La Sindicatura de Cuentas niega una informaci¨®n solicitada por el Parlament

La Sindicatura de Cuentas ha comunicado al Parlament que no tiene intenci¨®n, de momento, de entregar a los diputados la informaci¨®n requerida sobre qu¨¦ directivos de Ferrocarrils de la Generalitat de la ¨¦poca de CiU cobraron un plan de pensiones declarado irregular. La informaci¨®n ha sido solicitada por una comisi¨®n del Parlament, pero la sindicatura, con el voto en contra del s¨ªndico Agust¨ª Colom, ha decidido que pospone el tr¨¢mite exigido por la C¨¢mara hasta que se haya pronunciado al respecto el Tribunal de Cuentas, que ha nombrado un instructor por si las actuaciones de los directivos de Ferrocarriles fueran constitutivas de alg¨²n tipo de delito.

La informaci¨®n, propuesta por el diputado Joan Boada, portavoz de ICV, y apoyada por la mayor¨ªa de los grupos parlamentarios, fue solicitada tras confirmar un informe de la propia sindicatura enviado al Parlament que 15 directivos de Ferrocarrils de la Generalitat hab¨ªan constituido un fondo de pensiones al margen incluso del Consejo de Administraci¨®n. Despu¨¦s, ante la sospecha de que el fondo era irregular, procedieron a disolverlo, reparti¨¦ndose el dinero y los beneficios correspondientes.

La Sindicatura de Cuentas, para justificar su decisi¨®n de negarse a facilitar los datos, aduce un antecedente de diciembre de 1994 en el que se restring¨ªa el "derecho de los parlamentarios a recibir informaci¨®n" y se tomaba en consideraci¨®n la posibilidad de "posponer la tramitaci¨®n de la informaci¨®n" cuando ¨¦sta se refiriera a "una documentaci¨®n sometida a procedimiento judicial o a fiscalizaci¨®n de la Sindicatura de Cuentas". Por tanto, la sindicatura se?ala que no corresponde dar al Parlament la informaci¨®n hasta que haya "concluido el procedimiento judicial o hasta que la C¨¢mara haya tramitado el informe de la sindicatura".

Informaci¨®n 'sub j¨²dice'

La resoluci¨®n recuerda una notificaci¨®n del Tribunal de Cuentas que establece: "La informaci¨®n obrante en las actuaciones previas tramitadas hasta la fecha por la Sindicatura de Cuentas de Catalu?a, en virtud de la delegaci¨®n antes expresada, debe estar sujeta a las mismas reglas de publicidad que resultan aplicables a las actuaciones judiciales en general, y que no permiten, como es sabido, la comunicaci¨®n de datos m¨¢s all¨¢ de las personas o instituciones legalmente legitimadas para el conocimiento de los mismos. Se debe entender, por tanto, que la informaci¨®n a la que se alude en el escrito del s¨ªndico mayor de la Sindicatura de Cuentas se refiere a hechos que se hallan sub j¨²dice a los efectos interesados y que no debe ser aportada, y ello sin perjuicio del car¨¢cter p¨²blico que pueda tener la resoluci¨®n definitiva que, en su momento, ponga fin al proceso."

Esta notificaci¨®n fue pedida al entender que la informaci¨®n solicitada por el Parlament hac¨ªa referencia "de forma directa a la identidad de personas f¨ªsicas y a hechos que son objeto de un procedimiento de diligencias previas que est¨¢ tramitando la sindicatura por delegaci¨®n del Tribunal de Cuentas".El s¨ªndico Agust¨ª Colom cree que la decisi¨®n de la Sindicatura de Cuentas de no facilitar la informaci¨®n solicitada por la C¨¢mara no se ajusta a derecho, lo que argumenta en el voto presentado en contra de la resoluci¨®n.

Colom argumenta que la decisi¨®n del Parlament est¨¢ justificada y regulada por el reglamento que establece los usos de los diputados y que la C¨¢mara es "el m¨¢ximo ¨®rgano de representaci¨®n de la voluntad del pueblo catal¨¢n" y act¨²a, en este caso, "en el marco de las atribuciones reconocidas por la ley" al efectuar "un mandato institucional". Asimismo se?ala que la petici¨®n pone en evidencia la "preocupaci¨®n del Parlament por la gravedad de los hechos analizados", como qued¨® claro cuando los diputados expresaron su "profunda preocupaci¨®n por la gravedad de los incumplimientos detectados en la retribuci¨®n del personal directivo de la sociedad". Preocupaci¨®n que justifica la entrega de "la informaci¨®n requerida por parte de la instituci¨®n parlamentaria", en la medida en que es "expresi¨®n del inter¨¦s p¨²blico" y debe contribuir al "mayor conocimiento de los hechos referidos al uso de fondos p¨²blicos".

Adem¨¢s, Colom afirma en su voto particular: "La obtenci¨®n de informaci¨®n por parte de los diputados y diputadas constituye un derecho en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, como ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional", del que el s¨ªndico cita dos sentencias al respecto.

Colom reconoce que el hecho de que la informaci¨®n se refiera a cobros efectuados por personas f¨ªsicas podr¨ªa llevar a pensar que se producir¨ªa una "colisi¨®n con el respeto a la vida privada", pero lo descarta porque en todos los casos, 15 seg¨²n la resoluci¨®n de la sindicatura, se trata de "cargos de una entidad p¨²blica", por lo que est¨¢ justificada la comunicaci¨®n del nombre de "los beneficiarios de los ingresos" en la medida en que con ello se facilita la posibilidad de comprobar la "buena gesti¨®n de recursos p¨²blicos en inter¨¦s del p¨²blico". Adem¨¢s, a?ade, hay procedimientos que permiten facilitar "la informaci¨®n con la reserva que las leyes de protecci¨®n de los derechos privados puedan reclamar".

El tripartito, que conoci¨® el asunto al llegar al gobierno, puso el caso en conocimiento del Tribunal de Cuentas, cuyo fiscal estuvo hace unas semanas en Barcelona para recibir explicaciones de algunos de los posibles imputados y pedirles que presenten las alegaciones correspondientes.