Est¨¢ aumentando la econom¨ªa sumergida en Espa?a? Jos¨¦ Mar¨ªa Mollinedo, vicepresidente de la Asociaci¨®n de T¨¦cnicos de Hacienda del Estado (Gestha) lo cree firmemente. "Los ¨²ltimos estudios avalan nuestra percepci¨®n profesional de que el fraude fiscal va a m¨¢s", indica. Es una opini¨®n que comparte el profesor de Sociolog¨ªa de la Universidad de Valencia, Enric Sanchis, autor del estudio Trabajo no remunerado y trabajo negro en Espa?a, publicado el pasado a?o. "Si nos olvidamos de lo que acaba de aflorar con la regularizaci¨®n de una parte de la inmigraci¨®n ilegal, yo dir¨ªa que la econom¨ªa sumergida est¨¢ aumentando. Hay que dejar de mirar hacia otro lado y realizar un estudio a fondo como el que se llev¨® a cabo en 1985", indica. Y seg¨²n la memoria anual del Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales (SEBPLAC), unidad de inteligencia financiera ubicada en el Banco de Espa?a y adscrita al Ministerio de Econom¨ªa, en 2004 se detect¨® un "notable aumento del n¨²mero de operaciones sospechosas".

Desde luego, no es un temor exclusivamente espa?ol. "Estamos ante un gran problema europeo. O los pa¨ªses de la UE nos intercambiamos la informaci¨®n o, al final, nos encontraremos con que toda la carga fiscal descansar¨¢ sobre los trabajadores y habr¨¢ que dar por muerto el Estado de bienestar", pronostica un responsable de la Administraci¨®n. "Si no sabemos qu¨¦ est¨¢ pasando en nuestra vecina Portugal y casi nada de lo que pasa en el Reino Unido, c¨®mo vamos a enterarnos de lo que ocurre en Lituania o en los para¨ªsos fiscales. El modelo alem¨¢n en el que cada l?nder tiene su propia agencia tributaria opaca al resto de los territorios representa, exactamente", subraya, "lo contrario de lo que los tiempos reclaman".

La globalizaci¨®n de la econom¨ªa, las nuevas tecnolog¨ªas de Internet, el eficaz refugio que los para¨ªsos fiscales proporcionan al dinero negro y las sofisticadas tramas de blanqueo permiten hoy a los defraudadores mover su capital por medio mundo sin salir de sus despachos. Se acabaron las complicaciones aduaneras y los engorrosos maletines. "En la gesti¨®n fiscal nuestro sistema funciona, todos los a?os producimos 2,5 millones de liquidaciones o actas paralelas, pero estamos peor organizados en lo que se refiere al mundo de las mafias y a los tr¨¢ficos de armas, de droga y de blancas", indica otro responsable de la Administraci¨®n tributaria.

He aqu¨ª un ejemplo, entre cientos, de sofisticadas operaciones de blanqueo detectadas por el SEBPLAC. "Sociedades constituidas en para¨ªsos fiscales transfirieron desde el extranjero grandes sumas de dinero a cuentas de grupos de sociedades espa?olas, de reciente constituci¨®n, sin actividad hasta ese momento, administradas por testaferros. Las transferencias se instrumentalizaron como pr¨¦stamos concedidos a las sociedades espa?olas, y se aplicaron a inversiones de proyectos inmobiliarios. M¨¢s tarde, las propiedades inmobiliarias se vendieron y el precio obtenido comenz¨® a ser transferido de nuevo a su punto de origen en concepto de devoluci¨®n de los pr¨¦stamos, tratando de conseguir desvincularlos de su origen ilegal. En otras ocasiones, los fondos permanecen en Espa?a, en la creencia de que ya han quedado desvinculados de su origen ilegal. Generalmente, se transfieren a cuentas particulares o de sociedades instrumentales, o se destinan a la adquisici¨®n de bienes inmuebles".

En su memoria anual de 2004, la SEPBLAC subraya que las tramas de defraudaci¨®n organizada del IVA son cada vez m¨¢s complejas. "Han ideado nuevos mecanismos de cortafuegos y empiezan a extenderse en sectores como el de la telefon¨ªa m¨®vil y los autom¨®viles". Ese servicio de ¨¦lite en la vigilancia financiera advierte, asimismo, sobre la utilizaci¨®n de los mercados de renta variables como medio de blanqueo de capitales durante la fase de "encubrimiento" e "integraci¨®n", y sostiene que el encadenamiento de transacciones internacionales a trav¨¦s de brokers, la liquidaci¨®n por medio de entidades globales de custodia y liquidaci¨®n, y el empleo de cuentas ¨®mnibus (cuentas globales para valores e instrumentos financieros negociados en el extranjero) y nominee (cuentas a nombre de un agente fiduciario autorizado por el inversor) complican enormemente el seguimiento de los fondos y titularidades.

"Hay una preocupaci¨®n creciente sobre los para¨ªsos fiscales", confirma Luis Pedroche. "La OCDE ha optado por una nueva estrategia dirigida a que estos pa¨ªses establezcan convenios de intercambio de informaci¨®n". Los expertos de la Uni¨®n Europea calculan que el fraude en el IVA en operaciones intracomunitarias representa el 10% de la recaudaci¨®n de este impuesto.

El pelot¨®n de cabeza

Dada la naturaleza oculta del fen¨®meno, determinar la econom¨ªa sumergida es, en cualquier caso, una tarea compleja. De ah¨ª que algunos expertos cuestionen la fiabilidad de los estudios publicados. La propia definici¨®n de econom¨ªa sumergida, tambi¨¦n llamada oculta, dual, irregular, propicia la disparidad de resultados en los estudios, en funci¨®n de si se incluye la producci¨®n de servicios y actividades ilegales como la prostituci¨®n, el tr¨¢fico de drogas y el robo.

En su ¨²ltimo trabajo, los profesores de la Universidad Complutense de Madrid Miguel G¨®mez Gonz¨¢lez y ?ngel Ala?¨®n establecen que la econom¨ªa sumergida en Espa?a supone entre el 23% y el 24% del PIB: unos 130.000 millones. "Hemos utilizado una metodolog¨ªa basada en la circulaci¨®n del dinero, sin entrar en el tr¨¢fico de droga y el resto de las actividades ilegales", explica Miguel G¨®mez de Antonio.

As¨ª que ese 23% o 24% sumergido del PIB no incluye la prostituci¨®n, ni tampoco el mercado espa?ol de la droga, que el a?o 2000 rondaba los 3.500 millones de euros anuales. Los estudios de la Comisi¨®n Europea, publicados en 2002, se?alaron que entre 1998 y 2000, la econom¨ªa sumergida pas¨® en Espa?a del 15% al 22% del PIB, debido, sobre todo, a las pr¨¢cticas fraudulentas en la construcci¨®n y la agricultura.

Seg¨²n los c¨¢lculos de la Comisi¨®n Europea, Grecia encabeza, con el 30% de econom¨ªa sumergida, un primer pelot¨®n de pa¨ªses en el que se integran Espa?a, Portugal, Italia y B¨¦lgica. Potencias econ¨®micas, como Reino Unido (13%), Francia (10%) y Alemania (10%), se sit¨²an en una zona intermedia, por delante de los pa¨ªses escandinavos y de Holanda (5%). Aunque algunos responsables de la Administraci¨®n tributaria dudan de esta clasificaci¨®n y cuestionan, incluso, la idea de que Espa?a "est¨¦ mucho peor" que Francia o Alemania, nadie niega significaci¨®n al hecho de que nuestro pa¨ªs acapare la cuarta parte de los billetes de 500 euros (el papel refugio predilecto de la econom¨ªa sumergida) que circulan por la UE a 12.

Un terreno nebuloso

Espa?a es una base preferente para el blanqueo de dinero, y no s¨®lo porque el comercio de hach¨ªs en el Sur y el Levante genere sus propias estructuras, sus empresas pantalla y trucha, que desaparecen despu¨¦s de haber lavado el dinero negro. Todos los d¨ªas, un ej¨¦rcito de pitufos, smurfets o pizzaioli se ocupa de ingresar en m¨²ltiples cuentas y sucursales peque?as cantidades que ser¨¢n recuperadas posteriormente en lo que se denominan "billetes de alta denominaci¨®n", f¨¢ciles de ocultar y transportar.

Los funcionarios asignados efectivamente para combatir el fraude -"en la pr¨¢ctica son s¨®lo 7.682, cuando hay 8.000 t¨¦cnicos de Hacienda a la espera de ser habilitados para funciones de m¨¢s responsabilidad", dicen los sindicatos- tienen que v¨¦rselas con unos 30.000 asesores fiscales, parte de ellos, economistas y abogados, que naturalmente defienden los intereses de sus clientes. Es una pelea con cruce de reproches -"hay abogados deshonestos que estimulan el fraude y no dudan en declarar la insolvencia de sus clientes"; "los inspectores act¨²an, a veces, sin mucho fundamento porque cobran por el montante de lo que denuncian, y eso les supone entre el 15% y el 20% de sus ingresos"- que se libra en un terreno frecuentemente nebuloso. Y es que, como dice el gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Luis del Amo, "aunque la doctrina sobre lo legal y lo no legal, sobre la 'econom¨ªa de opci¨®n', 'el fraude de ley' (conflicto en la aplicaci¨®n de la norma) y la 'simulaci¨®n', est¨¢ bien construida, en la pr¨¢ctica, la distinci¨®n no siempre est¨¢ tan clara". He aqu¨ª algunos ejemplos.

"Econom¨ªa de opci¨®n", explica Luis del Amo, "ser¨ªa minimizar la carga tributaria a trav¨¦s de una eficiente planificaci¨®n. Por ejemplo: no vender un bien con plusval¨ªas latentes hasta que hayan transcurrido un a?o y un d¨ªa para as¨ª tributar s¨®lo el 15% en lugar de la tarifa general del IRPF, que puede llegar hasta el 45%". En el otro extremo, que incurre de lleno en la ilegalidad manifiesta, se encuentra la "simulaci¨®n". "En este caso", explica, "el negocio no es real, existe una voluntad oculta de las partes y la intenci¨®n de realizar otro negocio". Como muestra, el gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales presenta el caso de unos padres que quieren donar a sus hijos un inmueble, pero no quieren tributar por esa donaci¨®n. "Los hijos adquieren el inmueble con un pr¨¦stamo de los padres que, en realidad, no piensan devolver".

El terreno m¨¢s conflictivo y confuso es el del "fraude de ley", t¨¦rmino que en la nueva legislaci¨®n tributaria ha sido sustituido por el de "conflicto en la aplicaci¨®n de la norma", despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional estableciera que no hay delito si no existe simulaci¨®n probada o falseamiento alguno de la base imponible. Seg¨²n Luis del Amo, el fraude de ley se caracteriza por la realizaci¨®n de "operaciones artificiosas o impropias dirigidas a evitar total o parcialmente el impuesto". Aunque la Administraci¨®n tributaria pueda discutir la operaci¨®n invocando al "conflicto en la aplicaci¨®n de la norma" y reclamar el pago del impuesto, Hacienda ha perdido ah¨ª otra batalla porque ha quedado excluida toda posibilidad de sanci¨®n.

La convicci¨®n de que las sociedades de inversi¨®n de capital variable (Sicav) constituyen un refugio fiscal de las grandes fortunas est¨¢ muy extendida entre los especialistas. Concebidas, te¨®ricamente, para fomentar la inversi¨®n en Bolsa de los peque?os ahorradores, las Sicav, de las que existen unas 2.000 en nuestro pa¨ªs, tributan ¨²nicamente el 1%, frente al 35% (el 15% si las acciones permanecen al menos un a?o en las mismas manos) que conlleva la compra y venta de activos. Deben estar constituidas por al menos un centenar de personas que s¨®lo est¨¢n obligadas a tributar en el momento en que venden su participaci¨®n en el fondo. En la pr¨¢ctica, los detentadores de grandes fortunas forman estas sociedades con testaferros, en ocasiones empleados suyos, mariachis, polizones, en el argot, a los que se les asigna participaciones insignificantes de ese fondo y que obviamente no tienen capacidad alguna de decisi¨®n sobre la pol¨ªtica inversora que hay que seguir.

Por si fuera poco, la reforma legislativa aprobada en julio pasado ha puesto a las Sicav bajo la tutela de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque la Agencia Tributaria podr¨¢ reclamar la cuota correspondiente en el caso de que la CNMV determine "de forma objetiva" que una de estas sociedades no cumple con las condiciones fijadas por la ley. Algunos expertos fiscales ven ah¨ª el poder de influencia y presi¨®n de los grandes inversores. Y es que la estrategia impositiva tampoco puede ignorar el riesgo cierto de las deslocalizaciones y fuga de capitales. En todo caso, la f¨®rmula Sicav ha dado tanto resultado que muchos bancos las ofertan a los grandes contribuyentes. "Quien hace un cesto, hace cientos", comenta Luis del Amo.

El sistema de m¨®dulos simplifica mucho la tributaci¨®n de los peque?os contribuyentes, pero es otra fuente permanente de fraude. "La idea es buena, aunque con el tiempo ha ido pervirti¨¦ndose. Al que le va mal se pasa a la estimaci¨®n directa y al que le va bien se apalanca ah¨ª. Es un terreno propicio para el tr¨¢fico de facturas falsas y lavado de dinero", indica Luis del Amo. Un ejemplo: "Tengo una empresa en construcci¨®n que me da dinero, pero no declaro todo. Me monto una boutique y declaro que en esa boutique gano lo que sea. Da igual lo que declare porque, como cotizo por m¨®dulos, pago siempre los mismos impuestos". Tiendas permanentemente desiertas, negocios aparentemente ruinosos que siguen en pie, mes tras mes, a?o tras a?o, forman parte del paisaje del fraude urbano.

El vendedor de facturas falsas

Como la figura del facturero, el vendedor de facturas falsas que los defraudadores utilizan para deducir ese gasto en el impuesto de sociedades y rebajar su base imponible. El facturero crea generalmente una empresa y se sirve de personas insolventes, mayores de 70 a?os, a poder ser, como emisores de las facturas falsas que vende. Aunque resulte algo burdo, el negocio ha funcionado muy bien en estas ¨²ltimas d¨¦cadas. Y es que el facturero cobra el 6% o 7% del montante de la factura falsa, que en ocasiones alcanza cifras millonarias.

El panorama general desaf¨ªa, desde luego, el Plan de Prevenci¨®n del Fraude Fiscal en el que la Administraci¨®n tributaria ha depositado muchas de sus esperanzas. Aprobado por el Gobierno en febrero de 2005, el plan pone el ¨¦nfasis en la investigaci¨®n de las tramas organizadas y en la colaboraci¨®n con los sectores empresariales m¨¢s afectados por la competencia desleal derivada del impago de impuestos, adem¨¢s de tratar de poner coto a los abusos de la ingenier¨ªa fiscal y de establecer medidas cautelares para evitar las falsas insolvencias.

"El sistema de m¨®dulos va a tener alguna modificaci¨®n en la futura Ley de Prevenci¨®n del Fraude Fiscal", anuncia el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, "para evitar la emisi¨®n de facturas falsas. Cuando abonen facturas emitidas por empresarios en m¨®dulos, los empresarios tendr¨¢n que aplicar a cada una de estas facturas una retenci¨®n del 3% e ingresarla en Hacienda". Entre la treintena de medidas propuestas, el anteproyecto de ley contempla, asimismo, la obligatoriedad de consignar en las escrituras de las viviendas el medio de pago empleado en la compra. No puede decirse que el proyecto haya sido acogido con gran entusiasmo por los sindicatos, porque tanto los representantes de Gestha como los de la Organizaci¨®n de Inspectores de Hacienda lo consideran insuficiente.

El objetivo impl¨ªcito es reducir el fraude en 10 puntos porcentuales hasta hacerlo converger con el de la UE. Eso significar¨ªa hacer aflorar 56.500 millones de euros y recaudar m¨¢s de 13.000 millones adicionales que permitir¨ªan al Estado incrementar su presupuesto social. El otro objetivo es evitar que la ley se convierta en un tigre de papel para los aprovechados del sistema y que los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos no se vean burlados.