Alegret se opone a que el TSJC incremente sus competencias

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), Mar¨ªa Eugenia Alegret, y un representante de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), organizaci¨®n mayoritaria y conservadora entre los jueces, presentar¨¢n hoy 13 objeciones o enmiendas contrarias a que se descentralice la justicia y a que aumenten las competencias del TSJC y de la Generalitat en el dise?o de la pol¨ªtica judicial.

Tambi¨¦n se oponen a que se fomente el uso del catal¨¢n entre los funcionarios y a que se estudien f¨®rmulas de acceso a la judicatura similares a las de los pa¨ªses europeos. Las alternativas que proponen en mucho de los casos es que se supriman directamente esas sugerencias o que las cosas contin¨²en como hasta ahora, es decir, que el poder judicial siga centralizado en el Ministerio de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial.

Guillem Vidal, predecesor de Alegret en el cargo durante 10 a?os, advert¨ªa a menudo de que el Estado de las autonom¨ªas no hab¨ªa llegado a la Justicia. Para intentar cambiar las cosas, el Departamento de Justicia plante¨® hace meses la redacci¨®n del Libro Verde de la Administraci¨®n de justicia, la propuesta m¨¢s seria que se ha hecho desde Catalu?a. Alegret se opone al contenido de algunas de esas 102 recomendaciones que se aprobar¨¢n hoy en el Consejo de Justicia que presidir¨¢ Pasqual Maragall.El marco en el que Alegret y el magistrado Miguel Collado, ambos de la APM, defender¨¢n sus posiciones es el Consejo de la Justicia de Catalu?a, un organismo consultivo integrado por todos los sectores del ramo. Tambi¨¦n han presentado enmiendas el magistrado Francisco de Borja Villena, de la asociaci¨®n moderada Francisco de Vitoria, y Assumpci¨® Riba, se la Uni¨®n Progresista de Secretarios Judiciales.

La reuni¨®n de hoy del Consejo de Justicia se produce en un momento en el que se ha alcanzado un pacto sobre el nuevo Estatut que incorpora, total o parcialmente, algunas de esas recomendaciones a las que siempre se ha opuesto la derecha judicial con Alegret a la cabeza y en la l¨ªnea de algunos planteamientos de Francisco Hernando, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, dominado por la APM.

En la reuni¨®n de hoy Alegret defender¨¢ personalmente que el Tribunal Superior de Justicia que ella preside no tenga competencias para resolver los recursos de casaci¨®n sobre derecho estatal.

Tambi¨¦n ha presentado otra enmienda contraria a que la Generalitat tenga una opini¨®n "vinculante" en la presentaci¨®n de leyes para modificar la planta judicial en Catalu?a. Es decir, la organizaci¨®n y distribuci¨®n de los juzgados. En ese sentido, otra de las enmiendas presentadas por la m¨¢xima autoridad judicial catalana propone eliminar el apartado en el que se alude a considerar la justicia de proximidad en el dise?o de la planta judicial.

Alegret tambi¨¦n pretende la supresi¨®n de la recomendaci¨®n 95, que propone desconcentrar el Consejo General del Poder Judicial y su sustituci¨®n por el Consejo Territorial de Justicia, que es lo que finalmente se ha acordado en el Estatut, con la intervenci¨®n del Parlament en la designaci¨®n de sus integrantes. La alternativa de Alegret pasa por que las cosas no cambien mucho. Actualmente la sala de gobierno del TSJC, que ella preside, tiene mayor¨ªa conservadora. Alegret propone incorporar representantes de otros ¨¢mbitos para que hagan "propuestas".

La presidenta del TSJC tampoco quiere ni o¨ªr hablar de que se promueva la homologaci¨®n del personal de justicia con el resto de los funcionarios de la Generalitar. Por eso propone la supresi¨®n de ese punto y que los funcionarios sigan siendo cuerpos nacionales. La misma soluci¨®n sugiere para la recomendaci¨®n en la que se pide que se adopten medidas legales para que ning¨²n profesional relacionado con la Administraci¨®n de justicia -desde jueces a funcionarios- pueda alegar desconocimiento del catal¨¢n en el ejercicio de sus funciones.

La justicia de proximidad, otra de las iniciativas que detesta la derecha judicial, tampoco es bien vista por la APM como un destino futuro para personas que ahora son jueces de paz.