La Junta admite por primera vez la "incidencia directa" de la poluci¨®n de Bail¨¦n en la salud p¨²blica
El aumento de casos de asma y afecciones respiratorias se vincula con la calidad del aire
La Junta ha admitido por vez primera de manera oficial que los humos que emanan las chimeneas de las 154 industrias cer¨¢micas de Bail¨¦n (Ja¨¦n) tienen una "incidencia directa" en la salud p¨²blica. El aumento de casos de asma y otras afecciones respiratorias se relacionan con la elevada concentraci¨®n de part¨ªculas en suspensi¨®n de PM10. La Consejer¨ªa de Salud prepara una encuesta comparativa de salud y un estudio de monitorizaci¨®n anual para medir la eficacia de las medidas previstas en el decreto de calidad ambiental que se aprobar¨¢ el pr¨®ximo martes.
El decreto de calidad ambiental de Bail¨¦n que abordar¨¢ el Consejo de Gobierno del d¨ªa 14 es el primero de estas caracter¨ªsticas que se aprobar¨¢ en Andaluc¨ªa. Ni siquiera Huelva y Algeciras, otros dos n¨²cleos con una mala calidad atmosf¨¦rica por su alta concentraci¨®n industrial, disponen a¨²n de un instrumento similar. Eso da idea de la trascendencia que otorga el Gobierno andaluz al caso de Bail¨¦n, calificado por la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, como "paradigm¨¢tico", porque no hay ning¨²n otro punto en Espa?a donde 154 chimeneas de otras tantas industrias cer¨¢micas convivan con una poblaci¨®n de 19.000 habitantes.
Y es que, durante el ¨²ltimo a?o 2005 el municipio jiennense super¨® en 253 d¨ªas el l¨ªmite permitido de part¨ªculas en suspensi¨®n, de 50 microgramos de part¨ªculas PM10 por metro c¨²bico). Adem¨¢s, la media mensual de concentraciones de part¨ªculas M10 supera en m¨¢s de un 40% a las del resto de estaciones de medici¨®n de la provincia. Tambi¨¦n la concentraci¨®n de di¨®xido de azufre (SO2), de 400 microgramos por metro c¨²bico de aire y 50 microgramos de part¨ªculas, est¨¢ por encima de los ¨ªndices permitidos.
El hecho de que la actividad cer¨¢mica sea la base de la econom¨ªa de Bail¨¦n -genera 2.500 empleos directos y otros tantos indirectos- ha convertido al aspecto medioambiental en un tema tab¨² durante muchos a?os, como ha reconocido el propio alcalde del municipio, Bartolom¨¦ Serrano. En el Plan de Calidad del Aire dise?ado por la Junta se han implicado varias consejer¨ªas, entre ellas la de Salud, que est¨¢ elaborando una encuesta comparativa y har¨¢ un estudio anual de monitorizaci¨®n para medir la eficacia de las medidas que se pondr¨¢n en marcha. A falta de estos estudios, fuentes de la Junta han asegurado que "est¨¢ clara la incidencia directa" para la salud p¨²blica y consideran que el nivel de part¨ªculas en suspensi¨®n justifica un plan de actuaci¨®n. Pedro G¨¢mez, due?o de una farmacia al lado del centro de salud de Bail¨¦n, corrobora esta tesis y se?ala que los casos de asma y otras afecciones respiratorias son muy frecuentes y abundan m¨¢s que en otros lugares. "Claro que hay intranquilidad", dijo, en sinton¨ªa con la opini¨®n de otros facultativos del municipio reacios a dar su nombre. Se da la circunstancia de que en una respuesta parlamentaria del a?o 2004 el Gobierno andaluz minimiz¨® esta situaci¨®n al se?alar que los ¨ªndices de enfermedades respiratorias no difieren en exceso del de cualquier otra poblaci¨®n.
El decreto que se dispone a aprobar la Junta se marca la fecha de octubre de 2007 para que las empresas rebajen sus emisiones para poder optar a la autorizaci¨®n medioambiental, y les da 12 meses para que realicen las adaptaciones tecnol¨®gicas. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como los empresarios consideran que los plazos que se prev¨¦n no se podr¨¢n cumplir. "Tenemos la sensaci¨®n de que vamos tarde", admite el alcalde. El Ayuntamiento va a destinar en el futuro PGOU suelo industrial para que las cer¨¢micas abandonen el casco urbano. "El sector ceramista est¨¢ totalmente decidido a rebajar las emisiones, pero nos hacen falta ayudas", asegura Juan del Reino, presidente de la Asociaci¨®n de Ceramistas, que representa a las 40 industrias de este sector que est¨¢n disconformes con los derechos de emisiones que les han sido impuestos por el Gobierno en base a las exigencias medioambientales derivadas del protocolo de Kioto.
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