Abrir las c¨¢rceles

Los asesinatos cometidos por presos de permiso o en libertad condicional alarman a la sociedad, que acent¨²a entonces su proclividad a la represi¨®n y al endurecimiento del C¨®digo Penal, y entristecen a los funcionarios de prisiones y profesionales comprometidos con la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social de los condenados. Las penas privativas de libertad deber¨¢n orientarse hacia ese fin, seg¨²n el art¨ªculo 25.5 de la Constituci¨®n. "Los fracasos nos machacan", admite Mat¨ªas Mu?oz, director de Centro Penitenciario Madrid VI, con 1.668 internos en sus m¨®dulos. Los quebrantamientos de la ley machacan cuando son cruentos y espantosos porque debilitan la confianza de la sociedad en la rehabilitaci¨®n de los delincuentes, y causan desesperanza entre los psic¨®logos, educadores y grupos que la intentan con una filosof¨ªa penitenciaria m¨¢s innovadora. Pocos espa?oles conocen, sin embargo, que el mismo d¨ªa en que un penado de permiso reincide, m¨¢s de dos mil regresan al presidio sin haberlo hecho. Todos los salidos de Madrid VI, cerca de Aranjuez, con pases navide?os volvieron a sus celdas, e igual ocurri¨® en la mayor¨ªa de las 77 c¨¢rceles repartidas por toda Espa?a, 11 gestionadas por la Generalitat. El pasado 11 de enero, 5.521 internos disfrutaban de libertad condicional.

"Llevo 17 a?os viviendo con ex presos y nunca se puede decir que alguien es irrecuperable"

El endurecimiento legislativo del a?o 2003, que limit¨® la libertad condicional, ser¨¢ atemperado

"Decir que un delincuente no tiene arreglo es como decir hace a?os que el c¨¢ncer no se cura"

Actuar para influir en la conducta de los delincuentes presos

S¨®lo cuatro o cinco psic¨®logos para prisiones con casi 1.700 internos

La mayor¨ªa delinque contra la propiedad y la salud p¨²blica

El preso es reinsertable si se habilitan los medios para ello

No obstante, el combate contra la reincidencia, superior al 40% en los promedios, y a favor de la rehabilitaci¨®n ha sido escasamente fruct¨ªfero porque no fueron erradicadas las causas que motivaron las conductas delictivas: la pobreza, el paro, la marginalidad, el machismo, la ausencia de valores, el analfabetismo, o la drogodependencia; tambi¨¦n los vicios de la condici¨®n humana: desde la ambici¨®n desmedida al hedonismo extremo. "No es tanto que la sociedad tiene las prisiones que se merece, sino al rev¨¦s: las prisiones tienen la sociedad que reflejan", indica Carlos Garc¨ªa Vald¨¦s, catedr¨¢tico de la Universidad de Alcal¨¢, autor de la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria (LO 1/1979), aprobada por unanimidad hace 27 a?os. Este destacado acad¨¦mico ha dirigido la comisi¨®n encargada de redactar el informe que inspirar¨¢, en buena medida, el anteproyecto de la nueva ley org¨¢nica general en preparaci¨®n, que parte de la relectura de la aprobada el 26 de septiembre del a?o 1979.

El texto est¨¢ siendo tramitado en los distintos ministerios y recoge las necesidades de la nueva realidad social y penitenciaria en Espa?a. "Hay que ir al menos a una resocializaci¨®n de m¨ªnimos. No le pido a usted (al preso) que acepte los valores sociales, sino que no cometa delitos", indica Garc¨ªa Vald¨¦s. ?se el es prop¨®sito de la redefinici¨®n en marcha desde el a?o 2004, al producirse el cambio de Gobierno: menos rejas, m¨¢s r¨¦gimen abierto y m¨¢s terapia. El tratamiento de la poblaci¨®n reclusa desde un enfoque m¨¢s integral que cl¨ªnico ser¨¢ el eje fundamental del anteproyecto, que pretende adaptar el funcionamiento del sistema a la realidad espa?ola: dar carta de legalidad a las modificaciones que la propia evoluci¨®n incorpor¨® al r¨¦gimen interno de las prisiones a trav¨¦s de reglamentos y circulares. Los Centros de Inserci¨®n Social, las Unidades Dependientes, o las Unidades de Madres, instituciones no recogidas en la LOGP de 1979, pasar¨¢n a formar parte del anteproyecto de ley. Tambi¨¦n entrar¨¢ la orientaci¨®n doctrinal y jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre reducir el castigo al trapicheo de drogas, y sobre visitas y cacheos. Previsiblemente, se mantendr¨¢ el cumplimiento ¨ªntegro de la condena.

El endurecimiento legislativo del 2003, implant¨® criterios restrictivos en la aprobaci¨®n del tercer grado (trabajar fuera de la prisi¨®n y dormir en ella) y las libertades condicionales, y se ampliaron los tipos delictivos y las penas. Era m¨¢s f¨¢cil entrar en la c¨¢rcel y mucho m¨¢s dif¨ªcil salir. Hoy est¨¢n saturadas. El reto hacia un nuevo modelo es arduo porque la administraci¨®n, adem¨¢s de otros imponderables, no puede atender con terapias diferenciadas a los 61.265 reclusos censados en noviembre del pasado a?o (casi un tercio extranjeros), cerca del doble que en 1990. Cerca de la mitad delinqui¨® para costearse la adicci¨®n a las drogas. La severidad del C¨®digo Penal de 1995, que derog¨® la redenci¨®n de pena por el trabajo, entre otras medidas, las reformas de hace tres a?os, el aumento de los delitos, y sobre el numeroso ingreso carcelario extranjeros a partir del a?o 2000, determinan que Espa?a sea el segundo pa¨ªs de la Uni¨®n Europea (UE) con m¨¢s presos por habitante, 140 por cada 100.000 habitantes, detr¨¢s del Reino Unido.

El informe de la comisi¨®n de expertos cursado a Interior aligera el acceso al tercer grado, y a la libertad condicional, adem¨¢s de modificar el art¨ªculo de la ley, que exige el previo cumplimiento de las responsabilidades civiles y pecuniarias del delincuente con sus v¨ªctimas. Pocos presos hubieran salido de las c¨¢rceles de haberse llevado hasta sus ¨²ltimas consecuencias esa exigencia. Los jueces de vigilancia interpretar¨¢n si el preso cumple con "la tendencia a satisfacer" esas responsabilidades mediante el pago a plazos u otras se?ales. "El tratamiento del preso se abordar¨ªa no s¨®lo desde las ciencias de la conducta, sino desde el enfoque de todo lo que ayuda a la reinserci¨®n: desde el trabajo, la educaci¨®n, las visitas, los permisos de salida", anticipa Garc¨ªa Vald¨¦s.

Todo se dirige a evitar que la c¨¢rcel sea un elemento puramente punitivo, el castigo por el castigo, m¨¢s un problema que una soluci¨®n: el lugar donde la sociedad aparca y oculta sus propios fracasos. Pero la sociedad debe actuar y no s¨®lo desde los poderes p¨²blicos. El ¨¦xito de la reinserci¨®n obliga a la convergencia de partidos, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones profesionales, y sindicatos de empresarios y trabajadores.

"Llevo 17 a?os viviendo en casa con gente que sale de la c¨¢rcel. No se puede decir nunca que alguien es irrecuperable", se?ala Juan Carlos R¨ªos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Comillas. "La gente se recupera cuando llega el momento y si le damos los medios para ello". Pero la sociedad no acoge bien a los excarcelados, siempre estigmatizados y siempre bajo sospecha.

El 48,8% de una muestra de 330 reincidi¨®, seg¨²n el ¨²ltimo estudio de la Central Penitenciaria de Observaci¨®n publicado hace cuatro a?os. El mismo comportamiento lo tuvo el 37,4% de los 1.555 sujetos estudiados por el Departamento de Justicia de la Generalitat en un informe divulgado en el a?o 2004. Otras fuentes aseguran que la reincidencia sobrepasa con mucho el 60%. Independientemente de la discusi¨®n sobre porcentajes, y sobre la diferencia entre reincidencia jur¨ªdica y reincidencia policial, "la reeducaci¨®n y la reinserci¨®n es de inter¨¦s de todos porque Espa?a no tiene cadena perpetua, ni pena de muerte como Estados Unidos. Esas personas vuelven a la sociedad. Hay que actuar para influir en sus vidas y producir cambios positivos", subraya Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias. "Se est¨¢n haciendo cosas importantes y se est¨¢n produciendo cambios importantes, que con el paso del tiempo se van a ver m¨¢s claramente. Estamos detectando que la reincidencia es menor entre los agresores sexuales que reciben tratamiento". La reincidencia pas¨® del 20% al 4% en algunos grupos de agresores con terapia.

Hacen falta medios para orientar a los internos dispuestos a la reinserci¨®n. "No es normal que en una prisi¨®n con casi 1.700 internos como la nuestra, con bastante gente pirada, tengamos cuatro psic¨®logos", lamenta un funcionario de una de las cuatro c¨¢rceles espa?olas visitadas.

Un estudio de la Generalitat considera que son necesarios un psic¨®logo por cada 120 plazas; un trabajador social por cada 60, un educador por cada 30 y un jurista por cada 120 plazas. El personal t¨¦cnico de las prisiones representa entre el 10% y el 15% de las plantillas, y el resto, el 85% y el 90% son vigilantes. "Las plantillas tienen que ampliarse en todos los sentidos, pero adem¨¢s de ampliarse tienen que especializarse", pide Jos¨¦ Ram¨®n L¨®pez, presidente de la Agrupaci¨®n de Cuerpos de la Administraci¨®n de Instituciones Penitenciarias (ACAIP/Funcionarios de prisiones). "Y tambi¨¦n tenemos que tener formaci¨®n adecuada para las nuevas tendencias de la delincuencia".

La medida m¨¢s sobresaliente del Gobierno fue aprobar una inversi¨®n de 1.647 euros para construir 11 c¨¢rceles, Unidades de Madres, y 30 centros de reinserci¨®n social entre los a?os 2006 y 2012. El objetivo es complementar las prisiones con f¨®rmulas susceptibles de vaciar las celdas de aquellos internos con parte de la condena cumplida y ya encarrilados hacia la rehabilitaci¨®n. La privaci¨®n de libertad puede cumplirse en un r¨¦gimen cerrado, con barrotes, cuando hay peligrosidad, pero tambi¨¦n en los domicilios, sometido el reo al control de medios telem¨¢ticos u otras variantes, cuando el beneficiario no constituya un riesgo social.

"Hay una idea equivocada que identifica las alternativas a la prisi¨®n como no castigo o como no pena", dice Mercedes Gallizo. "Pero cuando ya has cumplido una parte de la condena y hay un proceso de reinserci¨®n favorable quiz¨¢ hay que explorar otras opciones para combatir el problema que ha llevado al delito". La Asociaci¨®n Pro-Derechos Humanos de Andaluc¨ªa (APDHA), la comunidad espa?ola con m¨¢s presos, es m¨¢s taxativa: no se necesitan m¨¢s c¨¢rceles, sino m¨¢s centros terap¨¦uticos porque el 82% de los reclusos es drogodependiente, uno de cada tres sufre hepatitis C, el 15% tiene VIH y el n¨²mero de enfermos mentales "es elevado y aumenta porque los juicios r¨¢pidos no consiguen detectarlos". La mayor¨ªa delinqui¨® contra la propiedad y la salud p¨²blica. "Trat¨¦mosles como enfermos y bajar¨¢ la reincidencia. La sociedad pide alg¨²n tipo de escarmiento, pero que sea un escarmiento eficaz", se?ala Valent¨ªn Aguilera, abogado, coordinador de prisiones de la asociaci¨®n. "Con este tipo de delincuentes, y una reincidencia muy alta, el 73%, est¨¢ claro que el sistema no produce resultados, no reinserta, es ca¨®tico".

La APDHA argumenta que es m¨¢s barato construir m¨¢s centros alternativos y menos c¨¢rceles. La cantidad destinada a la pol¨ªtica penitenciaria para el a?o 2005, en los Presupuestos Generales del Estado, ascendi¨® a 746.916.460 euros distribuidos de esta manera: el 86,82%, instalaciones, administraci¨®n y vigilancia, y el 13,16%, programas de rehabilitaci¨®n y reinserci¨®n. La cantidad anual que cuesta al Estado la plaza de persona presa en un centro penitenciario es de 12.659,60 euros, y cada nueva plaza en una c¨¢rcel moderna: 32.850 euros, seg¨²n un estudio elaborado por la asociaci¨®n. El coste por persona d¨ªa en una c¨¢rcel es de 90 euros, mientras el coste por d¨ªa en un programa de rehabilitaci¨®n en una Comunidad Terap¨¦utica es de 18 euros, de acuerdo con la APDHA. Suponiendo que esas cifras respondan a la realidad, rehabilitar a todos los presos con problemas de drogadicci¨®n costar¨ªa anualmente en Espa?a unos 309.310.879 euros entre programas de rehabilitaci¨®n y comunidades terap¨¦uticas. El coste anual que representan las personas presas al Estado oscila en torno a los 973.639.609 euros, seg¨²n el informe.

Otros expertos sostienen que no hay tantos drogadictos en las c¨¢rceles como se dice porque el delincuente primario drogadicto de verdad no es encarcelado salvo si recibe una condena superior a los tres a?os. Lo cierto es que hace falta mayor atenci¨®n. "Si la ley, como siempre, es magn¨ªfica en cuanto al tratamiento del drogadicto o al enfermo mental, t¨² la ves y dices: 'Madre m¨ªa que buena es la ley', pero despu¨¦s, en la pr¨¢ctica, no hay centros", agrega Aguilera. "Te encuentras un familiar que te dice ?D¨®nde meto a mi hijo? Ah, si tienes dinero, si tienes capacidad econ¨®mica...".

La masificaci¨®n, la falta de espacio, condiciona el tratamiento y los trabajos de reeducaci¨®n y de reinserci¨®n. Cada a?o ingresan en prisi¨®n entre 5.000 y 6.000 personas, que se suman a los miles y miles de espa?oles marcados por la droga a partir de los a?os ochenta: quedaron enganchados, deteriorados f¨ªsicamente y son dif¨ªcilmente acomodables en sociedad. Muchos no trabajaron nunca, no tienen el h¨¢bito, ni la disciplina del trabajo y de los horarios; tampoco la cultura del esfuerzo a la hora de conseguir el dinero. La actuaci¨®n sobre ellos tiene que ser tan intensa que cada uno de ellos necesitar¨ªa cuatro profesionales. "Hoy en d¨ªa la reincidencia se sit¨²a en torno al 60% o 70%. No se cultiva una cultura de reinserci¨®n, de curar a la gente", piensa Juan Miguel Cazalla, responsable de la UGT de prisiones. "Si t¨² condenas a una persona y lo tienes como en un almac¨¦n, y no lo curas, pues cuando salga, como no sabe hacer otra cosa, volver¨¢ a reincidir en el tema y delinquir".

Los te¨®ricos tienden a simplificar las causas de la delincuencia, atribuy¨¦ndola al paro, a las drogas, a la mala educaci¨®n, o las drogas, pero cada caso es diferente y con muchas variantes, seg¨²n el forense Miguel Oros, profesor de la Escuela Judicial Espa?ola, ubicada en Barcelona, con una experiencia profesional de casi 30 a?os en el estudio de delincuentes. Estoy convencido de que hay dos tipos de personas que delinquen, las que nacen en una sociedad que los enferma 'soci¨®patas', y los que nacen ya con maldad, los psic¨®patas".

Fernando S¨¢nchez Medina, de 37 a?os, que no pisaba la c¨¢rcel desde el a?o 1999, se hab¨ªa casado, ten¨ªa una hija y un trabajo de instalador, fue detenido a finales del pasado a?o como asesino de una familia de joyeros de Castelldefels. No es un psic¨®pata, seg¨²n Oros, sino uno de muchos soci¨®patas existentes en las c¨¢rceles: gente incapaz de integrarse en la sociedad en la que viven. "Cometen actos malvados no por la alteraci¨®n de sus capacidades psicol¨®gicas, sino por otras causas, la mayor¨ªa tiene su origen patol¨®gico en la sociedad en la que viven y/o se desarrollan".

?Son redimibles? "Depende del grado de enfermedad que padezcan, y del momento en que se haga el diagn¨®stico. Pero por definici¨®n, s¨ª 'son redimibles' todos los casos", seg¨²n el forense. Tal como dec¨ªa muy bien el Magistrado Gerard Thomas: "Decir hoy d¨ªa que un delincuente no tiene arreglo es como decir hace unos a?os que el c¨¢ncer no se curaba".

MA?ANA, CAP?TULO 2: Los presos piden ayuda