La liberalizaci¨®n de la ITV

En el art¨ªculo De concesiones y corrupciones, el catedr¨¢tico de Pol¨ªtica Econ¨®mica Ant¨®n Costas (EL PA?S, 21 de febrero) establece una desafortunada relaci¨®n entre la red de corrupci¨®n de contrataci¨®n recientemente descubierta en Canarias, de la que al parecer forman parte funcionarios y pol¨ªticos (Operaci¨®n Eolo), y el cambio de sistema de gesti¨®n del servicio p¨²blico de inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV) en Catalu?a, por el cual, si prospera el proyecto de ley de seguridad industrial, pasaremos de un sistema de concesi¨®n administrativa a una liberalizaci¨®n mediante un sistema de autorizaci¨®n previa.

En dicho art¨ªculo se nos atribuye a los funcionarios p¨²blicos unas potestades de cometer irregularidades otorgando concesiones administrativas, unas facultades de toma de decisiones discrecionales y arbitrarias que en ning¨²n caso nos confiere la legalidad vigente en materia de seguridad industrial y ITV. Creo necesario recordar que fuimos funcionarios p¨²blicos del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat -entre los que me cuento- los que trasladamos al grupo parlamentario de ICV las informaciones que refer¨ªan las anomal¨ªas detectadas en la gesti¨®n de las concesiones de ITV y de entidades de inspecci¨®n y control (EIC) responsables del control de la seguridad industrial, y las irregulares pr¨®rrogas de las concesiones llevadas a cabo por el Gobierno de CiU en plena precampa?a electoral, ante la pasividad demostrada por el grupo parlamentario socialista, del que formaba parte como diputado el actual consejero de Trabajo e Industria. La misma pasividad que tuvo en el caso Turismo, que denunciamos tambi¨¦n los denostados funcionarios. Tambi¨¦n se omiten deliberadamente algunos detalles que pondr¨ªan en crisis la supuestas bondades de liberalizaci¨®n del r¨¦gimen de la ITV que propone el Gobierno catal¨¢n. De un r¨¦gimen de concesi¨®n, mediante el que a lo largo de 20 a?os se han adjudicado contratas a diferentes empresas, adquiridas sucesivamente por Agbar, hasta que ¨¦sta ha acumulado la gesti¨®n del 80% de las estaciones de ITV, y mediante el cual la Administraci¨®n ten¨ªa reservadas facultades de autorizaci¨®n de tarifas y sus incrementos, podr¨ªamos pasar a otra situaci¨®n muy parecida con tres operadoras.

Mediante el nuevo r¨¦gimen, una vez llevada a cabo la reversi¨®n de los bienes patrimoniales p¨²blicos (las estaciones de ITV y los bienes de equipo de la mismas) al t¨¦rmino de las concesiones en vigor, se proceder¨¢ a formar lotes con ellos, que ser¨¢n adjudicados en alquiler mediante concurso p¨²blico, de forma que una empresa no podr¨¢ superar el 40% de cuota de mercado al adquirirlos. El resultado podr¨ªa ser igualmente oligop¨®lico y el Gobierno tendr¨¢ facultades de autorizar unas tarifas m¨¢ximas y se reservar¨¢ la facultad de otorgar licencias de actividad a empresas operadoras de ITV que cumplan los requisitos de solvencia t¨¦cnica y econ¨®mico-financiera que determinar¨¢ reglamentariamente. ?D¨®nde est¨¢ el cambio? ?Qu¨¦ ganar¨¢n los ciudadanos con el cambio? El profesor Costas ha pasado por alto las cifras de ingresos incluidos en la memoria adjunta del proyecto de ley, que dan cuenta de que la Generalitat incrementar¨¢ sus ingresos pasando de los 8,5 millones de euros que est¨¢ obteniendo con el sistema de concesi¨®n a 10,8 millones con el nuevo.

Por ¨²ltimo, hay que destacar, que el proyecto de ley comporta una diluci¨®n de responsabilidad penal, civil y administrativa en caso de accidente al no poder delimitarse con claridad la responsabilidad de la multiplicidad de operadores de seguridad industrial que intervendr¨¢n, y esto s¨ª afecta a los trabajadores y ciudadanos de a pie y las indeminizaciones a que podr¨ªan ser acreedores. Eso no lo digo yo, sino el Consejo de Trabajo Econ¨®mico y Social de Catalu?a.

Joaqu¨ªn Dodero es funcionario del Cuerpo General de Administraciones de la Generalitat.