Fracasos sociales

Un ex educador del centro de menores infractores La Biznaga, de Torremolinos, ha denunciado la existencia de abusos y tratos degradantes a internos. Su denuncia ha dado lugar a dos investigaciones. Una, judicial, que la lleva el Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Torremolinos. Otra, administrativa, a la que hace frente la Junta de Andaluc¨ªa a trav¨¦s de su Consejer¨ªa de Justicia. A estas investigaciones se ha sumado una queja de oficio del Defensor del pueblo andaluz ante esta Consejer¨ªa, reclamando el "total esclarecimiento de los hechos". No son estas investigaciones ni esta queja cuestiones sobre las que se puedan pasar de puntillas. Y, es verdad que en un tiempo en el que ambas investigaciones est¨¢n en marcha no se puede tomar partido y apostar por la realidad de los hechos denunciados. Eso s¨ª, invitan a pensar que estamos viviendo tiempos en los que con demasiada frecuencia se denuncian situaciones que est¨¢n re?idas con el Estado de Derecho y la filosof¨ªa que lo preside.

Vivimos o, mejor dicho, queremos vivir en una sociedad que intenta que el delincuente, por muy graves que sean sus delitos, se incorpore a la vida diaria. No que se elimine. Una sociedad que quiere que sus fuerzas del orden se empleen con generosidad en la prevenci¨®n. No en la represi¨®n. Una sociedad que trata de conciliar la reparaci¨®n del da?o a la v¨ªctima y la recuperaci¨®n del menor. Una sociedad, en fin, que no quiere saber nada de esa antigua Espa?a en la que todo se antepon¨ªa a la patria y al orden p¨²blico.

No obstante, y cada vez m¨¢s, existen gui?os interesados en hacernos llegar el antiguo mensaje. Unas veces es la Justicia, gui¨¢ndose en lo penal por criterios cambiantes, lo que se compadece mal con el principio de seguridad jur¨ªdica. Otras, por aquellos pol¨ªticos que, con sus declaraciones, aten¨²an la gravedad de lo ocurrido en Roquetas de Mar, que no fue sino la muerte de una persona en las dependencias de un cuartel de la Guardia Civil; y, en ocasiones ayuntamientos, como el de Marbella, que no piden disculpas ni siquiera por la muerte de una persona en la calle cuando proced¨ªan a su detenci¨®n agentes municipales. Y, ahora, tambi¨¦n salen los menores.

El panorama es desolador. No se trata de que se den, o no abusos. Los abusos, los errores y el mal hacer siempre han tenido lugar. La diferencia es que mientras en el antiguo r¨¦gimen se tapaban por los propios intereses del sistema, basado en el principio ¨²nico de orden p¨²blico, en democracia no es as¨ª. En el sistema democr¨¢tico es la autoridad la que est¨¢ al servicio de la sociedad. En este punto no caben tibiezas. Tan es as¨ª que, cuando se originan, s¨®lo puedo pensar que lo que se est¨¢ pretendiendo es buscar los sentimientos para ganar votos al margen de la raz¨®n. En suma, sirvi¨¦ndose del sistema para minar sus valores. Y puede que sea as¨ª, tanto como para que ¨¦stas sean algunas de las aut¨¦nticas razones por las que la Administraci¨®n de Justicia y la pol¨ªtica en general no gozan, cuando deb¨ªan de hacerlo, del respeto que han de tener entre los ciudadanos. La Justicia, despu¨¦s de todo, es impersonal, sin diferencias de trato, en funci¨®n de quien la recibe. Ni todo lo que ocurre en los cuarteles y en la calle pude justificarse a priori, por la santidad del lugar y de los agentes. Como tampoco puede aceptarse sin m¨¢s que la vigilancia y el cumplimiento de la responsabilidad penal de los menores, que es de naturaleza p¨²blica, se gestione privadamente.

De ah¨ª que cada vez piense m¨¢s en lo peligroso que resultan actuaciones que, d¨ªa a d¨ªa, puedan poner en entredicho el sistema en el que descansa la sociedad. A trav¨¦s de la crispaci¨®n, del ojo por ojo o de interesees economicos, se puede producir un rechazo de valores que, desde la reflexi¨®n, est¨¢n abriendo esta sociedad al futuro.

Es necesario, pues, y cuanto antes, que este caso no sea uno m¨¢s. Que administraci¨®n de Justicia y Junta hablen y con claridad. Una, decidiendo si han existido, o no, tratos degradantes a menores internos. Otra, controlando, si no revisando, su pol¨ªtica en los centros de menores. No se trata, ya, tanto de corregir excesos, sino de generar confianza y fortaleza en un sistema que, por los valores que representa, ni debe ni puede dar muestras de debilidad ni de fracaso en la consecuci¨®n de los fines sociales que proclama.