Los aparcamientos y empresas de telefon¨ªa no podr¨¢n aplicar el redondeo

Los consumidores espa?oles recibieron ayer un espaldarazo legislativo. El Consejo de Ministros aprob¨® el proyecto de Ley de Mejora de la Protecci¨®n de los Consumidores y Usuarios que proh¨ªbe el redondeo al alza en el cobro de servicios (como el de hora o fracci¨®n en los aparcamientos) y castiga los abusos (como las comisiones adicionales), vayan o no especificados en los contratos. "Eso significa la eliminaci¨®n de la letra peque?a", subray¨® la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado. La ley establece adem¨¢s que los requisitos para darse de alta y baja de un servicio deben ser los mismos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, record¨® que los consumidores son "la parte m¨¢s d¨¦bil" en las relaciones comerciales y contractuales, e indic¨® que la nueva ley "va m¨¢s all¨¢" de la normativa europea.

En cuanto se apruebe dicha ley, costumbres como cobrar en los aparcamientos "por hora o fracci¨®n" quedar¨¢n abolidas. Tanto los estacionamientos p¨²blicos como los de centros comerciales deber¨¢n cobrar por minutos de estancia. "No se pagar¨¢ por servicios no utilizados", destac¨® Elena Salgado. La prohibici¨®n del redondeo al alza afecta tambi¨¦n a las compa?¨ªas de telefon¨ªa, en especial a las de m¨®viles, que tendr¨¢n que cobrar por el tiempo hablado y no el primer minuto completo, como suele ser lo habitual en casi todas las modalidades de contrato actualmente en vigor, aunque tanto Movistar como Vodafone ya ofrecen sendas opciones con tarificaci¨®n por segundos.

Pr¨¢cticas probadas

Una de las novedades m¨¢s importantes es la equiparaci¨®n entre "pr¨¢cticas y cl¨¢usulas abusivas". "Se parte del principio de buena fe" por parte del consumidor, explica un portavoz de la Direcci¨®n General de Consumo. Se cuenta con que el consumidor denuncia una pr¨¢ctica porque ha sido v¨ªctima de ella, aunque no pueda presentar pruebas escritas, como un contrato, o grabadas. Las pr¨¢cticas, "comportamientos generalizados que no se reflejan en los contratos", recibir¨¢n el mismo tratamiento que las cl¨¢usulas, que s¨ª aparecen como tales, a veces en la famosa "letra peque?a". Una vez detectadas -pr¨¢cticas o cl¨¢usulas- por una organizaci¨®n de consumidores o por una Administraci¨®n p¨²blica, y consideradas como abusivas por un juez, quedan en suspenso "como medida preventiva", seg¨²n la ley. Desde ese momento, no se pueden aplicar. Ahora, las empresas siguen aplic¨¢ndolas hasta que se dicta una sentencia en firme, es decir, se resuelven todos los recursos que interponen.

Por otro lado, los usuarios podr¨¢n darse de baja de un servicio con la misma facilidad y los mismos requisitos con los que se dan de alta. La nueva ley proh¨ªbe que se pongan trabas al usuario para que se d¨¦ de baja e impone que los prestadores de dichos servicios deben informar al consumidor de qu¨¦ procedimiento tiene que seguir para ello.

Adem¨¢s, reconoce como infracci¨®n "el incumplimiento de dichas obligaciones" y la "imposici¨®n de requisitos injustificados", como la que no se devuelvan cantidades entregadas a cuenta cuando la retenci¨®n no hubiese sido advertida al usuario por adelantado. Por tanto, al infractor se le podr¨¢ imponer multa, cuya cuant¨ªa depender¨¢ de la gravedad del incumplimiento.

Respecto a las infracciones, la nueva ley aportar¨¢ "criterios generales" para su tratamiento y el Gobierno tiene un plazo de dos a?os para elaborar una regulaci¨®n completa sobre la materia "con el consenso de las comunidades aut¨®nomas".

La nueva ley mejora algunos puntos que ya se contemplaban en la hasta ahora aplicada, correspondiente a 1984, porque, en palabras de la ministra de Sanidad y Consumo, algunos actores econ¨®micos "han tenido en algunos casos la tentaci¨®n de imponer cl¨¢usulas abusivas".

Desde esa ley anterior qued¨® ya prohibido que los promotores de una vivienda impusieran a los compradores subrogarse a su hipoteca, pero hab¨ªa muchos casos en los que el promotor penalizaba al comprador si no lo hac¨ªa. Esa penalizaci¨®n quedar¨¢ prohibida. Tambi¨¦n en el ¨¢mbito del mercado inmobiliario hay buenas noticias para los compradores: estar¨¢ prohibido que les hagan pagar impuestos o tasas que correspondan al promotor, y ¨¦ste deber¨¢ incluir en el precio final de compra todas las conexiones a los suministros generales, aspectos ambos que antes no estaban regulados.

Otra mejora que incorpora esta ley es la posibilidad de que las Administraciones p¨²blicas (comunidades aut¨®nomas, ayuntamientos o Instituto Nacional del Consumo) puedan demandar el cese de pr¨¢cticas contrarias a lo legislado, mientras que antes no estaban legitimadas para defender al consumidor en estos t¨¦rminos. Respecto a la seguridad de los productos, las Administraciones p¨²blicas ganan en capacidad de decisi¨®n y actuaci¨®n en cuanto detecten un posible peligro para los consumidores.

Adem¨¢s, en caso de que alg¨²n punto de un contrato sea "dudoso", es decir, que pudiera resultar perjudicial para el consumidor, quedar¨¢ eliminado. El ministerio pone como ejemplo que un empresario no cumpla con el consumidor achacando a una huelga como "causa de fuerza mayor" la raz¨®n de su incumplimiento. Si la cl¨¢usula que habla de dichas "causas" no especifica cu¨¢les son, no ser¨¢ v¨¢lida.

Finalmente, la ley regular¨¢ las asociaciones de consumidores de forma que s¨®lo puedan representar sus intereses las que "se hayan constituido de acuerdo con la legislaci¨®n espec¨ªfica de consumo, estatal o comunitaria".