La residencia en la que murieron cinco personas era un psiqui¨¢trico encubierto

El centro en el que murieron cinco personas el martes en Massamagrell (Valencia) funcionaba como una residencia para enfermos mentales encubierta, al que incluso la Generalitat remit¨ªa pacientes tutelados pese a que s¨®lo ten¨ªa autorizaci¨®n para ancianos. La residencia San Lorenzo de Brindis, que no ve¨ªa a un inspector de servicios sociales desde 2004, pidi¨® la acreditaci¨®n para acoger a personas con enfermedad mental en septiembre de 2005. La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, dijo ayer que las medidas de seguridad son iguales para los dos tipos de centros.

La ¨²ltima visita que realizaron los servicios de inspecci¨®n a la residencia San Lorenzo de Brindis de Massamagrell fue en 2004. A?os antes de esta fecha, los responsables de la consejer¨ªa de Bienestar Social de la Generalitat valenciana comenzaron a remitir all¨ª personas con problemas mentales. Primero mayores de 65 a?os con demencias. Pero cada vez m¨¢s fueron enfermos de todas las edades, como indica que entre los fallecidos haya personas de 30 y 50 a?os. Y todo ello pese a que el centro era oficialmente una residencia de mayores, actividad para la que ten¨ªa autorizaci¨®n, y no fue hasta septiembre del a?o pasado cuando solicit¨® una acreditaci¨®n para acoger a enfermos mentales. Entre los residentes hab¨ªa incluso personas incapacitadas judicialmente y bajo la tutela de la Administraci¨®n valenciana, que los aloj¨® en la residencia a pesar de la irregularidad administrativa que presentaba.

La falta de plazas especializadas para personas con enfermedad mental est¨¢ detr¨¢s de este comportamiento, que, seg¨²n fuentes del sector, no se trata de un episodio aislado. Aunque, apuntan, es m¨¢s habitual que se remitan en menor n¨²mero, cuatro o cinco enfermos mentales por cada centro de mayores, sin llegar a los extremos del centro incendiado. Curiosamente, es mucho m¨¢s restrictiva la reglamentaci¨®n relativa a los centros de mayores pese a que las personas con problemas mentales requieren una atenci¨®n m¨¢s especializada. Y es que apenas hay normativa que regule este campo.

Poner orden

Fuentes de la consejer¨ªa de Bienestar Social reconocieron que ahora es cuando "se est¨¢ empezando a poner orden" en el sector, una vez regulado el de la tercera edad, y recordaron que el proceso de autorizaci¨®n administrativa, pendiente tambi¨¦n en otros centros, "es largo". No es la primera vez que la Generalitat tiene que hacer frente a problemas relacionados con centros de salud mental. En septiembre se clausuraron dos viviendas tuteladas. En una, con recomendaci¨®n de cierre por parte de la inspecci¨®n, se descubri¨® un pasadizo donde supuestamente se encerraba a residentes. La otra vivienda se clausur¨® despu¨¦s de funcionar desde 1986 sin que subsanaran los problemas que ten¨ªa.

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, quit¨® ayer importancia a la falta de licencia. Asegur¨® que la normativa de seguridad que han de cumplir los centros concertados con la Generalitat -como era ¨¦ste a trav¨¦s del programa bono residencia- es id¨¦ntica a los requisitos de las residencias para enfermos mentales, por lo que si hubieran tenido la autorizaci¨®n "no hubiera cambiado nada". Los informes de la autorizaci¨®n de la licencia "est¨¢n terminados y son muy favorables", por lo que "a fecha de hoy, se puede dar una autorizaci¨®n provisional" porque el proceso est¨¢ "pr¨¢cticamente ultimado".

"Si es la misma normativa", replic¨® a la consejera la responsable del PSPV-PSOE de pol¨ªtica social, Nuria Esp¨ª, "?para qu¨¦ hay que pedir una acreditaci¨®n diferente, que seg¨²n la consejera estaba a punto?". Esp¨ª denunci¨® que el 75% de las 120 plazas de la residencia estaban ocupadas por enfermos mentales cuando para atender a estos pacientes se requiere "m¨¢s personal, una plantilla con un perfil de especializaci¨®n distinto y edificios adaptados a situaciones de descontrol y agresividad".

La diputada socialista denunci¨® tambi¨¦n la falta de actividad inspectora de la consejer¨ªa. Actualmente, hay ocho inspectores, a pesar de que la ley de servicios sociales establece un ratio de un funcionario por cada 250.000 habitantes, y, por lo tanto, una plantilla de 18 personas para los 4,5 millones de valencianos.

La Federaci¨®n Valenciana de Asociaciones de Familias de Enfermos Mentales calific¨® de "lamentable y muy grave" que haya personas con enfermedad mental en residencias de la tercera edad "sin autorizaci¨®n". Tambi¨¦n se mostr¨® contraria a que estos pacientes compartan espacios sociosanitarios con ancianos ya que tienen unas necesidades "totalmente diferentes".

Las historias cl¨ªnicas, los datos aportados por los familiares y las odontograf¨ªas serv¨ªan ayer como elementos iniciales para identificar a los cinco fallecidos en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Por si finalmente se necesitara mayor precisi¨®n, los forenses cuentan con muestras de ADN de los familiares de cuatro de las v¨ªctimas, los cuatro hombres. La familia de la mujer fallecida reside en Francia y ayer se trabajaba a¨²n en su localizaci¨®n. Entre tanto, la actividad en la residencia aparentaba ayer ser normal.