El Tribunal de Cuentas renuncia a fiscalizar el gasto del Gobierno en el 'plan Ibarretxe'
El Parlamento incluy¨® dicha auditor¨ªa entre las prioridades de trabajo para este a?o
El Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas ha resuelto no incluir en su plan de auditor¨ªas para este a?o la fiscalizaci¨®n de todos los gastos que realiz¨® el Gobierno para elaborar y difundir el plan Ibarretxe.El m¨¢ximo ¨®rgano auditor vasco alega para descartar ese informe su agenda de trabajo muy cargada. La Comisi¨®n de Econom¨ªa del Parlamento, de la que depende, incluy¨® dicha fiscalizaci¨®n entre las prioridades para este a?o. El PSE, que la solicit¨®, ha pedido al tribunal que explique sus razones para eliminarla. Ya antes de aprobar el texto en septiembre de 2003, el Gobierno reconoci¨® que se hab¨ªa gastado 400.000 euros en mitines en Euskadi y viajes al extranjero para difundir el proyecto.
La Comisi¨®n de Econom¨ªa aprob¨® el pasado 28 de noviembre por asentimiento de los grupos las prioridades de fiscalizaci¨®n del tribunal para 2006. El ¨®rgano auditor, que act¨²a por delegaci¨®n del Legislativo, fiscaliza la gesti¨®n econ¨®mica y financiera del sector p¨²blico de la comunidad aut¨®noma, adem¨¢s de aquellas personas, entidades y sociedades que reciben fondos de car¨¢cter p¨²blico.
La revisi¨®n de los gastos derivados de la elaboraci¨®n y difusi¨®n del plan Ibarretxe y su an¨¢lisis de legalidad se introdujo en el plan de trabajo a petici¨®n del PSE, que mostr¨® su satisfacci¨®n cuando el resto de partidos dieron su visto bueno. La socialista Joana Madrigal fue la autora de la propuesta y quien defendi¨® la conveniencia de auditar ese gasto. Los partidos que participaron en la reuni¨®n de la Comisi¨®n de Econom¨ªa (PNV, PSE, PP y EA) se pusieron de acuerdo para eliminar algunas de las peticiones incluidas en sus respectivos listados iniciales y hacer de esta forma m¨¢s factible el trabajo del tribunal.
Entre 2002 y 2004, el Gobierno vasco desarroll¨® numerosas acciones y campa?as de difusi¨®n de la propuesta soberanista del lehendakari. La oposici¨®n ya cuestion¨® en su momento esta iniciativa por entender que se estaba empleando dinero p¨²blico para promocionar una iniciativa partidista de reforma estatutaria.
M¨¢s de 400.000 euros
Antes incluso de que el Consejo de Gobierno diese luz verde inicial al texto, el Ejecutivo reconoci¨® un gasto de 400.000 euros en actos en Euskadi y en el extranjero para difundir el plan. Despu¨¦s, y entre otras iniciativas de promoci¨®n de la propuesta, el Gobierno lleg¨® a buzonear en los domicilios hasta 800.000 folletos con un resumen del texto.
Madrigal ha mostrado su enfado con la renuncia del Tribunal de Cuentas, al que recuerda que se trataba de una prioridad decidida por la C¨¢mara. "No es una pr¨¢ctica habitual que el tribunal rechace determinadas auditor¨ªas", recalca.
Seg¨²n la parlamentaria del PSE, la instituci¨®n auditora deber¨ªa abordar una nueva etapa en sus trabajos y dedicarse m¨¢s a las fiscalizaciones que aportan un valor a?adido, como puede ser la del plan Ibarretxe o de los convenios urban¨ªsticos. "Se ha avanzado mucho en las auditor¨ªas ordinarias y ahora hay que pensar en otras cosas. No hay nada ni nadie que impida al tribunal cumplir un mandato del Parlamento", zanja.
Desde el ¨®rgano fiscalizador se argumenta que la auditor¨ªa del plan Ibarretxe "se ha ca¨ªdo" como ha ocurrido con otras propuestas. "No hay que hacer ninguna lectura de otro tipo. No ha existido ninguna tendenciosidad ni nada por el estilo", explican fuentes del tribunal.
Estas mismas fuentes insisten en la tesis de que la agenda de trabajo de la instituci¨®n se halla muy cargada y le resulta imposible hacer frente a todas las peticiones del Parlamento. "La Comisi¨®n de Econom¨ªa se limita a aprobar un listado extenso y lo que hace es diferir el debate sobre las prioridades a los propios consejeros del tribunal. La comisi¨®n debe tener en cuenta nuestra capacidad de trabajo antes de mandar una lista que resulta imposible de cumplir", a?aden.
En esta l¨ªnea, dichas fuentes recuerdan que el tribunal realiza una media de 25 auditor¨ªas anuales, de las que cinco son obligatorias todos los ejercicios: la cuenta general del Gobierno vasco, las de las tres diputaciones y la de los ayuntamientos en su conjunto. A la cuenta del Ejecutivo hay que a?adir las de las sociedades y entes p¨²blicos que dependen de ¨¦l, como el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza o EITB.
Para Madrigal, los problemas hay que verlos en otro sitio. Por una parte, advierte sobre "la baja productividad" del tribunal. "?Por qu¨¦ tiene un ¨ªndice tan bajo de horas (51%) dedicadas a trabajos de fiscalizaci¨®n en su c¨®mputo anual?", se pregunta. Por otra parte, asegura que juega con informes que ya tiene hechos para "engordar" su programa y "desprecia" otras prioridades.
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