El tiempo se agota

En pol¨ªtica no se debe hacer lo que no se puede explicar. Se puede hacer algo que no se puede explicar, pero el coste suele ser alto. La guerra de Irak es el ejemplo reciente m¨¢s claro. Una guerra que no pudo ser explicada nunca de manera objetiva y razonable, de tal manera que hubiera podido ser autorizada por Naciones Unidas y que se acab¨® justificando con mentiras repetidas hasta la saciedad, con la finalidad de que a trav¨¦s de su reiteraci¨®n tuvieran una apariencia de veracidad. El resultado ha sido el desastre que hoy en d¨ªa todo el mundo reconoce y que se reconocer¨¢ todav¨ªa m¨¢s en el futuro, a medida que, una vez que dejen de ocupar el poder Tony Blair y George W. Bush, se relaje el control sobre la informaci¨®n reservada que guardan las administraciones brit¨¢nica y estadounidense.

A partir de un determinado momento quien no participa en una negociaci¨®n no puede aceptar el resultado de la misma

En esto es en lo que consiste la superioridad de la democracia sobre las dem¨¢s formas conocidas de organizaci¨®n del poder. No solamente son superiores desde una perspectiva moral, sino que son tambi¨¦n m¨¢s eficaces, porque las decisiones que se adoptan tienen que ser explicadas y, por lo general, no pueden ser llevadas adelante sin que hayan pasado el control de la opini¨®n p¨²blica.

Esto vale en todos los terrenos en los que se hace pol¨ªtica y en todos los niveles en que se ejerce el poder, internacional, europeo, estatal, auton¨®mico o municipal. La explicaci¨®n de la conducta pol¨ªtica, tanto si es acci¨®n de gobierno como si se trata de la conducta de quien est¨¢ en la oposici¨®n, es la primera de las obligaciones que un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico impone.

Obviamente, la exigencia de explicaci¨®n es tanto mayor cuanto m¨¢s importante es lo que est¨¢ en juego. No es lo mismo no justificar m¨¢s all¨¢ de toda duda razonable por qu¨¦ se inicia una guerra, que no dar una explicaci¨®n convincente de por qu¨¦ no se est¨¢ dispuesto a negociar la reforma de un estatuto de autonom¨ªa, pero ello no quiere decir que la obligaci¨®n no sea exigible tambi¨¦n en este segundo caso y que las consecuencias de no cumplir con esa obligaci¨®n no sean o pueden ser enormes.

En esta tesitura se encuentran en este momento tanto el PA como el PP, que, como escrib¨ªa en su cr¨®nica del pasado viernes Lourdes Lucio, se han enrocado y han votado contra el borrador de la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Andaluc¨ªa aprobado por la Comisi¨®n de Desarrollo Estatutario.

La proposici¨®n de ley de reforma, porque es una proposici¨®n de elaboraci¨®n parlamentaria y no un proyecto elaborado por el Gobierno y remitido al Parlamento, se ha ido haciendo lentamente, partiendo de las aportaciones de todos los grupos parlamentarios en los t¨¦rminos en que ellos han querido hacerlo. No ha habido la m¨¢s m¨ªnima presi¨®n por parte del Gobierno, ni se han establecido fechas l¨ªmites que obligaran a los grupos a tomar decisiones de manera precipitada. Se ha actuado de acuerdo con el procedimiento m¨¢s favorable para que se pudiera alcanzar un consenso.

?Por qu¨¦, entonces, no ha sido posible llegar a un acuerdo? ?Qu¨¦ es lo que resulta tan inaceptable en el texto aprobado para que el PP y el PA lo rechacen de plano? ?Va a significar este rechazo que van a votar tambi¨¦n negativamente en el pleno del d¨ªa 16 en el que se decidir¨¢ la toma en consideraci¨®n de la proposici¨®n de ley de reforma? Si as¨ª lo hacen, ?en qu¨¦ posici¨®n se van a quedar en la fase decisiva de debate y aprobaci¨®n de la reforma por el Parlamento de Andaluc¨ªa, que posteriormente se remitir¨¢ al Congreso de los Diputados para la negociaci¨®n con la Comisi¨®n Constitucional de este ¨²ltimo? ?C¨®mo van a explicar a los ciudadanos en general y a sus votantes en particular su pr¨¢ctica autoexclusi¨®n del debate m¨¢s importante desde 1982 en que se aprob¨® el Estatuto que ahora se pretende reformar?

La verdad es que la explicaci¨®n que han dado ambos partidos parece m¨¢s una excusa que una explicaci¨®n. El "agravio catal¨¢n" que est¨¢ detr¨¢s del rechazo del Partido Andalucista, como consecuencia de que en el Pre¨¢mbulo del Estatuto de Catalu?a figura el t¨¦rmino naci¨®n, despu¨¦s de hacerlo en los t¨¦rminos en que lo hace y tras el cambio experimentado en el art¨ªculo 1? tal como hab¨ªa sido aprobado por el Parlamento de Catalu?a, carece de cualquier tipo de consistencia. No me entra en la cabeza que haya muchos ciudadanos que compartan la idea de que por eso haya que decir no a la reforma del Estatuto en su integridad.

De la misma manera que tampoco se entiende la oposici¨®n del Partido Popular. Al menos no se entiende en clave andaluza. La impresi¨®n que se tiene es que la direcci¨®n andaluza del PP est¨¢ subordinando de nuevo su estrategia en Andaluc¨ªa a su estrategia nacional y que, una vez que la direcci¨®n nacional del PP ha puesto en marcha una estrategia de rechazo frontal del Estatuto catal¨¢n y ha iniciado una campa?a de recogida de firmas, que para m¨¢s INRI ha comenzado en Andaluc¨ªa, no puede llegar a ning¨²n tipo de acuerdo en nuestra comunidad aut¨®noma.

Pero el tiempo se agota. A partir de un determinado momento quien no participa en una negociaci¨®n no puede aceptar el resultado de la misma. Quien est¨¢ diciendo que no en todas las fases de tramitaci¨®n de un texto de naturaleza constitucional, como es el Estatuto de Autonom¨ªa, no puede acabar al final diciendo que s¨ª. Tanto las direcciones del PA como del PP est¨¢n en su derecho de poner en pr¨¢ctica la estrategia que estimen pertinente, pero deber¨ªan saber que el riesgo que est¨¢n corriendo es enorme. Los errores que se comenten respecto de normas constitucionales suelen tener consecuencias irreversibles.