?Reforma estatutaria o constitucional?

Seis d¨ªas antes de que la Comisi¨®n Constitucional del Congreso aprobase -como hizo ayer con el voto en contra del PP y de ERC- el dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Catalu?a, el Constitucional rechazaba la admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso de los populares contra la toma en consideraci¨®n -a comienzos de noviembre- por la C¨¢mara baja de la propuesta estatutaria aprobada el 30 de septiembre de 2005 por el Parlamento catal¨¢n como primer paso de un largo y complejo proceso. El amparo constitucional desestimado invocaba la lesi¨®n del derecho fundamental de los diputados del PP a participar en los asuntos p¨²blicos en nombre de sus representados; seg¨²n ese razonamiento, la propuesta remitida desde Catalu?a a las Cortes no era en realidad una reforma estatutaria, sino una reforma constitucional disfrazada bajo un falso ropaje auton¨®mico. La cuesti¨®n no es acad¨¦mica, sino que se halla cargada de implicaciones pr¨¢cticas. Puesto que la aprobaci¨®n de las leyes org¨¢nicas de reforma estatutaria s¨®lo requiere la mayor¨ªa absoluta de las C¨¢maras, los esca?os del PP quedan devaluados por innecesarios vista la actual composici¨®n del Parlamento. En cambio, las mayor¨ªas cualificadas -de los dos tercios o los tres quintos, seg¨²n los casos- del Congreso y el Senado exigidas para la reforma constitucional regalan a los representantes populares la llave de cualquier posible decisi¨®n al respecto.

Descontando tal vez por anticipado la inadmisi¨®n del recurso de amparo ante el Constitucional, los dirigentes del PP ensayaron una segunda maniobra diversionista para obstruir, estorbar y deslegitimar ese presunto proceso de reforma constitucional encubierto. En esa nueva versi¨®n, el objetivo era relativizar el alcance y la fuerza de obligar del refer¨¦ndum, que deber¨¢ ser convocado preceptivamente dentro del marco de la comunidad aut¨®noma, para que los ciudadanos catalanes aprueben o rechacen en las urnas el nuevo Estatuto una vez concluido el proceso legislativo. Llevando hasta el absurdo la tesis seg¨²n la cual el futuro texto estatutario implicar¨ªa necesariamente una modificaci¨®n constitucional, cuya aprobaci¨®n habr¨ªa sido maliciosamente hurtada a las Cortes Generales, los dirigentes populares pretenden que la consulta se extienda tambi¨¦n a los dem¨¢s espa?oles. Aunque las firmas recogidas por el PP -tres millones seg¨²n el alegre recuento de sus organizadores- para obligar al presidente del Gobierno a satisfacer su voluntarista demanda iban destinadas originalmente a poner en marcha la iniciativa legislativa popular, que el art¨ªculo 87 de la norma fundamental regula, la aparatosa inconstitucionalidad de la propuesta -parad¨®jicamente invocada por el PP para garantizar la ortodoxia constitucional- ha forzado a los promotores a rectificar y modificar los fundamentos de sus arbitristas exigencias.

Desairados primero por el Tribunal Constitucional, que no acept¨® a tr¨¢mite su amparo contra la tramitaci¨®n de una reforma constitucional supuestamente clandestina, y lanzados despu¨¦s a la imposible tarea de celebrar por id¨¦ntica raz¨®n un refer¨¦ndum sobre el Estatuto en toda Espa?a, los dirigentes del PP tratan ahora de reimplantar de la noche a la ma?ana el recurso previo de inconstitucionalidad derogado en 1985 (debido a la abusiva utilizaci¨®n obstruccionista por los populares de un procedimiento dilatorio excepcional) a fin de aplazar la entrada en vigor de la norma estatutaria hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre futuras impugnaciones. Dado que el PP dispuso de una desahogada mayor¨ªa absoluta durante la anterior legislatura, resulta sospechoso que haya esperado a la soledad parlamentaria para adoptar a toda prisa una iniciativa retardataria que dif¨ªcilmente podr¨ªa ser ahora aceptada. Es cierto que la celebraci¨®n del refer¨¦ndum sobre el Estatuto antes del pronunciamiento del Constitucional sobre la adecuaci¨®n de sus contenidos a la norma fundamental podr¨ªa crear peligrosas tensiones entre el principio democr¨¢tico y el principio de legalidad: raz¨®n de m¨¢s para suprimir entre todos -incluidos los parlamentarios del PP- cualquier vestigio de inconstitucionalidad que pudiera quedar a¨²n en el pre¨¢mbulo o el articulado.