La mayor¨ªa nacionalista del Tribunal de Cuentas decidi¨® no auditar el 'plan Ibarretxe'

Los cuatro consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas elegidos por los partidos nacionalistas decidieron no incluir en el plan de auditor¨ªas para este a?o la fiscalizaci¨®n de todos los gastos que realiz¨® el Gobierno para elaborar y difundir el plan Ibarretxe. La aprobaci¨®n del plan de trabajo del m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador vasco para este a?o gener¨® un intenso debate entre los consejeros (tres propuestos por el PNV, incluyendo a la presidenta y el vicepresidente del tribunal, una por EA, dos por el PSE y el restante por el PP). Al final, el plan de trabajo fue aprobado con los votos de los miembros nacionalistas y del propuesto por el PP, y la abstenci¨®n de los socialistas.

Esta abstenci¨®n refleja el malestar que caus¨® en los consejeros socialistas la decisi¨®n de eliminar una buena parte de las prioridades presentadas por la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Parlamento, instituci¨®n de la que depende el Tribunal de Cuentas. La presidenta del ¨®rgano fiscalizador, Mar¨ªa Asunci¨®n Macho, present¨® al resto de miembros una lista cerrada con las auditor¨ªas a realizar. De ese listado se hab¨ªan ca¨ªdo varias propuestas de la comisi¨®n, entre ellas la de mayor carga pol¨ªtica, como la fiscalizaci¨®n de los gastos del plan Ibarretxe (ver EL PA?S del mi¨¦rcoles) propuesta por el grupo socialista.

A partir de esa presentaci¨®n se produjo el debate, que se prolong¨® durante varias horas. Dos fueron las cuestiones sobre las que gir¨® fundamentalmente la discusi¨®n. Por una parte, se debati¨® sobre la falta de explicaciones a la C¨¢mara de Vitoria de los motivos por los que se hab¨ªa decidido no auditar algunos temas, lo que algunos consejeros calificaron como un "desplante institucional". Y, por otro lado, se cuestionaron los criterios que se hab¨ªan empleado para determinar qu¨¦ propuestas entraban y cu¨¢les no.

Aunque la Comisi¨®n de Econom¨ªa env¨ªa prioridades al tribunal y la ley especifica que no se trata de obligaciones (s¨®lo el pleno de la C¨¢mara puede imponer auditor¨ªas), hasta el a?o 2003 se fiscalizaba pr¨¢cticamente la totalidad de las propuestas. Esta tradici¨®n se rompi¨® en el periodo que va de junio de 2003 a mayo 2004, coincidiendo con una baja tasa de actividad del Tribunal de Cuentas.

Debilitar el control

La renuncia a auditar los gastos del plan Ibarretxe ha llevado al PSE a presentar una proposici¨®n no de ley para que sea el pleno del Parlamento el que inste directamente al Tribunal a hacerlo. En caso de prosperar la iniciativa, el ¨®rgano fiscalizador no tendr¨¢ m¨¢s remedio que acometer este trabajo. Ser¨ªa la primera ocasi¨®n en que el pleno obliga al tribunal a alterar su plan de trabajo.

Entre 2002 y 2004, el Gobierno desarroll¨® numerosas acciones de difusi¨®n de la propuesta soberanista del lehendakari. El Ejecutivo reconoci¨® un gasto de 400.000 euros en actos en Euskadi y en el extranjero para difundir el mensaje e incluso lleg¨® a buzonear 800.000 folletos con un resumen del texto.

La parlamentaria socialista Joana Madrigal es la autora de la proposici¨®n y la que desde un principio defendi¨® en la Comisi¨®n de Econom¨ªa la inclusi¨®n de la auditor¨ªa. Madrigal record¨® que el tribunal es un ¨®rgano que depende del Parlamento y que, si decide elaborar planes que no recogen, o lo hacen de manera parcial, las prioridades que le ha planteado, "no se estar¨¢ cumpliendo adecuadamente con las tareas que tiene encomendadas". "Y la conclusi¨®n de todo ello", a?adi¨® Madrigal, "es que se estar¨¢ queriendo debilitar la tarea de control que la oposici¨®n tiene y debe hacer a todo Gobierno. El Tribunal de Cuentas es un instrumento especial y especializado, pero no es un poder pol¨ªtico en s¨ª mismo".

El acuerdo de la Mesa del Parlamento de 9 de enero de 1990 atribuye a la Comisi¨®n de Econom¨ªa la legitimidad para aprobar las prioridades del ¨®rgano fiscalizador, pero, "ante las dudas vertidas sobre esta legitimidad por el tribunal", la parlamentaria del PSE decidi¨® presentar la proposici¨®n no de ley. Frente al argumento del tribunal de que tiene una gran carga de trabajo y eso le obliga a renunciar a algunos trabajos sin que exista ninguna connotaci¨®n pol¨ªtica, Madrigal replica que s¨®lo dedica un 51% de horas ¨²tiles anuales a trabajos de fiscalizaci¨®n, un 6% menos de las dedicadas en 2003.

Seg¨²n Madrigal, "el bajo ¨ªndice de horas productivas respecto a las horas disponibles de sus funcionarios conlleva que el plan de trabajo del Tribunal para 2006 reincorpore informes correspondientes a los planes de ejercicios anteriores". Es el caso, entre otros, de la contrataci¨®n de EITB entre 1999 y 2003, el an¨¢lisis de la financiaci¨®n de las universidades 2000-2002, el plan de empleo de escuelas infantiles de Vitoria del a?o 2000, el an¨¢lisis de las liquidaciones presupuestarias de las diputaciones de 2003 o la distribuci¨®n funcional del gasto en la comunidad aut¨®noma y en las diputaciones.