Una educaci¨®n hacia la cohesi¨®n social

N o debemos ni queremos olvidar la Ley de Calidad (LOCE) y su periodo de elaboraci¨®n. No podemos olvidar c¨®mo el ministerio que entonces dirig¨ªa Pilar del Castillo ignoraba a las organizaciones m¨¢s representativas de la comunidad educativa; aquella ministra de aquel Gobierno s¨®lo nos convoc¨® para informarnos de sus decisiones, sin cedernos ninguna capacidad para intervenir. Quiz¨¢ en esto radic¨® el fracaso de esa ley.

La LOCE s¨®lo cont¨® con el respaldo del PP, Coalici¨®n Canaria (debido s¨®lo a un pacto de legislatura) y parte de la red concertada. Las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas, las organizaciones mayoritarias de profesores, padres y alumnos convergimos en una oposici¨®n a la misma. Por fortuna, la ley tuvo corta vida. La falta de di¨¢logo y consenso en su elaboraci¨®n signific¨® su propia tumba. Una ley educativa sin un consenso suficiente, la impulse el Gobierno del signo pol¨ªtico que sea, est¨¢ condenada al fracaso, no puede perdurar en el tiempo.

Las autonom¨ªas deber¨¢n ser generosas y afrontar una segunda descentralizaci¨®n

Las leyes mudaban con los Gobiernos, mientras los indicadores educativos no mejoraban

El nuevo Gobierno anunci¨® la paralizaci¨®n de la LOCE y despu¨¦s present¨® el documento Una educaci¨®n de calidad para todos y entre todos para debatir y reflexionar antes de la redacci¨®n de una nueva ley. Redactado con un nuevo lenguaje, m¨¢s cercano a la realidad de la escuela y a sus problemas, con mayor sensibilidad social, este documento no reflej¨® todas nuestras aspiraciones. El texto nos pareci¨® en un primer momento insuficiente. Tras debates intensos, la mayor¨ªa comprendimos que el escenario hab¨ªa cambiado, que nuestro pa¨ªs ya no pod¨ªa permitirse un sistema educativo inestable, con leyes que mudan con los Gobiernos, mientras nuestros indicadores educativos internacionales no mejoraban.

Los datos del Informe PISA de la OCDE, que dejaban en muy mala posici¨®n a nuestros alumnos y, por ende, a nuestro sistema educativo, hicieron m¨¢s patente que la sociedad reclamaba una modernizaci¨®n de la escuela, y en el menor tiempo posible. Nuestros ni?os, ni?as y j¨®venes viven en un entorno global m¨¢s competitivo, y requieren una formaci¨®n adaptada a la sociedad de la informaci¨®n y el conocimiento y a la adopci¨®n de valores que les ayuden a convivir de manera c¨ªvica en una sociedad m¨¢s compleja. Era evidente que las organizaciones m¨¢s representativas, si quer¨ªamos seguir si¨¦ndolo, deb¨ªamos adaptarnos a lo que nuestras bases y la sociedad en su conjunto nos demandaban: un pacto social por la educaci¨®n, trabajar por el mayor consenso posible entre las organizaciones de la comunidad educativa, Ministerio de Educaci¨®n, consejer¨ªas de Educaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas y otras organizaciones sociales.

Creemos que el Ministerio de Educaci¨®n ha querido responder a esta demanda de la sociedad. A todos nos consta que el Ministerio de Educaci¨®n ha dialogado, de manera intensa, con todas las organizaciones de la comunidad educativa, de uno u otro signo. Incluso ha llegado a acuerdos sobre mejoras de las condiciones laborales del profesorado y sobre la problem¨¢tica de la convivencia en los centros escolares, con una muy amplia mayor¨ªa de sus organizaciones sindicales representativas.

Otra cuesti¨®n es que organizaciones intervenidas por la jerarqu¨ªa de la Iglesia cat¨®lica se hayan movilizado en contra de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE), a sabiendas de que la asignatura de religi¨®n va a permanecer en el programa escolar y por motivaciones que escapan del ¨¢mbito educativo. Pero al margen de esto, la LOE s¨®lo tuvo el rechazo del PP en el Congreso, y ha obtenido el consenso de casi todas las organizaciones de la comunidad educativa, contando entre ellas a los titulares de los centros concertados cat¨®licos, aun a costa de que las organizaciones progresistas nos hayamos visto obligadas a ceder en muchas de nuestras aspiraciones. Reiteramos que ¨¦sta no es nuestra ley, pero es una ley factible; que, aunque ahora parece una afirmaci¨®n extra?a, puede permanecer en el futuro con un Gobierno de otro signo; una ley sobre la que todos tenemos y debemos de trabajar para afrontar los m¨²ltiples retos que la sociedad nos plantea. Y sin demora.

La LOE no se edifica en un solar vac¨ªo, sino en unas realidades muy sedimentadas que la condicionan. En los ¨²ltimos veinte a?os se ha consolidado el modelo que introdujo la LODE en 1985: primero, se establece una doble red de centros p¨²blicos, y privados concertados; estos ¨²ltimos apenas escolarizan a alumnado con bajo rendimiento acad¨¦mico o a hijos de trabajadores inmigrantes; segundo, una red p¨²blica, dependiente de las administraciones auton¨®micas, sin identidad y estrategia clara que permita ver horizontes esperanzadores con atenciones prioritarias; tercero, una financiaci¨®n relegada de las prioridades presupuestarias, a?o tras a?o, y que sit¨²a a nuestro pa¨ªs lejos de la media europea; cuarto, una presencia de la religi¨®n en las escuelas en los mismos t¨¦rminos en que se produc¨ªa en un Estado confesional; quinto,un concepto de centros aislados de su entorno, sin configurar unidades m¨¢s grandes, con el barrio o municipio donde est¨¦ ubicado, capaces de aprovechar recursos y crear identidades; sexto, una falta de compromiso de la sociedad en general con la educaci¨®n no universitaria, que precisa de una mayor implicaci¨®n social para buscar otros centros de inter¨¦s.

La nueva ley, sobre el papel, obliga a los colegios privados-concertados a que atiendan a todo el alumnado, sin discriminaci¨®n alguna, haciendo efectivo el principio de gratuidad y llevando a cabo una gesti¨®n transparente y controlable socialmente. A cambio, esta ley les reconoce el estatus de servicio p¨²blico educativo, por lo que podr¨¢n exigir a las administraciones auton¨®micas una financiaci¨®n suficiente para desarrollar su actividad educativa. Pero si nos situamos en el d¨ªa a d¨ªa de los centros escolares, las organizaciones progresistas tememos que persista un proceso de escolarizaci¨®n que no garantice una redistribuci¨®n equitativa del alumnado, pues la reserva de plazas para los alumnos s¨®lo se mantendr¨¢ hasta el periodo de matriculaci¨®n, lo que en la pr¨¢ctica significa que los hijos de trabajadores inmigrantes que lleguen a Espa?a a lo largo del a?o, fuera del periodo de matriculaci¨®n, s¨®lo podr¨¢n matricularse en los centros p¨²blicos, que son los que disponen de un n¨²mero m¨¢s elevado de plazas libres. Corremos el peligro de que la escuela concertada siga matriculando a un n¨²mero reducido de alumnado inmigrante. Nosotros hemos solicitado en este proceso que todos los centros reserven plazas para alumnado que se incorpore durante cualquier periodo del a?o, como ya sucede en algunas comunidades aut¨®nomas. No obstante, en esto y otros temas, como la generalizaci¨®n de los servicios educativos complementarios en los centros p¨²blicos, depender¨¢n de la decisi¨®n y gesti¨®n de las comunidades aut¨®nomas.

Sin duda, nos gusta que esta ley est¨¦ acompa?ada de una financiaci¨®n econ¨®mica, que recoja avances laborales importantes para el profesorado, que dote al sistema educativo de medidas de atenci¨®n a la diversidad y que pretenda armar de valores y principios a la escuela p¨²blica, que puede configurar ahora su identidad sobre la atenci¨®n a la diversidad de alumnado, al entender ¨¦sta como una riqueza y no un problema, la educaci¨®n en valores c¨ªvicos universales, o la participaci¨®n de la familia en la escuela, entre otros. Una de las carencias de la escuela p¨²blica en los ¨²ltimos tiempos era la falta de un modelo claro.

La mejora de la calidad y equidad de nuestro sistema educativo depender¨¢ ahora, m¨¢s que de una ley marco como la LOE, que respeta las competencias auton¨®micas, de las pol¨ªticas que desarrollen las administraciones territoriales para reformar la organizaci¨®n y funcionamiento de los centros escolares, mejorar la formaci¨®n del profesorado, incrementar la participaci¨®n de las familias en los centros educativos, o respaldar las experiencias de innovaci¨®n pedag¨®gica que algunos centros educativos desarrollan. Los Gobiernos aut¨®nomos deber¨¢n ser generosos y afrontar una segunda descentralizaci¨®n, para otorgar un mayor protagonismo a las administraciones locales en materia educativa, pues distintos estudios relacionan la calidad educativa y la inserci¨®n del centro educativo con su entorno, es decir, con su barrio, con su municipio.

El MEC podr¨¢ impulsar iniciativas como la que actualmente desarrolla al financiar al 50% planes de refuerzo para alumnos con malos resultados escolares y que reciben clase fuera del horario lectivo; tambi¨¦n puede liderar un plan de convivencia. Las organizaciones de padres y madres, profesorado y alumnado tendremos que mejorar nuestra comunicaci¨®n, impulsar la participaci¨®n y vigilar a los poderes p¨²blicos para que no bajen la guardia y no sean conformistas, porque la escuela p¨²blica, y la educaci¨®n en general, requiere administraciones que la lideren con apoyo y creatividad. En definitiva, todas las ecuaciones para lograr una escuela y una sociedad m¨¢s justas y libres requieren del di¨¢logo y del consenso. Todav¨ªa queda mucho trabajo por delante.

Jos¨¦ Campos Trujillo es secretario general de Ense?anza de CC OO. Carlos L¨®pez Corti?as, secretario general de Ense?anza de UGT, y Lola Abell¨® Planas, presidenta de la Confederaci¨®n laica de padres de alumnos CEAPA.