El fracaso del impuesto religioso

Hacienda pagar¨¢ este a?o a la Conferencia Episcopal Espa?ola 144,24 millones de euros s¨®lo para sueldos de obispos y sacerdotes. Es la partida principal del presupuesto del m¨¢ximo organismo eclesial, fijado en noviembre pasado por la asamblea de obispos en 157,711 millones. Aparte los 144,24 procedentes de las arcas del Estado con el calificativo de "asignaci¨®n tributaria" (el 80% v¨ªa IRPF de los cat¨®licos, el resto como aportaci¨®n graciosa de Hacienda), la jerarqu¨ªa suma otros peque?os ingresos, como un "donativo" de 6.000 euros y 12,47 millones que aportan las di¨®cesis. Adem¨¢s, el Estado financia cada a?o con "m¨¢s de 3.000 millones" gran parte de las actividades de la Iglesia romana en educaci¨®n, sanidad, asistencia social o conservaci¨®n de su ingente patrimonio inmobiliario. Son las cuentas facilitadas por el Gobierno socialista.

Pocos niegan ya el fracaso del llamado impuesto religioso, pactado en 1987 con el Ejecutivo de Felipe Gonz¨¢lez como sistema transitorio de financiaci¨®n. Se fij¨® entonces que los cat¨®licos adjudicasen a su Iglesia el 0,5239 de la cuota del IRPF. Los obispos se mostraron contentos, incluso regocijados. Pronto bebieron del c¨¢liz de la decepci¨®n. Lo que el historiador William J. Callahan llama "la tradicional taca?er¨ªa del cat¨®lico espa?ol" se escenific¨® sobre todo en las comunidades m¨¢s ricas, como Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco.

Algunos prelados querr¨ªan elevar el actual porcentaje del IRPF al 0,8 de la cuota de cada declarante cat¨®lico, pero la mayor¨ªa se inclina por acordar con el Gobierno modelos que encajen mejor con el acuerdo econ¨®mico firmado en Roma el 3 de enero de 1979. Dice su art¨ªculo 2.5: "La Iglesia cat¨®lica declara su prop¨®sito de lograr por s¨ª misma los recursos suficientes para la atenci¨®n de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este prop¨®sito, ambas partes se pondr¨¢n de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboraci¨®n financiera expresada en los p¨¢rrafos anteriores, por otros campos y formas de colaboraci¨®n econ¨®mica entre la Iglesia cat¨®lica y el Estado". Roma asume esa obligaci¨®n, pero sostiene que el Estado espa?ol no es laico, sino aconfesional, y que, por tanto, est¨¢ obligado a seguir sosteniendo a la Iglesia cat¨®lica sin que ello suponga privilegio.