Bush defiende su lucha antiterrorista en la agencia dedicada a las escuchas

En la campa?a que desde hace semanas mantiene la Casa Blanca para justificar el programa de escuchas electr¨®nicas, ordenado por George W. Bush en 2002, el presidente visit¨® ayer la sede de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), encargada de realizar este tipo de escuchas en el exterior, se reuni¨® con sus empleados a puerta cerrada y asegur¨® que utilizar¨¢ su "autoridad legal" para impedir otro atentado terrorista en EE UU.

En el simb¨®lico marco del organismo que lleva a cabo las escuchas en las comunicaciones con el exterior -ejecutadas sin mandato judicial y sin la intervenci¨®n de los tribunales especiales, tal como prescribe la ley de Vigilancia Exterior de 1978- y desafiando a los cr¨ªticos, Bush construy¨® su argumento de defensa de los pinchazos en torno a las ¨²ltimas amenazas de atentados procedentes de Osama Bin Laden.

En opini¨®n de Bush, no se pueden despreciar estas amenazas: "Entiendo que haya gente que diga que no puede ser verdad, que ya no hay gente que nos quiere atacar. Lo que yo les dir¨ªa es que escuchen las palabras de Bin Laden y se lo tomen en serio. Cuando dice que va a hacer da?o a los norteamericanos otra vez o que va a intentarlo, va en serio, y as¨ª hay que tom¨¢rselo, que es como se lo toma la gente de la NSA y la mayor¨ªa de la poblaci¨®n".

Enlazando el mensaje de la pasada semana con su prop¨®sito, el presidente a?adi¨® que "los terroristas har¨¢n todo lo que est¨¦ en sus manos para golpearnos, y yo voy a continuar haciendo todo lo que est¨¦ en mi autoridad legal para imped¨ªrselo".

Opiniones contrarias

En el Congreso, los l¨ªderes dem¨®cratas han denunciado un abuso de esta autoridad presidencial y han puesto en duda su legalidad. Igual han hecho grupos de defensa de los derechos civiles, como la Uni¨®n Americana de Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales, que han llevado a los tribunales la decisi¨®n ejecutiva de 2002 por considerarla ilegal e inconstitucional.

El d¨ªa anterior, el responsable de Justicia, Alberto Gonzales, que comparecer¨¢ ante el Senado el 6 de febrero para testificar, defendi¨® en Georgetown el plan y dijo que era "legal y necesario" para la seguridad de EE UU, y que el Congreso dio al presidente la autorizaci¨®n para utilizar este tipo de herramientas despu¨¦s del 11-S. Y el lunes, en Kansas, el propio Bush repiti¨® que las cr¨ªticas no tienen raz¨®n porque el Congreso dio su aprobaci¨®n para "proteger a los estadounidenses de los atentados terroristas".

Pero dentro de las propias filas republicanas no existe unanimidad: el senador John McCain dijo ayer a la NBC que hace falta saber m¨¢s cosas del programa de escuchas y que "no sabe" si Bush ha violado o no la ley. "Por eso hace falta el debate en el Senado". Pero McCain a?adi¨® que "lo que nadie quiere es no poder escuchar una conversaci¨®n entre un miembro de Al Qaeda y cualquier otra persona que pueda suponer una amenaza para Estados Unidos".