Refer¨¦ndum de choque

Puesto a defender la Constituci¨®n frente al Estatuto de Catalu?a, el presidente del PP, Mariano Rajoy, plante¨® ayer una propuesta directamente inconstitucional: promover por v¨ªa de iniciativa popular un refer¨¦ndum en toda Espa?a sobre ese estatuto. Hasta tal punto es inconstitucional la ocurrencia que su partido se vio obligado a aclarar posteriormente que se trata m¨¢s bien de recoger firmas para apoyar una proposici¨®n no de ley instando al Gobierno a que plantee una proposici¨®n de ley para convocar un refer¨¦ndum en todo el territorio espa?ol. Este galimat¨ªas no oculta la evidencia de que lo que se pretende no es tanto que se convoque ese imposible refer¨¦ndum como excitar las pasiones en torno a su discurso de denuncia frontal de la reforma catalana. Tan frontal que las moderadas declaraciones del l¨ªder del PP en Catalu?a, Josep Piqu¨¦, en las que apreciaba una mejora en el texto tras la negociaci¨®n Zapatero-Mas, han sido objeto de una descalificaci¨®n brutal por parte de Acebes que le ha colocado ante la disyuntiva de callar o marcharse.

La Constituci¨®n contempla la posibilidad de la iniciativa popular para la presentaci¨®n de proposiciones de ley, pero establece una serie de exclusiones: no podr¨¢n abordar materias tributarias, ni medidas de gracia, ni acuerdos internacionales y tampoco leyes org¨¢nicas. El Estatuto lo es. Tales limitaciones tratan de evitar, seg¨²n el pre¨¢mbulo de la Ley reguladora de la iniciativa popular, "manipulaciones demag¨®gicas" e incluso intentos de legitimar bajo el manto de un supuesto "consenso popular" posiciones partidistas. El intento de burlar estas limitaciones con el galimat¨ªas mencionado tiene todo el aire de un fraude de ley.

Pero la iniciativa supone sobre todo vulnerar las previsiones constitucionales y del propio Estatuto sobre el procedimiento de su reforma: propuesta del Parlamento auton¨®mico, aprobaci¨®n por mayor¨ªa absoluta en las Cortes y refer¨¦ndum en la comunidad. Es una f¨®rmula equilibrada: la necesidad de convalidaci¨®n por las Cortes debe ser tenida en cuenta por los redactores del anteproyecto, pero la ¨²ltima palabra la tienen los ciudadanos de Catalu?a, lo que deber¨¢ ser tenido en cuenta por el Congreso a la hora de negociar correcciones y enmiendas. Ese equilibrio se rompe si se establece un refer¨¦ndum del conjunto de los espa?oles.

Las razones que pueda tener Rajoy para oponerse al texto las pierde cuando se sube al carro de la demagogia populista que otras veces ha criticado. Puede sostenerse, como hace Piqu¨¦, que las cr¨ªticas del PP han contribuido a que los socialistas recortasen las aristas inconstitucionales del texto, y exigir, en nombre de sus casi 10 millones de votantes, que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Si ni siquiera puede decirse lo que dijo Piqu¨¦, se est¨¢ emitiendo el mensaje de que lo que importa no es mejorar el Estatuto, sino convertirlo en bandera de la estrategia de cuanto peor, mejor.