Urbanismo desenfrenado: una bomba de neutrones

La humanidad guarda en sus retinas los efectos de la bomba at¨®mica sobre la ciudad de Hiroshima. Esqueletos urbanos separados por calles levantadas en las que deambulaban at¨®nitos unos pocos supervivientes que no daban cr¨¦dito a lo que ve¨ªan.

El horror infinito y el miedo a la reacci¨®n del enemigo llevaron a los cient¨ªficos a la sustituci¨®n por la bomba de hidr¨®geno, miles de veces m¨¢s potente, y posteriormente se lleg¨® a dise?ar una bomba de neutrones bautizada como "bomba limpia". Se trata de un artefacto liberador de una gran cantidad de neutrones que bombardean el objetivo induciendo una alta carga de radiactividad que afecta solamente a las personas sin destruir el entorno. Si alg¨²n d¨ªa se experimenta la fotograf¨ªa ser¨¢ distinta. Las casas intactas, perfectamente alineadas y las calles despejadas, pero no encontraremos seres humanos que las habiten o peatones que las transiten.

Este escenario puede ser un anticipo de lo que veremos en algunas zonas de nuestro pa¨ªs si no controlamos la desenfrenada planificaci¨®n urban¨ªstica, en las costas y tambi¨¦n en los aleda?os de las grandes urbes. Las futuras generaciones no se merecen esta herencia. La tierra que nos han legado nuestros antecesores no es nuestra, pertenece a los que nos sucedan.

El derecho de propiedad no es ilimitado. El uso arrogante, insolidario y brutal de este derecho es contrario al orden constitucional que destaca su funci¨®n social, por encima de los intereses especulativos. Si en alg¨²n aspecto la propiedad del suelo alcanza su m¨¢xima dimensi¨®n social y constitucional es cuando se destina a la construcci¨®n de viviendas.

Las alarmas se han disparado ante un hecho ins¨®lito. Una concejal del Partido Popular de Alhama de Murcia ha paralizado con su voto una iniciativa urban¨ªstica incre¨ªblemente monstruosa. Afortunadamente ciertas sensibilidades, acorchadas por el desarrollismo, se han despertado y exigen a los pol¨ªticos que valoren las consecuencias de esta locura, piensen en el futuro y respeten los intereses generales.

Ha llegado el momento de que el Estado de Derecho se tome en serio el problema y ataje las consecuencias catastr¨®ficas que conllevan pol¨ªticas urban¨ªsticas impulsadas por la mera especulaci¨®n y reparto de beneficios.

No es f¨¢cil explicar a los ciudadanos por qu¨¦ las leyes no se cumplen y por qu¨¦ el sistema judicial no responde. Hemos sido capaces de generar variadas leyes del agua y del suelo, est¨¦ticamente perfectas, pero ineficaces. Se ha integrado su regulaci¨®n en el conjunto que forman los espacios en los que las personas tienen necesariamente que desarrollar sus actividades vitales en condiciones que les permitan sentirse, al mismo tiempo, ciudadanos y seres humanos. Se puede afirmar, sin exageraci¨®n alguna, que estamos fracasando estrepitosamente en la salvaguarda del desarrollo sostenible.

La apacible temperatura de nuestras costas mediterr¨¢neas es propicia para las personas que han terminado su vida laboral y disfrutan de posibilidades econ¨®micas fijen su residencia de forma estable, sobre todo durante los rigores del invierno europeo. Somos, por gracia de la naturaleza y de nuestras coordenadas geogr¨¢ficas, un lugar privilegiado para el descanso y tambi¨¦n para desarrollos alternativos.

Este presente y un prometedor futuro no pueden quedar en manos de especuladores legitimados bajo la cobertura legal de "agentes urban¨ªsticos" que utilizan una ley, que no resiste al m¨¢s m¨ªnimo an¨¢lisis racional, para actuar como aut¨¦nticos cuatreros, chantajeando a ciudadanos espa?oles y europeos que hab¨ªan dise?ado de forma arm¨®nica, en la mayor¨ªa de los casos, su lugar de descanso.

Una nueva especie de depredadores, con el consentimiento y el empuje de los responsables de algunos municipios y, por qu¨¦ no admitirlo, de irracionales conciudadanos, ha iniciado una operaci¨®n devastadora que s¨®lo tiene como objetivo el dinero f¨¢cil y r¨¢pido que se reparte desigualmente entre entidades p¨²blicas y sociedades privadas.

Con arrogancia infinita y prepotencia, legalmente avalada, presentan planes urban¨ªsticos fara¨®nicos con el s¨®lo material de los papeles que los sustentan y la esperanza de un lucrativo incremento de sus patrimonios a costa de los espacios de convivencia. Algunos municipios se prestan a sus planes y, lo que es peor, deciden convencer a sus representados, ofreci¨¦ndoles el proyecto como un man¨¢ creador de innumerables puestos de trabajo y beneficios sin fin. El municipio promete a sus vecinos que con el dinero recaudado se mejorar¨¢n los servicios. El dinero normalmente se gasta en la pompa y ostentaci¨®n. La educaci¨®n, sanidad y vivienda es tarea que se reclama de las autoridades auton¨®micas o estatales.

En las zonas de escasa pluviosidad, las desaladoras, depuradoras y servicios de recogida de basuras o residuos recaer¨¢n sobre los entusiastas vecinos que no valoran, m¨¢s all¨¢ de su inmediata vivencia, las consecuencias para ellos y para futuras generaciones.

No comprendo c¨®mo se ha llegado a este estado de cosas sin que las autoridades hayan tomado medidas dr¨¢sticas para abordar el problema. Afortunadamente el Parlamento Europeo, donde se sientan los representantes de muchos ciudadanos afectados por esta vor¨¢gine, ha escuchado sus quejas. Desde la distancia y la objetividad que les otorga su posici¨®n, han llegado a la conclusi¨®n, t¨¦cnicamente irrebatible, de que en nuestro pa¨ªs el salvajismo urban¨ªstico ha alcanzado cotas peligrosas que exigen urgentes correcciones.

No soy, en principio, partidario de solucionar los conflictos a golpes de derecho penal, pero la realidad me ha convencido de que es la ¨²nica esperanza para reconducir una pol¨ªtica suicida, que cuenta con la complacencia de muchos ciudadanos que jalean a un alcalde por tener limpias las calles y no le reprochan haberles asfixiado la convivencia. El pan para hoy y hambre para ma?ana no parece preocupar a los alegres y confiados electores que reeligen a los que bajo el lema "pon el ladrillo y corre" ofrecen maravillas inmediatas y desastres para el futuro.

El derecho urban¨ªstico y los tribunales que lo aplican podr¨ªan ser la primera pantalla de protecci¨®n anulando planes y derribando lo incipientemente construido. Por desgracia, todos sabemos que cuando la maquinaria judicial llega a dictar una resoluci¨®n definitiva, las colmenas de adosados que reptan por las colinas o los rascacielos ribere?os ya est¨¢n habitados.

Nos queda el derecho penal que s¨®lo contempla leves penas para estos delincuentes ambientales y especuladores del suelo. Muy pocas veces alg¨²n promotor o un alcalde demasiado expeditivo llega a los tribunales. Puede ser que incluso se les imponga una pena de prisi¨®n y multa que pagar¨¢n complacidamente.

Antes de que el tsunami de cemento se nos venga encima debemos activar los mecanismos de alerta y regular la expansi¨®n racional y no especulativa de una riqueza natural que no hemos hecho nada para merec¨¦rnosla. S¨ª mereceremos el reproche de nuestros conciudadanos si no sabemos utilizar los recursos del Estado de Derecho para que, en un futuro, como ya ha pasado en algunas zonas, los bloques de apartamentos no parezcan estructuras fantasmag¨®ricas que nos recuerden el desastre que estamos impasiblemente levantando. Al final conseguiremos los mismos efectos que la bomba de neutrones: cemento y desolaci¨®n.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn es magistrado del Tribunal Supremo.