Un desaf¨ªo democr¨¢tico a los Ayuntamientos

En Espa?a, particularmente en Andaluc¨ªa, debido a su situaci¨®n geogr¨¢fica y al prestigio de su cultura popular, en estos d¨ªas no hay aldea, pueblo o ciudad que se escape de la presi¨®n financiera interesada en convertir el suelo r¨²stico en urbano y en edificar miles de inmuebles, m¨¢s de los necesarios. Basta leer la prensa o escuchar con atenci¨®n la radio.

La edificaci¨®n de 250.000 viviendas en el ¨¢rea metropolitana de Sevilla en los pr¨®ximos diez a?os, producir¨¢ el colapso de todos los sistemas urban¨ªsticos: infraestructuras, v¨ªas, equipamientos, transportes, espacios culturales y ambientales protegidos y de los servicios: seguridad, protecci¨®n, medio ambiente, salud, educaci¨®n, etc., que tienen dimensi¨®n p¨²blica. En esas circunstancias, florecer¨¢ la excluyente oferta privada. Diferente a nuestra cultura; como en Estados Unidos.

Por lo pronto, el informe sobre el colapso del transporte, ya lo conoce la Junta. La soluci¨®n del problema se vislumbra para el a?o 2020. Pero en los quince a?os pr¨®ximos, la situaci¨®n ser¨¢ peor que la actual. Todas las nuevas viviendas ya estar¨¢n terminadas, los usuarios ser¨¢n 700.000 m¨¢s y al ritmo vigente, el paisaje y el entorno medioambiental se encontrar¨¢n irreversiblemente deteriorados.

As¨ª, la ciudad mediterr¨¢nea heredada, origen de la pol¨ªtica y de lo p¨²blico cuyo ¨²ltimo fin es la calidad de vida (Polis, Arist¨®teles, felicidad) se diluir¨¢ dentro del modelo de la ciudad neoliberal estadounidense que ha logrado consolidar el espacio urbano privado someti¨¦ndose a los requerimientos de la econom¨ªa lucrativa inmobiliaria (pragmatismo empresarial) antes que a los intereses de sus habitantes (convivencia solidaria, civilidad).

Dicho proceso se ha fortalecido debido a que los "poderes p¨²blicos" no han sido capaces de garantizar los contenidos que, por una parte, recoge el Estatuto de Andaluc¨ªa y, por otra, constan en los art¨ªculos 45, 46 y 46 de la Constituci¨®n: derecho a la buena calidad del Medio Ambiente, al Patrimonio Cultural y a la vivienda, como taxativamente se dice, impidiendo la especulaci¨®n.

Pero siendo honestos, ?en un sistema econ¨®mico de libre mercado es posible impedir la especulaci¨®n si al mismo tiempo, ¨¦sta no es un delito? Todos los delitos est¨¢n tipificados en la Ley. La especulaci¨®n inmobiliaria est¨¢ condenada por la Constituci¨®n, pero es legal, aunque, por unanimidad, la condenemos porque es inmoral.

As¨ª las cosas, el equilibrio entre el sistema econ¨®mico (libre mercado) y la forma de gobierno (democracia participativa y solidaria) resulta muy dif¨ªcil. Mantenerlo, sin embargo, no depende solamente de quienes dominan el mercado y de los gobernantes, sino tambi¨¦n de la sociedad, del ser humano cuyo sentido de la vida, como dicen los cl¨¢sicos, es ser feliz. Dicho en t¨¦rminos coloquiales, el ciudadano tiene el derecho a disfrutar de una buena calidad de vida, sobreentendiendo que ¨¦sta incluye la satisfacci¨®n de las necesidades individuales pero al mismo tiempo, de las necesidades sociales b¨¢sicas: el patrimonio medioambiental (paisaje, recursos naturales no renovables), el patrimonio cultural (valor social a?adido de los bienes) y el patrimonio social (identidad, sociabilidad, cohesi¨®n, forma de disfrutar el tiempo).

En pocas palabras, el ciudadano que vive en democracia debe tener garantizados los derechos que residen en el ¨¢mbito de la sostenibilidad, o sea, de la ¨¦tica, no s¨®lo de la econom¨ªa; de la libertad responsable, no ¨²nicamente de la libertad de mercado.

Pero si los procesos sociales y de gobernabilidad democr¨¢tica, en determinadas circunstancias aparecen dif¨ªciles y opacos, no tienen por qu¨¦ asumirse como irreversibles. Al contrario, los procesos cerrados deben ser transformados en abiertos, aquellos opacos tienen que hacerse transparentes; han de retroalimentarse y adquirir validez con la participaci¨®n ciudadana real, y no solamente con el cumplimiento de formalidades previstas como sucede, por ejemplo, durante el proceso de aprobaci¨®n de los Planes Generales de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica.

Hace pocos meses, el Ayuntamiento de Almensilla resolvi¨® reclasificar suelo para la construcci¨®n de 18.000 viviendas y aprob¨® el Avance del PGOU de este municipio que seg¨²n el IAE tiene 14 kil¨®metros cuadrados donde residen 1.200 familias en 1099 viviendas.

Hace pocos d¨ªas, la "sociedad civil" almensillera, a trav¨¦s de una encuesta hecha por profesores universitarios, ha recogido y difundido la opini¨®n de sus vecinos acerca de cu¨¢nto y c¨®mo debe crecer el n¨²cleo urbano. Los resultados ratifican las alegaciones con centenares de firmas presentadas oportunamente y discrepan radicalmente de la decisi¨®n tomada por quienes fueron elegidos democr¨¢ticamente en las urnas pero que, aun cumpliendo la formalidad de los procedimientos administrativos, gobiernan con procesos opacos y cerrados a la participaci¨®n ciudadana. Tal como, con la tolerancia de los dem¨¢s "poderes p¨²blicos", sucede en todos los Ayuntamientos que ahora est¨¢n aprobando sus PGOUs. Excepto en dos.

El 75%, es decir, tres de cada cuatro de los actuales habitantes de Almensilla, opinan que el n¨²cleo urbano debe crecer por el bien de todos, pero de manera controlada, de forma compacta, m¨¢ximo unas 2.000 viviendas. Nueve veces menos de las previstas por el Ayuntamiento al tenor de los convenios urban¨ªsticos firmados anticipadamente con las empresas inmobiliarias.

Qu¨¦ gran ejemplo democr¨¢tico. Merece ser imitado por los habitantes de todos los municipios de Andaluc¨ªa e incluso asumido como un procedimiento de obligado cumplimiento. Porque la democracia tambi¨¦n debe formar parte de la calidad de vida de los espa?oles. Si tantas veces se ha despreciado las razones t¨¦cnicas, las razones democr¨¢ticas tendr¨¢n que ser tomadas en cuenta. ?Felicitaciones almensilleros!

Jorge Benavides Sol¨ªs es profesor titular de la Escuela T¨¦cnica Superior de Arquitectura de Sevilla