La Audiencia podr¨¢ investigar el genocidio de Guatemala tras rechazar el recurso del fiscal

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se declar¨® ayer competente para investigar y juzgar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Guatemala entre 1962 y 1996. La decisi¨®n es radicalmente contraria a la adoptada por la misma sala el 13 de diciembre de 2000, cuando los magistrados ordenaron al juez instructor que archivara el caso porque la persecuci¨®n de esos delitos, seg¨²n argumentaron, correspond¨ªa prioritariamente a la justicia guatemalteca y s¨®lo en el caso de que los jueces de aquel pa¨ªs rechazasen la apertura de procesos contra los presuntos autores de los delitos, y para evitar que quedasen impunes, podr¨ªa la justicia espa?ola asumir el proceso.

?Qu¨¦ es lo que ha cambiado entre las dos resoluciones? Pues una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a la Audiencia a investigar sin restricciones esos delitos. El Constitucional reconoc¨ªa la prioridad de la justicia guatemalteca para perseguir el genocidio de su pa¨ªs, pero agregaba que los hechos se deb¨ªan investigar en Espa?a, sin tener que probar que all¨ª no se est¨¢n persiguiendo, porque la finalidad del Convenio contra el Genocidio es que cr¨ªmenes tan atroces no queden impunes.

Relato de hechos atroces

En Espa?a el caso comenz¨® el 2 de diciembre de 1999, cuando la premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨² present¨® una denuncia ante los juzgados de la Audiencia Nacional en la que describ¨ªa hechos cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986 calificados como genocidio, torturas, terrorismo, asesinatos y detenciones ilegales.

Entre ellos se inclu¨ªa el asalto a la Embajada espa?ola en Guatemala en 1980, en la que resultaron muertas 37 personas, y los asesinatos de varios sacerdotes espa?oles y de otras nacionalidades. Era el relato de atrocidades cometidas por los escuadrones de la muerte y otras fuerzas parapoliciales y paramilitares bajo el auspicio de los gobiernos de turno y que encuadraban delitos de persecuci¨®n universal que no prescriben. A la iniciativa de Mench¨² se sumaron varias asociaciones de derechos humanos, profesionales y sindicales.

Inicialmente, el juez Ricardo Ruiz Polanco se declar¨® competente y realiz¨® varias pesquisas, pero el fiscal recurri¨® la decisi¨®n y la Sala admiti¨® el recurso y orden¨® al magistrado que archivase el caso. Sin embargo, los denunciantes no se aquietaron y presentaron recursos sucesivos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que finalmente han obligado a la Audiencia Nacional a desdecirse.

As¨ª, la nueva resoluci¨®n se?ala que debe desestimar la petici¨®n del fiscal debido a que el Tribunal Constitucional ha proclamado "el principio de jurisdicci¨®n universal sin otras restricciones que las que puedan derivar de la prioridad que corresponde al Estado territorial o al Tribunal Penal Internacional". Adem¨¢s, la Audiencia constata que la querella no es espuria puesto que no procede de lo que se denomina "elementos lejanos o extra?os".

La resoluci¨®n deja claro que el juez instructor, en el curso de la investigaci¨®n, puede averiguar si los jueces guatemaltecos han realizado alguna actuaci¨®n dirigida a perseguir los hechos o los delitos denunciados, "lo que no parece probable dado el tiempo transcurrido desde que dict¨® este Pleno el anterior auto".

Ahora, y tras la sentencia del Constitucional, la Audiencia ha declarado la competencia del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1 -cuyo titular es en la actualidad el juez Santiago Pedraz- para investigar los hechos y ha desestimado la petici¨®n formulada en su d¨ªa por el fiscal de que se archivasen las actuaciones. El fiscal dispone de un plazo de cinco d¨ªas para presentar recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo si no est¨¢ conforme con la decisi¨®n de la Audiencia Nacional, aunque parece poco probable que lo haga, puesto que la doctrina del Tribunal Constitucional es muy clara en el sentido de eliminar restricciones.