Entre la cartilla sanitaria y el liberatorio

Persecuci¨®n. Tolerancia. Reglamentos. Clandestinidad. La prostituci¨®n ha tenido diferentes tratamientos en Espa?a, pero algunos aspectos se mantienen tan vivos ahora como hace siglo y medio. "El debate actual a ra¨ªz de la iniciativa catalana [de regular la prostituci¨®n voluntaria] tiene algo de vuelta al pasado. Encuentro los mismos argumentos de anta?o", afirma el historiador franc¨¦s Jean-Louis Guere?a, autor de La prostituci¨®n en la Espa?a contempor¨¢nea. "Reaparecen ahora los planteamientos sanitarios y de visibilidad que recomendaban encerrar la prostituci¨®n en un espacio especializado, un burdel. Ya se manejaban a comienzos del siglo XIX", a?ade este catedr¨¢tico de Civilizaci¨®n Espa?ola Contempor¨¢nea de la Universidad de Tours (Francia).

En 1941 volvi¨® a reglamentarse el burdel, lo que se mantuvo 12 a?os Hasta 1967 existi¨® una prisi¨®n para prostitutas en Alc¨¢zar de San Juan

Hasta 1967 existi¨® una prisi¨®n para prostitutas en Alc¨¢zar de San Juan

"Se permite a las rameras toleradas salir de su casa durante el d¨ªa, pero s¨®lo para atender a sus negocios, si los tienen, de ning¨²n modo para pasear por las calles. Las salidas de d¨ªa han de hacerlas en traje decente, con exclusi¨®n de los que por su rareza o deshonestidad puedan causar esc¨¢ndalo". "Durante el paseo no se permite a las prostitutas ir m¨¢s de dos juntas, ni detenerse, ni menos sentarse en las calles y plazas". Son dos art¨ªculos de uno de los reglamentos sobre prostituci¨®n que comenzaron a florecer en Espa?a a mediados del siglo XIX en municipios y provincias. Forman parte de las abundantes citas que recoge Guere?a en La Prostituci¨®n en la Espa?a contempor¨¢nea (Marcial Pons Historia, 2003). "Los reglamentos establec¨ªan dos requisitos: el control sanitario, generalmente con una cartilla, y el empadronamiento o censo de prostitutas", explica el catedr¨¢tico, hijo de un maestro espa?ol exiliado.

A ese reglamentarismo, que se prolong¨® hasta 1935, contribuyeron mucho las doctrinas higienistas, m¨¢s preocupadas por los problemas de salud que por cuestiones de moralidad. "Su apuesta era que con los reglamentos se podr¨ªa controlar a las prostitutas, a las que consideraban las ¨²nicas culpables de propagar las enfermedades ven¨¦reas. Defend¨ªan que de esa forma disminuir¨ªa la incidencia de esos males", relata Guere?a. "A finales del siglo XIX se extendieron los servicios de higiene especial para las prostitutas e incluso se estableci¨® una fiscalidad para ellas destinada a cubrir los gastos de sus controles sanitarios. A comienzos del siglo XX, los ingresos superaban tanto a los gastos que esos fondos se utilizaban tambi¨¦n para otras cosas", prosigue.

El abolicionismo de la prostituci¨®n, que en el siglo XIX hab¨ªa tenido entre sus defensores "a Concepci¨®n Arenal, los protestantes y los masones", seg¨²n Guere?a, cuaj¨® en la Segunda Rep¨²blica. Al poco de proclamarse, el penalista Luis Jim¨¦nez de As¨²a y destacados m¨¦dicos comenzaron a trabajar en pro de un decreto abolicionista que finalmente no lleg¨® a aprobarse en las Cortes. Hubo que esperar hasta el Gobierno derechista de la CEDA: en junio de 1935, el ministro de Trabajo, Sanidad y Asistencia Social, Federico Salm¨®n Amor¨ªn, firm¨® un decreto que suprim¨ªa toda la reglamentaci¨®n oficial sobre la prostituci¨®n. El ejercicio dej¨® de ser "medio l¨ªcito de vida". Se obligaba a las personas con enfermedades ven¨¦reas a recibir tratamiento y al Estado, a facilit¨¢rselo de forma gratuita. Se suprimieron los reconocimientos m¨¦dicos peri¨®dicos para las prostitutas que dejaban de estar obligadas a tener una cartilla sanitaria, recoge Guere?a.

"El decreto abolicionista no tuvo eficacia. No se dispuso del aparato necesario para acabar con la prostituci¨®n. Adem¨¢s, lleg¨® la guerra, una coyuntura en la que la sexualidad adquiere a¨²n m¨¢s protagonismo", relata el historiador. Durante la contienda, "la prostituci¨®n y la propagaci¨®n de las enfermedades ven¨¦reas se hicieron ostensibles y se convirtieron en temas clave de las normativas sociales y sanitarias", escribe Mary Nash, catedr¨¢tica de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad de Barcelona en su obra Rojas (Taurus, 1999). Un bot¨®n de muestra son los carteles dirigidos a los soldados.Mujeres Libres, una organizaci¨®n anarquista femenina partidaria de suprimir la prostituci¨®n, promovi¨® la puesta en marcha de los liberatorios. Nash los define como "casas de rehabilitaci¨®n donde las 'mercenarias del amor' iban a recibir un tratamiento completo que consist¨ªa en cuidados sanitarios, psicoterapia y una formaci¨®n profesional centrada en el aprendizaje de oficios". La iniciativa, que comenz¨® a implantarse en 1936, cont¨® con el respaldo de la tambi¨¦n anarquista Federica Montseny (ministra de Sanidad entre noviembre de 1936 y mayo de 1937), detalla Ana Mui?a, feminista que ha estudiado este periodo. Los liberatorios, que funcionaron hasta 1938, tuvieron mayor relevancia en Catalu?a, Madrid, Arag¨®n y Valencia.

La prostituci¨®n, que seg¨²n Guere?a tambi¨¦n tuvo gran auge en la zona franquista, sufri¨® un nuevo cambio legal al acabar la contienda. En 1941 se derog¨® oficialmente el decreto de 1935. Volvi¨® a reglamentarse el burdel (esta situaci¨®n se mantuvo hasta 1956) y se persigui¨® la abundante prostituci¨®n callejera.

"La represi¨®n y la miseria de la larga posguerra arrojaron a miles de mujeres a la prostituci¨®n para poder sobrevivir", explica la profesora de la Universidad Complutense Mirta N¨²?ez, autora de Mujeres Ca¨ªdas (Ober¨®n, 2003). Muchas esquivaron los burdeles reglamentados (donde deb¨ªan someterse a controles sanitarios) y ejerc¨ªan por libre. Con ello se pon¨ªan en la diana de las detenciones gubernativas, paso previo para su env¨ªo a c¨¢rceles especiales (hubo al menos siete) o reformatorios con el objetivo de reformar su conducta. All¨ª sol¨ªan permanecer entre seis meses y un a?o. La Obra de Redenci¨®n de Mujeres Ca¨ªdas era la encargada de esa tarea, para la que contaba con la cooperaci¨®n de sacerdotes y de varias ¨®rdenes religiosas. "Conducidas a c¨¢rceles, reformatorios y conventos, all¨ª eran uniformadas y adoctrinadas en las normas, tanto morales como pol¨ªticas, del nuevo imperio. Se supon¨ªa que eran alfabetizadas y catequizadas y durante su encierro trabajaban, aunque no todas, en talleres de confecci¨®n, sin redimir pena ni obtener retribuci¨®n alguna", describe N¨²?ez en su libro.

En 1956, "al socaire de una ola mundial de abolicionismo", seg¨²n define esta experta, las cosas cambiaron. La prostituci¨®n, tanto la de burdel como la callejera, se calific¨® como "tr¨¢fico il¨ªcito". Se convirti¨® en una actividad clandestina, que a veces se camuflar¨ªa en las barras americanas. "Sigui¨® habiendo detenciones y se enviaba a prostitutas a la c¨¢rcel por periodos breves. Hasta 1967 existi¨® una prisi¨®n para prostitutas en Alc¨¢zar de San Juan", afirma N¨²?ez. La tolerancia de la prostituci¨®n aument¨® desde finales de los a?os 60. Ahora es una actividad alegal (est¨¢n castigados el tr¨¢fico y la pr¨¢ctica forzada), si bien la Generalitat de Catalu?a prev¨¦ reglamentar el ejercicio voluntario. "La prostituci¨®n preocupa sobre todo por el esc¨¢ndalo p¨²blico y, en ocasiones puntuales, por motivos sanitarios. En esencia, ahora tenemos el mismo debate de siempre, entre reglamentaci¨®n y abolici¨®n", concluye Mirta N¨²?ez.