El gran agujero fiscal

La sospecha de que los asalariados son, forzosamente, el ¨²nico colectivo mod¨¦lico de contribuyentes, los verdaderos paganos de una realidad injusta no reconocida oficialmente, dista mucho de ser una cantinela ret¨®rica. "Si Hacienda somos todos, los asalariados lo son mucho m¨¢s", puede decirse, parafraseando el lema tributario. Porque las retenciones fiscales en las n¨®minas de los asalariados que las empresas vierten obligatoriamente en la cuenta del Estado le aseguran al fisco una transparencia y unos cobros que est¨¢ muy lejos de obtener en el resto de los ¨¢mbitos impositivos.

De hecho, las rentas del trabajo supusieron este a?o ¨²ltimo el 80% de los ingresos del gran impuesto del IRPF, frente a los escu¨¢lidos 7% y 11% aportados, respectivamente, por el capital y las actividades econ¨®micas y profesionales. Cierto: a partir de un determinado nivel de renta, un profesional opta, a menudo, por crear su propia empresa para as¨ª pagar el 35% correspondiente al impuesto de sociedades en lugar del 45% que le corresponder¨ªa como persona individual. Pero eso no anula los resultados, m¨¢s escandalosos que desconcertantes, que la recaudaci¨®n del IRPF arroja sistem¨¢ticamente en los ¨²ltimos tiempos.

Tres de cada cuatro espa?oles creen que existe mucho o bastante fraude

S¨®lo el 7% de los espa?oles se dice dispuesto a denunciar

57.000 empresas escapan al control fiscal

Hoy se producen 16,5 millones de declaraciones de IRPF, frente a las 400.000 de 1978

?C¨®mo se explica que en determinados segmentos de la actividad econ¨®mica los empresarios ganen menos que sus empleados? ?Y qu¨¦ otra interpretaci¨®n cabe hacer del hecho de que la renta de los trabajadores sea, por ejemplo en el Pa¨ªs Vasco, un 33% superior a la que declaran los profesionales liberales? No es en el IRPF, sin embargo, donde se concentran las mayores bolsas de fraude, puesto que el 85% del total de la deuda detectada corresponde a las sociedades (personas jur¨ªdicas). Seg¨²n los datos aportados por la Agencia Tributaria, el 53% de la deuda descubierta por la inspecci¨®n fiscal se produce en el impuesto de sociedades; el 31%, en el impuesto sobre el valor a?adido (IVA), y el 10%, en el IRPF.

Como es l¨®gico, la inspecci¨®n fiscal centra sus esfuerzos en las ¨¢reas en las que las pr¨¢cticas fraudulentas est¨¢n m¨¢s extendidas: el sector inmobiliario, el inform¨¢tico, las telecomunicaciones, el autom¨®vil...; pero no puede decirse que las inspecciones masivas -2.300 empresas inmobiliarias fueron supervisadas el pasado a?o- est¨¦n atajando el problema.

Por encargo de la revista Consumer Eroski, un grupo de t¨¦cnicos visit¨® el pasado a?o 318 inmobiliarias haci¨¦ndose pasar por clientes interesados en la compra de una vivienda. El 60% de estas empresas acept¨® sin objeciones mediar en las operaciones de compraventa con dinero negro y parte de ellas condicion¨®, incluso, su participaci¨®n al cumplimiento de este requisito. En ciudades como Sevilla, Granada, Valencia y M¨¢laga, ese porcentaje asciende al 90%.

El estudio confirma que la mayor¨ªa de los agentes inmobiliarios proponen a sus clientes firmar las escrituras del piso por debajo del montante total de la compraventa para evitar el pago del IVA (el 4% o 7%) en la cantidad no escriturada y los gastos de notar¨ªa e IVA (el 16% en este caso) correspondientes a la parte del dinero que se oculta a Hacienda. Todav¨ªa m¨¢s: la pr¨¢ctica totalidad de las escasas agencias que se dedican a la venta de vivienda de protecci¨®n oficial (VPO), apenas el 10%, ofrecen precios similares a los del mercado libre, contraviniendo la legislaci¨®n que obliga expresamente a vender esos pisos a una tarifa inferior.

Aunque en la escabrosa relaci¨®n del ciudadano con la Hacienda p¨²blica cuenta mucho la percepci¨®n subjetiva y social sobre lo razonable de la carga impositiva, la calidad de los servicios que presta el Estado y, ya en el plano psicol¨®gico, la personal propensi¨®n natural al riesgo, no hay duda de que lo determinante en el comportamiento del contribuyente es la posibilidad de ser descubierto y sancionado. Como en el caso de los asalariados, ¨¦sa es una probabilidad alt¨ªsima, el reproche que se lanza a la Administraci¨®n tributaria nace directamente del agravio comparativo, de la convicci¨®n de que la eficacia demostrada en el control de las aprisionadas n¨®minas pierde muchos enteros cuando se trata de atacar las pr¨¢cticas fraudulentas que est¨¢n a la orden del d¨ªa en los ¨¢mbitos empresariales y de las profesiones liberales.

Pagar a Hacienda es m¨¢s enojoso si otros con m¨¢s ingresos no lo hacen, si se llega al convencimiento de que el sistema es implacable con los peque?os contribuyentes y poco eficaz con los poderosos. "El hijo de mi jefe tiene beca, pero el m¨ªo, no", denuncia un contribuyente en el apartado de sugerencias que la Agencia Tributaria ha abierto en su sitio de Internet. En el mismo espacio se narran experiencias que describen un panorama de convivencia social con fraude. "Cuando era estudiante trabaj¨¦ en una constructora que ten¨ªa a tres trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, pero ¨¦ramos 25 trabajando para la misma compa?¨ªa. Cuando he comprado una casa, siempre me han requerido escriturar por una cantidad diferente a la real y el resto ten¨ªa que pagarlo en dinero B. Cuando he hecho reparaciones en casa, el carpintero, el alba?il, el fontanero, todos me preguntaban si quer¨ªa factura y cu¨¢nto quer¨ªa poner en la factura; lo mismo en el restaurante en el que celebr¨¦ mi boda, lo mismo cuando alguien de mi familia va al dentista, cuando he tenido que ir al abogado, cuando...".

Entre Suecia y Marruecos

Pese a las noticias que dan cuenta peri¨®dica de los ¨¦xitos cosechados ("El plan contra el fraude descubre 101.000 pisos de alquiler no declarados"; "Se investiga a 40 empresas en Madrid por fraude fiscal masivo en la importaci¨®n de coches de lujo"...), queda una sensaci¨®n de estancamiento, como si el ejercicio continuo de destejer lo que otros tejen no modificara sustancialmente las actitudes y comportamientos de fondo.

?Hay una excepci¨®n espa?ola que explica la escasa atenci¨®n pol¨ªtica al asunto fiscal? ?El ¨¦xito social, econ¨®mico y medi¨¢tico del fen¨®meno Gil y Gil podr¨ªa haberse dado en otros pa¨ªses? ?Es un problema de falta de cultura c¨ªvica, de desapego respecto al papel redistribuidor del Estado, o es que, simplemente, el sistema ofrece un amplio margen de impunidad a los defraudadores? "El comportamiento de los espa?oles en la historia es similar a la del resto del mundo, o sea: intentar no pagar impuestos. Lo que ocurre es que para poder cobrar, el Estado necesita tener legitimidad social y capacidad de coerci¨®n, y en Espa?a, a menudo, no ha habido ni una cosa ni otra", explica el historiador econ¨®mico Francisco Com¨ªn y Com¨ªn. "El franquismo", dice, "ten¨ªa una gesti¨®n tributaria tan deficiente que, en la pr¨¢ctica, s¨®lo pagaban los asalariados. Y aunque las cosas han cambiado mucho, la inercia de la historia hace que los h¨¢bitos tarden en corregirse".

Desde la puesta en marcha de la Agencia Tributaria en enero de 1992, la situaci¨®n ha dado un vuelco espectacular, que homologa plenamente a la Hacienda espa?ola con la del resto de los pa¨ªses europeos. "Conviene no perder de vista que en 1978 hab¨ªa menos de 400.000 declaraciones del IRPF y que hoy contamos ya con 16,5 millones", se?ala el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. A su juicio, compartido por otros expertos -no as¨ª por las organizaciones sindicales de inspectores y subinspectores-, la Administraci¨®n tributaria espa?ola no tiene nada que envidiar a las mejores de Europa en lo que se refiere a la capacidad de gesti¨®n y a su sistema de informaci¨®n. "Vamos mejorando, pero esto es un proceso lento y a largo plazo", subraya.

Jactarse de defraudar a Hacienda ha dejado de ser celebrado socialmente y hoy la gran mayor¨ªa de los ciudadanos justifica plenamente el cobro de los impuestos. "Estamos entre Suecia y Marruecos", se comenta en ocasiones, para ubicar a los espa?oles dentro del comportamiento social caracter¨ªstico de los pa¨ªses mediterr¨¢neos. La industria valenciana del calzado, enraizada ya en el siglo XIX, es uno de los ejemplos cl¨¢sicos de empleo negro en la Europa meridional. Se estima que Italia, Grecia o Portugal tienen una econom¨ªa sumergida similar o superior a la espa?ola (23%).

Contra la opini¨®n expresada en las encuestas -una amplia mayor¨ªa piensa que paga m¨¢s impuestos por t¨¦rmino medio que el resto de los europeos-, la presi¨®n fiscal en Espa?a (35,1% en 2004) sigue siendo inferior a la media de los 30 pa¨ªses de la OCDE (36,3%) y de la Uni¨®n Europea a 15 (40,5%). Situada a gran distancia de los te¨®ricos modelos del Estado de bienestar (50,7% en Suecia), la presi¨®n fiscal espa?ola es equiparable a la de la nueva Europa de 25 Estados.

"El Gobierno anterior dio prioridad a la atenci¨®n al contribuyente, m¨¢s que a la lucha contra el fraude. Pasamos a llamarles clientes, y se mejor¨® mucho en el trato y en los servicios de informaci¨®n y asesoramiento", indica una responsable de la Administraci¨®n tributaria. "Pero lo cierto", a?ade, "es que tenemos la impresi¨®n de que en todos estos a?os no se ha avanzado gran cosa en la lucha contra el fraude. Hay una regla general que no puede perderse de vista: cuando te centras en el servicio, el fraude aumenta; y cuando te vuelcas s¨®lo en la lucha, se produce una reacci¨®n de rechazo. Por tanto, el equilibrio es fundamental. Se trata de luchar contra el fraude, pero sin molestar al contribuyente m¨¢s de lo necesario. No estamos en la primera etapa socialista, cuando se filtr¨® el caso de Lola Flores porque se pens¨® que hac¨ªa falta una pol¨ªtica agresiva".

De acuerdo con el Bar¨®metro de julio de 2005 publicado por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS), tres de cada cuatro espa?oles est¨¢n convencidos de que existe mucho o bastante fraude y el 72,3% considera injusta la actual pol¨ªtica fiscal. "De todas formas, hay una cierta contradicci¨®n", apunta el director de la Agencia Tributaria, "porque en la misma encuesta el 70% de los ciudadanos dice que no conoce pr¨¢cticas de fraude en su entorno familiar o social". Condicionada por una pregunta de formulaci¨®n m¨¢s compleja, la encuesta correspondiente a 2004 del Instituto de Estudios Fiscales muestra, sin embargo, bloques de opiniones m¨¢s equilibradas, al tiempo que acredita un avance significativo de quienes creen (59%, contra el 41%) que el pago de los impuestos ha mejorado durante la ¨²ltima d¨¦cada. As¨ª, el 55% suscribe el enunciado de que "existen casos de fraude importante y bastantes enga?os menores, pero en general se pagan los impuestos de modo bastante correcto", frente al 45% restante, que sostiene que "el fraude fiscal est¨¢ muy generalizado y el pago de los impuestos es muy imperfecto".

Honestos y deshonestos

Con todo, el estudio de las diferentes encuestas suscita entre los analistas una primera reacci¨®n de perplejidad. Es como si los espa?oles dijeran a la vez una cosa y la contraria; como si no percibieran que fraude y cumplimiento de la ley son dos caras de la misma moneda; como si se pudiera ser cada vez m¨¢s honesto y cada vez m¨¢s deshonesto.

La explicaci¨®n es que el concepto de honestidad tributaria se reparte de manera muy desigual entre los distintos grupos de contribuyentes, porque la ciudadan¨ªa se muestra consciente de que el fraude es m¨ªnimo, forzosamente, entre los asalariados y mucho mayor entre quienes cuentan con un gran margen de maniobra. Es un juicio que los propios empresarios y profesionales liberales corroboran igualmente en las encuestas. No en vano, el fraude empresarial constituye tambi¨¦n una forma de competencia desleal que perjudica a las empresas que cumplen correctamente con la ley.

En cualquier caso, y por masiva que sea la convicci¨®n de que el fraude reduce la provisi¨®n p¨²blica de servicios y prestaciones e incrementa la presi¨®n fiscal sobre los contribuyentes honestos, mayor es todav¨ªa la resistencia a denunciar estas pr¨¢cticas a la Agencia Tributaria. ?nicamente el 7% de los encuestados se dice dispuesto a colaborar en esa tarea. La imagen del denunciante es tan negativa y est¨¢ tan profundamente arraigada -?un residuo mental de la figura franquista del chivato?-, que la posibilidad de obtener un incentivo econ¨®mico, lejos de actuar de acicate, reafirma el rechazo de la gran mayor¨ªa. Se entiende, pues, que el director de la Agencia Tributaria responda con un contundente "no" a la pregunta de si la Administraci¨®n estudia la posibilidad de premiar econ¨®micamente las informaciones que hagan aflorar las pr¨¢cticas de fraude. "Un ciudadano", dice, "llama a la polic¨ªa cuando ve que le est¨¢n robando el coche al vecino, pero normalmente no act¨²a de igual manera si presume que se est¨¢ defraudando a la Hacienda p¨²blica. Es una cuesti¨®n de educaci¨®n tributaria". A la pregunta de si el defraudador de impuestos debe ser considerado un ladr¨®n, responde que "son dos conductas reprobables tipificadas de forma distinta".

El C¨®digo Penal tipifica el fraude como delito fiscal ¨²nicamente en el caso de que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros y siempre que haya existido una conducta dolosa, es decir, animada por la intenci¨®n de defraudar. El n¨²mero de grandes delincuentes de cuello blanco que ingresan en prisi¨®n por estafar a la Hacienda p¨²blica se cuentan con los dedos de una mano, pese a que en la renovada lucha contra las tramas organizadas, el encarcelamiento ha empezado a ser una posibilidad.

"Por falta de efectivos, las 57.000 empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros escapan, en la pr¨¢ctica, al control fiscal", denuncia Jos¨¦ Mar¨ªa Mollinedo, vicepresidente de Gestha, la Asociaci¨®n de T¨¦cnicos de Hacienda del Estado. "En Italia hay polic¨ªas que vigilan si el camarero te ha dado el ticket de la consumici¨®n, pero sin llegar a plantearnos nada de eso, est¨¢ claro que en Espa?a se ha atacado mal el control de las empresas", se?ala, a su vez, Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. "?Se puede controlar el tax¨ªmetro de un taxista?", se pregunta. "?Y c¨®mo controlas al fontanero que te dice que si quieres factura te va a sumar un 30% de IVA?". Sobre el papel, la soluci¨®n ser¨ªa que todo pago de servicios a profesionales tuviera una peque?a desgravaci¨®n, porque de esta manera se asegurar¨ªa que los ciudadanos reclamaran sistem¨¢ticamente la factura, pero esto es una idea descartada por engorrosa -basta imaginarse el volumen de la documentaci¨®n a aportar por cada contribuyente-, y porque complicar¨ªa mucho la gesti¨®n.

Colapso de expedientes

El director de la Agencia Tributaria justifica la estrategia actual, muy volcada en el control de las grandes empresas y, por otro lado, en la investigaci¨®n de las tramas organizadas de fraude. "Las 28.000 empresas que facturan m¨¢s de seis millones de euros al a?o aportan las dos terceras partes del presupuesto recaudatorio del Estado: unos 120.000 millones de euros sobre un total de 165.000 millones. Adem¨¢s, son las grandes suministradoras de la informaci¨®n que nos permite hacer los cruces de coherencia entre lo que declaran las empresas y los ciudadanos. Luego, tenemos a 1,7 millones de contribuyentes, incluidos los agricultores, que declaran por el sistema de m¨®dulos. Ese sistema", explica, "consiste en asignar una ganancia te¨®rica, con su correspondiente carga impositiva, en funci¨®n del n¨²mero de empleados, del consumo el¨¦ctrico o, si se trata de un restaurante o de un bar, del n¨²mero de mesas o de la longitud de la barra. Hay que comprobar peri¨®dicamente si los establecimientos siguen teniendo los mismos empleados y mesas, pero no puede haber una inspecci¨®n por contribuyente, porque ninguna organizaci¨®n tributaria puede permitirse el lujo de incurrir en el coste que eso supondr¨ªa", apunta Luis Pedroche.

Con un presupuesto para este a?o de 1.256 millones de euros y una plantilla de 28.100 personas, de las cuales 11.940 est¨¢n dedicadas a tareas de asistencia y asesoramiento, la Agencia Tributaria tiene como misi¨®n disciplinar a los contribuyentes y tratar de recuperar la mayor parte de la deuda. Es una tarea cada vez m¨¢s complicada, pese a que en el presente ejercicio se cuenta con recuperar 4.500 millones, el 70% pr¨¢cticamente de la deuda descubierta. La Agencia lo va a tener m¨¢s dif¨ªcil tras la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, seg¨²n la cual la simple interposici¨®n de una denuncia no interrumpe el plazo para la persecuci¨®n de un delito -cinco, diez o m¨¢s a?os, seg¨²n la gravedad-. Dos mil expedientes por delito fiscal corren as¨ª el riesgo de quedar amnistiados por prescripci¨®n del plazo. Y el colapso amenaza igualmente a los tribunales econ¨®mico-administrativos, que acumulan la friolera de 200.000 expedientes tributarios pendientes de resoluci¨®n.

"Si existe tanta conflictividad judicial", indica Luis del Amo, "es porque la experiencia estad¨ªstica demuestra que se puede ganar en los tribunales o, al menos, obtener un tiempo muy valioso. Luego, hay jueces sin gran formaci¨®n tributaria e inspectores que fuerzan mucho las cosas porque enfrente suelen tener a un equipo de asesores que tambi¨¦n utilizan la ley al l¨ªmite. Adem¨¢s, siempre queda la posibilidad", destaca, "de que los papeles terminen perdi¨¦ndose en la Administraci¨®n tributaria o en los propios juzgados".

Dada la desigualdad existente, pretender que el sistema tributario act¨²e sobre el conjunto de los contribuyentes con id¨¦ntica eficacia no deja de ser un prop¨®sito voluntarioso, condenado de antemano, por mucho celo que la Agencia Tributaria ponga en el empe?o. Sin llegar a tanto, lo que s¨ª cabe exigir es que el sistema act¨²e, al menos, con la misma diligencia en todos los casos para acabar con la sensaci¨®n de desbarajuste, reducir el margen de impunidad y poner coto a los privilegiados que instrumentalizan las Sicav (sociedades de inversi¨®n de capital variable) a su favor y soslayan la ley fiscal a trav¨¦s de sofisticadas operaciones de ingenier¨ªa financiera. Aunque robar a un "ente sin rostro" como el Estado rebaja, por lo visto, las objeciones ¨¦ticas, no hace falta ponerse moralista para asociar ese 10% extra de econom¨ªa sumergida que tiene Espa?a con el hecho de que nuestro pa¨ªs destine ocho puntos menos del PIB que el resto de Europa a las ayudas y servicios sociales.