La Casa Blanca lanza una ofensiva para legitimar las escuchas ordenadas por Bush

El Departamento de Justicia de EE UU prepara el campo para la gran batalla sobre si George W. Bush viol¨® los l¨ªmites de la autoridad presidencial al ordenar en 2002 un programa de escuchas sobre las comunicaciones electr¨®nicas con el extranjero. Hace dos semanas, un informe del Congreso cuestion¨® las explicaciones dadas hasta ahora, pero no lleg¨® a definirse sobre la legalidad de la decisi¨®n.

En la l¨®gica de la 'guerra contra el terrorismo', el titular del Departamento, el Fiscal General Alberto Gonzales, que ir¨¢ al Senado el pr¨®ximo 6 de febrero, ha adelantado en un documento de 42 p¨¢ginas las bases legales sobre las que la Administraci¨®n afirma que "las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad

[NSA, encargada de las escuchas] son indispensables para la defensa del pa¨ªs".

El presidente, a?ade el escrito, tiene "la autoridad necesaria para cumplir con esa responsabilidad" mediante el art¨ªculo II de la Constituci¨®n, que establece sus poderes ejecutivos. Y las escuchas se llevan a cabo "con plena protecci¨®n de las libertades garantizadas por la Constituci¨®n".

La ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 proh¨ªbe que se esp¨ªe a ciudadanos estadounidenses sin el permiso de un tribunal especial. La Casa Blanca orden¨® a la NSA intervenir las comunicaciones internacionales por tel¨¦fono e Internet de personas sospechosas de conexi¨®n con grupos terroristas sin la solicitud del permiso.

Cuando la orden fue conocida, hace un mes, hizo estragos en el Congreso, especialmente entre los dem¨®cratas, pero tambi¨¦n entre numerosos republicanos, y fue determinante a la hora de impedir la pr¨®rroga de la Ley Patri¨®tica, que refuerza de manera extraordinaria los poderes policiales y que ha sido denunciada por grupos de defensa de los derechos civiles. Dos de estos grupos llevaron el caso de las escuchas a los tribunales el pasado martes.

Lo que Gonzales argumenta es que las acciones de la NSA son "legales en todos los sentidos" y que sin ellas no habr¨ªa "un sistema de alerta temprana para detectar y evitar un nuevo y catastr¨®fico atentado terrorista". Adem¨¢s de la menci¨®n a la Constituci¨®n, Justicia cree que "en el conflicto espec¨ªfico de Al Qaeda y los grupos terroristas", la Casa Blanca tiene las manos libres a partir de la resoluci¨®n del Congreso del 14 de septiembre de 2001 en la que se autoriz¨® al presidente a "usar toda la fuerza apropiada y necesaria contra pa¨ªses, organizaciones o personas que ¨¦l determine que planeen, autoricen, colaboren o cometan atentados terroristas contra EE UU".

De una exhaustiva enumeraci¨®n de fallos jur¨ªdicos y de declaraciones de presidentes republicanos y dem¨®cratas, Justicia entiende que "la historia demuestra que la intervenci¨®n de comunicaciones sin permiso judicial contra objetivos enemigos en tiempos de guerra es parte tradicional y fundamental del uso de la fuerza militar". La declaraci¨®n del Congreso, seg¨²n Justicia, "coloca al presidente en el cenit de sus poderes para autorizar las actividades de la NSA".

El estudio del Congreso puso en duda que la declaraci¨®n se pueda traducir en un permiso expreso para las escuchas. Buena parte de los congresistas dem¨®cratas y algunos republicanos coinciden con que esa interpretaci¨®n es abusiva, ilegal e inconstitucional, y as¨ª se lo har¨¢n saber a Gonzales dentro de dos semanas. La Uni¨®n de Libertades Civiles rechaz¨® ayer el an¨¢lisis de Gonzales. Seg¨²n su director, Anthony Romero, "los hechos y las leyes demuestran que las escuchas violan la Primera y la Cuarta enmiendas de la Constituci¨®n y la ley de 1978".

Para Romero, "cualquier opini¨®n procedente de Justicia debe ser tomada con un sano escepticismo, dado el papel de Gonzales en el caso como asesor jur¨ªdico de la Casa Blanca. El zorro no puede estar a cargo del gallinero, y por eso hace falta un fiscal independiente que investigue el asunto".

La pr¨®xima semana se acentuar¨¢ la ofensiva para justificar las escuchas, con una visita de Bush, el mi¨¦rcoles, a la Agencia Nacional de Seguridad, cerca de Washington. Para el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, es un esfuerzo que trata de convencer a los estadounidenses de que las escuchas "son una herramienta vital que nos ayuda a salvar vidas y evitar atentados; son limitadas y dirigidas a las comunicaciones de Al Qaeda".