El azufre de Carl Schmitt

Habr¨¢ que acudir de urgencia a los fil¨®sofos del Derecho, a doctos y eminentes juristas, para que nos expliquen lo que est¨¢ pasando en la democracia m¨¢s notable del mundo y pa¨ªs por lo dem¨¢s amigo y aliado de Espa?a y de la Uni¨®n Europea. Un pu?ado de juristas -desde el fiscal general, Alberto Gonzales, hasta el candidato a ocupar una vacante en el Supremo, Samuel Alito- se ha convertido en una factor¨ªa de argumentos con apariencia de constitucionalidad para situar al presidente de Estados Unidos por encima de la ley y de los otros poderes. Esta deferencia no es gratuita, sino que responde a objetivos tan precisos como inquietantes: cubrir legalmente actividades tan poco edificantes como mantener indefinidamente en detenci¨®n y sin juicio a sospechosos de terrorismo, someter a tortura a los detenidos, encarcelarlos e interrogarlos en mazmorras clandestinas situadas en pa¨ªses donde no hay garant¨ªas ni controles, o realizar escuchas y grabaciones telef¨®nicas sin permiso ni control judicial alguno.

La presidencia de George Bush, ahora en su sexto a?o, no puede ofrecer m¨¢s lamparones ante la opini¨®n p¨²blica. Las manchas y churretes que la adornan son m¨¢s de los que caben y se pueden contar en una simple columna: desde la desastrosa invasi¨®n de Irak hasta la gesti¨®n de la cat¨¢strofe del hurac¨¢n Katrina, pasando por los esc¨¢ndalos protagonizados por sus colaboradores en la Casa Blanca, como Scooter Libby o Karl Rove, o en su partido, como el ex l¨ªder republicano en el Congreso Tom DeLay o el lobbista Jack Abramoff. Aunque no ha podido siquiera iniciar la aplicaci¨®n del programa electoral con el que obtuvo su segundo mandato -reforma del sistema de pensiones o nueva bajada de impuestos-, hay que reconocer que Bush y su equipo siguen avanzando impasibles. Quieren ampliar los poderes presidenciales, tener manos libres para recortar derechos civiles, sortear la acci¨®n de los tribunales, evitar el control del Congreso, copar el Tribunal Supremo con magistrados conservadores y, antes de que el viento cambie de direcci¨®n, alcanzar con el poco ox¨ªgeno que les queda la cumbre de las elecciones de noviembre de 2006, en las que estar¨¢ en juego la doble mayor¨ªa republicana.

Samuel Alito, el candidato a ocupar una plaza vitalicia en el Supremo, es el autor de la teor¨ªa del Ejecutivo unitario, una forma peculiar de defender la concentraci¨®n de poder y convertir al presidente en el int¨¦rprete de la Constituci¨®n. Gracias a la invenci¨®n de unas extra?as "declaraciones firmadas" (signing statements), el presidente puede corregir el contenido de una ley mediante la introducci¨®n posterior de su peculiar interpretaci¨®n. Es lo que hizo Bush, el 30 de diciembre, con la ley en la que se proh¨ªbe la tortura, mof¨¢ndose as¨ª del senador McCain, autor de la enmienda antitortura, y en cierta forma de los amigos de la UE que le hab¨ªan transmitido su preocupaci¨®n por los derechos humanos. Tambi¨¦n Alberto Gonzales, promotor de los informes sobre la legalizaci¨®n de los interrogatorios violentos, acaba de fabricar otro papel que justifica los poderes presidenciales para ordenar las escuchas y grabaciones telef¨®nicas sin control judicial.

Estos genios sin escr¨²pulos del malabarismo jur¨ªdico parecen salidos del mismo patr¨®n. Sus escritos tienen un tufillo sulfuroso que les emparienta con Carl Schmitt, el jurista magistral que proporcion¨® herramientas conceptuales a la dictadura de Hitler, entre las que se cuentan la preponderancia absoluta del Ejecutivo, la exaltaci¨®n de la decisi¨®n pol¨ªtica por encima de la norma y la figura del soberano como quien decide el estado de excepci¨®n. No es la primera vez que se suspenden derechos constitucionales en Estados Unidos, pero nunca se hab¨ªa hecho con vocaci¨®n de permanencia. La base legal que ahora se utiliza para dar tantos poderes al presidente hasta convertirlo en due?o de la vida y la muerte, la libertad y la privacidad es el mandato que recibi¨® del Congreso el 18 de septiembre para librar la guerra contra el terrorismo. Sin fecha de caducidad, porque el propio presidente ha reconocido que se trata de una guerra que no tendr¨¢ fin. Y de consecuencias tan tristes como evidentes. "Nuestro dise?o constitucional est¨¢ en peligro", declar¨® Al Gore hace escasos d¨ªas. Y el veterano columnista William Pfaff fue todav¨ªa m¨¢s lejos: "El presidente y sus consejeros est¨¢n avanzando una doctrina americana de la dictadura presidencial".