El Supremo busca la v¨ªa para evitar que los presos etarras se aprovechen de las redenciones

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reunir¨¢ ma?ana para estudiar el recurso del etarra franc¨¦s Henri Parot contra la decisi¨®n de la Audiencia Nacional de acumular todas sus condenas en dos penas de 30 a?os, en vez de una sola pena refundida, como se hab¨ªa venido haciendo hasta ahora. La confirmaci¨®n del criterio de la Audiencia parece dif¨ªcil, pero los magistrados tratar¨¢n de dar alguna respuesta al hecho de que casi 5.000 a?os de condena queden reducidos a quiz¨¢ menos de 20 para intentar que el etarra cumpla 30 a?os de prisi¨®n efectiva. Para ello, busca soluciones, que pueden consistir en endurecer el sistema de c¨®mputo de los beneficios por redenciones o limitar la libertad condicional si el condenado no tiene voluntad de resocializaci¨®n.

El Supremo tiene dif¨ªcil confirmar la refundici¨®n de penas aplicada a Parot por la Audiencia

Un preso pod¨ªa redimir hasta 797 d¨ªas por a?o de condena con el C¨®digo Penal de 1973

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo analizar¨¢ ma?ana el recurso del etarra Henri Parot, condenado a 4.797 a?os, contra la novedosa aplicaci¨®n del sistema de acumulaci¨®n de penas que, contradiciendo todos los precedentes, determin¨® que tendr¨ªa que cumplir dos condenas de 30 a?os, es decir, un total de 60 a?os, en vez de una sola pena de 30.

La Audiencia Nacional realiz¨® una pirueta jur¨ªdica en su intento de evitar que el terrorista m¨¢s sanguinario de ETA saliese a la calle apenas 20 a?os despu¨¦s de su detenci¨®n en Sevilla el 7 de abril de 1990, tras haber cometido 26 asesinatos e intentar otros 166. As¨ª, decidi¨® que en vez de acumular todas las penas de Parot en una sola de 30 a?os, como se ha venido haciendo con todos lo delincuentes, terroristas o no, desde que as¨ª lo estableci¨® el C¨®digo Penal de 1973, el etarra franc¨¦s deber¨ªa cumplir dos periodos de 30 a?os, puesto que su trayectoria delictiva se hab¨ªa interrumpido durante dos a?os.

De esa forma, el total de penas correspondientes a cada una de ambas etapas delictivas se acumular¨ªa en dos penas distintas de 30 a?os. As¨ª, cuando cumpliese la primera condena acumulada, entre 2009 y 2011, tendr¨ªa que comenzar a cumplir otros 30 a?os de c¨¢rcel.

Al estudiar el caso, la Fiscal¨ªa del Supremo resolvi¨® que la acumulaci¨®n de condenas en dos periodos vulneraba el criterio sobre acumulaci¨®n de penas mantenido sin fisuras por la jurisprudencia del Supremo. En consecuencia, no encontr¨® motivos para oponerse al recurso del etarra. Un criterio que despu¨¦s fue refrendado por una treintena de fiscales de lo Penal del Supremo.

La explotaci¨®n del asunto en clave pol¨ªtica determin¨® que de los tres magistrados iniciales que iban a ver el recurso, se formase una sala de cinco, y finalmente sea el Pleno de la Sala Penal, integrado por una quincena de magistrados, los que decidir¨¢n sobre el castigo de Parot.

Seg¨²n fuentes del Supremo, la Sala Penal tiene muy dif¨ªcil aceptar el criterio de la Audiencia y aplicar a Parot dos penas de 30 a?os. Y no por falta de ganas, sino por la dificultad de encontrar argumentos que contradigan una interpretaci¨®n del art¨ªculo 70.2 del C¨®digo Penal de 1973, que hasta ahora no hab¨ªa sido cuestionada. Y que deja poco margen a la apreciaci¨®n de la Audiencia cuando establece que la limitaci¨®n del m¨¢ximo de 30 a?os "se aplicar¨¢ aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexi¨®n, pudieran haberse enjuiciado en uno s¨®lo".

As¨ª pues, sobre el papel, parece improbable que el Supremo pueda modificar ahora ese criterio, aunque varios magistrados est¨¢n convencidos de que, respecto a Parot, "algo hay que hacer". En parte, por eso se ha convocado a la Sala en Pleno. Porque del debate de todas las aportaciones puede surgir alg¨²n criterio que, sin cambiar la jurisprudencia sobre la refundici¨®n de condenas, permita alargar el tiempo de cumplimiento efectivo, que ahora viene a dejar una condena limitada a 30 a?os en menos de 20 en "tiempo real".

El problema qued¨® en parte resuelto con el vigente C¨®digo Penal de 1995, que liquid¨® las redenciones de penas por el trabajo, aplicadas de manera autom¨¢tica a los presos. Las redenciones por el trabajo, unidas a las extraordinarias, llegaron al extremo de hacer factible que un a?o de redenci¨®n efectiva pudiese equivaler a 797 d¨ªas de condena. Sin embargo, todos los condenados por delitos cometidos antes de la entrada en vigor del C¨®digo de 1995 siguen redimiendo penas por el trabajo, Parot entre ellos.

En 2003, las reformas penales introducidas en el C¨®digo Penal facultaron a los jueces a descontar de "la totalidad de las penas impuestas" los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificaci¨®n en tercer grado y el c¨®mputo de tiempo para la libertad condicional cuando la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas.

Algunas interpretaciones apuntan a que ese criterio quiz¨¢ podr¨ªa aplicarse retroactivamente, ya que se refiere a la forma de computar beneficios penitenciarios, lo que dejar¨ªa a salvo el l¨ªmite legal de los 30 a?os. Pero el propio Tribunal Supremo desech¨® esa posibilidad en una sentencia de 1994.

Otras fuentes creen m¨¢s factible otra manera de realizar el c¨®mputo de las penas. En vez de descontar los beneficios de la pena nueva refundida de 30 a?os -con el resultado de que Parot cumpla 18 o 20-, se descontar¨ªan los beneficios sobre cada una de las condenas impuestas por orden de gravedad y sucesivamente. Si, descontados los de la primera condena, Parot ha cumplido 18 a?os, se aplicar¨ªan sobre la segunda y sucesivas hasta que el terrorista cumpla otros 12, de forma que el cumplimiento efectivo no supere el l¨ªmite legal de 30 a?os.

Otros se inclinan por la aplicaci¨®n retroactiva, no de normas penales -prohibida por la Constituci¨®n-, sino de normas de ejecuci¨®n de las penas que afectar¨ªan al c¨®mputo de los permisos penitenciarios, de la condena condicional, a las redenciones extraordinarias por estudios, etc¨¦tera. Por ejemplo, la exigencia de mostrar arrepentimiento no est¨¢ en la ley, pero hay magistrados partidarios de limitar el acceso a la libertad condicional, si el preso no da s¨ªntomas de estar resocializado.