El Gobierno quiere acabar con los abusos de los intermediarios en la venta de pisos

El Gobierno quiere regular la intermediaci¨®n inmobiliaria para poner coto a los abusos en la compraventa de pisos, que se han disparado desde 2000 al calor del boom de la vivienda. Los 95.000 operadores que act¨²an en Espa?a (agentes de la propiedad, agencias inmobiliarias y profesionales aut¨®nomos) no est¨¢n sujetos por ley a una normativa espec¨ªfica ni se les exige un t¨ªtulo para trabajar, una falta de control que se traduce a veces en comisiones excesivas (10%) y pr¨¢cticas especulativas. El Ejecutivo se ha comprometido, seg¨²n fuentes del sector, a atender las demandas de los 8.000 agentes de la propiedad colegiados, que piden un registro p¨²blico y que se exijan seguros de responsabilidad civil a todos.

Los precios de las viviendas no paran de subir -acumulan un alza del 150% desde 1998- en un mercado en ebullici¨®n -el a?o pasado se vendi¨® un mill¨®n de pisos-, en el que cada d¨ªa es m¨¢s dif¨ªcil encontrar casa a precio razonable. Para salvar dificultades y ahorrar tiempo, un n¨²mero creciente de ciudadanos acude a una agencia en busca de un profesional que les ayude a buscar piso (compra o alquiler). Como resultado, la intermediaci¨®n ha vivido en estos a?os su propio boom, pero ha coincidido con la liberalizaci¨®n de este mercado en 2000, que ha supuesto un aumento de los abusos y de la especulaci¨®n que el Gobierno quiere frenar, seg¨²n fuentes inmobiliarias.

Basta un tel¨¦fono m¨®vil para intermediar en la compraventa de una vivienda. Ni t¨ªtulos oficiales, ni seguros que cubran las operaciones. Evidentemente, no todas las agencias abusan de los clientes, pero cualquiera puede mediar en las transacciones desde que el anterior Ejecutivo del PP aprob¨® un decreto de medidas liberalizadoras del sector inmobiliario y que en 2003 se convirti¨® en ley.

Seg¨²n este documento, pueden ejercer esa profesi¨®n los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) "conforme a los requisitos de cualificaci¨®n profesional contenidos en su propia normativa espec¨ªfica", pero tambi¨¦n "personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas sin necesidad de estar en posesi¨®n de t¨ªtulo alguno, ni de pertenencia a ning¨²n colegio oficial".

Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs europeo sin una regulaci¨®n de este sector. La liberalizaci¨®n persegu¨ªa introducir m¨¢s competencia en un mercado controlado hasta entonces por los API, figura que naci¨® en 1948 y que desde 1969 dispone de una titulaci¨®n oficial. Un API tiene unos honorarios estipulados: las comisiones que cobran a sus clientes deben estar entre el 3% y el 5%. En Espa?a, existen unos 8.000 agentes de la propiedad. El resto de intermediarios (hasta llegar a los 95.000 que en total se calcula que hay) act¨²a con libertad.

"Los API est¨¢n sujetos a un mismo c¨®digo deontol¨®gico; esto no significa que trabajen mejor que las agencias, aunque te¨®ricamente ofrecen unas m¨ªnimas garant¨ªas en caso de problemas", explica Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU).

M¨¢s reclamaciones

"No estamos de acuerdo con que los agentes se tengan que colegiar para ejercer esta profesi¨®n, pero s¨ª creemos que es necesaria una regulaci¨®n", a?ade.

De las 4.122 quejas relacionadas con el mercado de vivienda de segunda mano que la OCU recibi¨® en el ¨²ltimo a?o, un 5% se debi¨® a problemas con los agentes inmobiliarios (v¨¦ase gr¨¢fico). "Nos hemos encontrado con casos de compradores en los que el intermediario les ha forzado a entregarle una se?al de 600 euros s¨®lo por el hecho de ense?arles un piso", explica la portavoz. "Dicen que este aval lo exige la ley, pero no hay ninguna ley", advierte. "Algunos no s¨®lo piden una se?al, sino que tambi¨¦n desaparecen con ella", remata Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, que tambi¨¦n ha pedido al Ministerio de Vivienda que establezca condiciones al conjunto del sector. La ministra Mar¨ªa Antonia Trujillo se ha comprometido con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad de Espa?a a estudiar estas propuestas para reforzar los controles en este sector. El sector pide que se cree un registro p¨²blico para controlar qui¨¦n opera en este mercado. Adem¨¢s, tambi¨¦n deber¨ªa obligarse a todas las agencias a que, sin excepci¨®n, suscriban un seguro de responsabilidad civil. Por ¨²ltimo, los API tambi¨¦n piden que el agente demuestre que no tiene antecedentes penales. En Catalu?a tambi¨¦n se est¨¢n dando pasos. La Generalitat ultima una ley que obligar¨¢ a todos los intermediarios a inscribirse en un registro oficial con el objetivo de luchar contra el fraude y dar garant¨ªas al comprador de un piso, al vendedor y a la propia agencia inmobiliaria. Todo indica que las comisiones, de momento, seguir¨¢n siendo libres. Aunque las asociaciones de consumidores, que ya consideran excesivos los honorarios de los API, recuerdan a los compradores de un piso y a los propietarios que quieran venderlo que algunos intermediarios llegan a cobrar m¨¢s del 10%.