De concesiones y corrupciones

Leo estos d¨ªas en la prensa dos noticias que aunque distintas y distantes, como dijo en alguna ocasi¨®n un ef¨ªmero y olvidado presidente del Gobierno espa?ol de la democracia, creo que pueden ser comentadas conjuntamente, en la medida en que las lecciones que se extraen de la primera de esas historias pueden ser aprovechadas para orientar la soluci¨®n que entre nosotros se le d¨¦ a la segunda.

Por un lado, est¨¢ la noticia de la prisi¨®n decretada el martes pasado contra un ex director general de Industria y una funcionaria del Gobierno canario, al parecer implicados en una red de pol¨ªticos, funcionarios y empresarios que se habr¨ªan cruzado informaci¨®n privilegiada, y recibido a cambio compensaciones econ¨®micas, con vistas a obtener ventajas en los concursos convocados para lograr concesiones administrativas para construir parques e¨®licos en el archipi¨¦lago. La investigaci¨®n est¨¢ en marcha y ha sido bautizada como Operaci¨®n Eolo, y parece que puede ser s¨®lo un episodio de una trama de corrupci¨®n pol¨ªtico-empresarial m¨¢s amplia.

La segunda noticia que me interesa traer aqu¨ª es m¨¢s cercana. Tiene que ver con la intenci¨®n del Departamento de Industria de la Generalitat de cambiar el sistema seguido hasta ahora para llevar a cabo el control de las inspecciones t¨¦cnicas de veh¨ªculos, las ITV, y la inspecci¨®n y el control de la seguridad industrial en las empresas. Hasta ahora, el r¨¦gimen seguido era el de la concesi¨®n administrativa a unas pocas empresas, sistema que en los ¨²ltimos meses del anterior Gobierno dio lugar a decisiones que crearon fuerte pol¨¦mica p¨²blica. Ahora, el nuevo r¨¦gimen que se quiere introducir en el proyecto de ley de seguridad industrial es el de la simple autorizaci¨®n administrativa, autorizaci¨®n que se otorgar¨ªa de forma autom¨¢tica a cualquier persona o empresa que quiera desarrollar esa actividad empresarial y que cumpla los requisitos que de forma general se establezcan en la nueva ley.

No se asusten. En modo alguno, ni aun en mi inconsciente, pretendo sugerir ninguna relaci¨®n directa o indirecta entre ambas noticias; ni mucho menos insinuar que lo que ocurre en Canarias pueda tambi¨¦n estar ocurriendo en Catalu?a. Ya he dicho que son noticias distintas y distantes. Dicho lo cual, y para evitar suspicacias por el otro lado, conviene aclarar que tampoco estoy sugiriendo que esto ocurre en Canarias por alguna predisposici¨®n innata de los ciudadanos de las islas a este tipo de tramas. El que as¨ª piense desde aqu¨ª, que tire la primera piedra.

Mi intenci¨®n al escoger esas dos noticias, es llamar la atenci¨®n sobre la diferente capacidad de los instrumentos de intervenci¨®n pol¨ªtica en la econom¨ªa para mantener un equilibrio adecuado entre la capacidad que han de tener los instrumentos de la pol¨ªtica econ¨®mica para lograr el fin perseguido con su utilizaci¨®n, y el objetivo, no menos importante, de mantener controlada la corrupci¨®n.

?Qu¨¦ es mejor para garantizar la seguridad de los veh¨ªculos que circulan por nuestras calles y carreteras y la seguridad industrial en las empresas, un r¨¦gimen de concesiones que queda a discreci¨®n de pol¨ªticos y funcionarios o un r¨¦gimen de simples autorizaciones administrativas autom¨¢ticas cuando se cumplen determinados requisitos? Vamos a ver, si para ejercer como m¨¦dico s¨®lo se exige haber pasado los ex¨¢menes que le habilitan para ejercer la medicina, sin que despu¨¦s haya que obtener una concesi¨®n administrativa para ejercer la profesi¨®n, ?por qu¨¦ para controlar la salud de los veh¨ªculos se van a exigir mayores condiciones? ?Es acaso que la salud de las personas requiere menos controles administrativos que la de los veh¨ªculos?

Otro ejemplo nos puede servir para insistir en la misma idea. Las empresas que cotizan en Bolsa y, de forma creciente, tambi¨¦n todas las dem¨¢s, est¨¢n obligadas a auditar sus cuentas. Es tambi¨¦n un control de la salud de la empresa. Esta auditor¨ªa contable obligatoria es equivalente a la ITV o a las actividades de inspecci¨®n y control de la seguridad industrial. Sin embargo, el ejercicio de la auditor¨ªa contable no est¨¢ sujeto a concesi¨®n pol¨ªtico-administrativa alguna, sino que se hace en r¨¦gimen de competencia entre las diferentes empresas que desarrollan esta actividad.

Sucede tambi¨¦n que en muchos casos las autoridades optan por el r¨¦gimen de concesi¨®n por otro motivo. La concesi¨®n permite exigir al concesionario un canon, es decir una cantidad determinada de dinero para ingresar en las arcas p¨²blicas, algo que no se puede exigir, sin embargo, en el r¨¦gimen de autorizaciones. De hecho, el canon es una forma encubierta de aumentar los impuestos a los propietarios de veh¨ªculos y a las empresas que deben pasar el control de sus instalaciones industriales. Aunque el canon lo paga inicialmente la empresa concesionaria, ¨¦sta lo recupera despu¨¦s aumentando el precio o tarifa que cobra a los propietarios de los veh¨ªculos cuando, obligatoriamente, han de pasar la ITV o a las empresas cuando deben revisar las instalaciones industriales. Por tanto, quien paga finalmente el canon son los propietarios de veh¨ªculos y las empresas. De ah¨ª que el canon se transforme en un impuesto oculto.

El bien p¨²blico que proteger -la seguridad vial en el caso de los veh¨ªculos, y la salud de las personas en el caso de los m¨¦dicos- no est¨¢ mejor protegido con el r¨¦gimen de concesiones que con el de las autorizaciones. Por el contrario, en la medida en que la concesi¨®n es una restricci¨®n al ejercicio libre de una actividad empresarial, limita la aparici¨®n de nuevas empresas y la competencia entre ellas. S¨®lo en el caso de que sea m¨¢s eficiente para la sociedad desarrollar una actividad econ¨®mica en r¨¦gimen de monopolio que en el de competencia (como en el caso del suministro de agua a las ciudades) deber¨ªa establecerse el r¨¦gimen de concesiones. Pero no parece ser este el caso.

Al ser una restricci¨®n al libre ejercicio de la actividad empresarial, la concesi¨®n requiere de la discrecionalidad de pol¨ªticos y funcionarios, y esto la hace m¨¢s proclive a la aparici¨®n de corrupciones o corruptelas. Esa es la lecci¨®n que podemos sacar de la Operaci¨®n Eolo.

Ant¨®n Costas es catedr¨¢tico de Pol¨ªtica Econ¨®mica de la Universidad de Barcelona.