Del espionaje, las torturas y otros m¨¦todos imaginativos

Si pudiera volver a presentarse a las elecciones, muy probablemente Bush las perder¨ªa. Entre otras razones, por el fracaso de su estrategia iraqu¨ª, las escuchas ilegales y las torturas. Espionaje y torturas atentan contra las libertades pol¨ªticas y la dignidad humana. Son un esc¨¢ndalo pol¨ªtico, de sistema y de civilizaci¨®n, pero tambi¨¦n constitucional, pues se han convertido en muestra de autoextensi¨®n de los poderes presidenciales en detrimento de los del Congreso.

Miles de ciudadanos norteamericanos est¨¢n siendo ilegalmente espiados en sus comunicaciones. Bush sostiene que, en nombre de la seguridad nacional, tiene el poder de espiar.

Hay arrogancia de poder en el momento del ejercicio del mismo y arrogancia de poder a pesar de haberlo perdido. Nixon es un ejemplo. Tras perder la presidencia a causa del espionaje en el cuartel general dem¨®crata declar¨®: "Cuando el presidente lo hace no es ilegal". En noviembre espet¨®: "Las actividades que llevamos a cabo son legales. Nosotros no torturamos".

Ante la injusticia y el abuso de poder, como toda sociedad democr¨¢tica, la norteamericana necesita una sacudida de vez en cuando. En 1976 el Senado constituy¨® la comisi¨®n Church para investigar los excesos de Nixon. Y descubri¨® que la CIA, entre 1953-1973, abri¨® y fotografi¨® 250.000 cartas.

Muchos americanos no han olvidado el Watergate. Existe adem¨¢s una cierta tradici¨®n (en gran medida heredada de Europa) que hace que muchos l¨ªderes y ciudadanos, incluidos conservadores, consideren que la ley es sagrada. Es el caso de Alberto Mora, republicano leal que se ha opuesto a la violaci¨®n de la ley. Ha sido el principal denunciante, desde dentro del sistema, del tinglado torturador. Mora, cuya madre es h¨²ngara, dice: "No existe h¨²ngaro tras el comunismo que no sea consciente de que los derechos humanos son incompatibles con la crueldad. El debate aqu¨ª y ahora no es s¨®lo c¨®mo proteger al pa¨ªs. Es c¨®mo proteger nuestros valores".

De ah¨ª que la Administraci¨®n lo tenga dif¨ªcil porque existen esos valores y gente dispuesta a batirse por ellos. Por eso Michael Hayden, director adjunto de la inteligencia nacional, acaba de decir: "La Agencia Nacional de Seguridad tiene un problema existencial: para proteger las vidas y libertades americanas tiene que ser poderosa y secreta en sus m¨¦todos. Y vivimos en una cultura pol¨ªtica que desconf¨ªa, sobre todo, del poder y del secreto".

Del informe Church naci¨® una ley especial que convirti¨® en delito el espionaje sobre ciudadanos norteamericanos realizado sin orden judicial. Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que act¨²a legalmente porque interpreta que dicha ley ha sido sobrepasada por la especial autorizaci¨®n que el Congreso otorg¨® al Ejecutivo a ra¨ªz del 11-S y que posibilitaba que el presidente usara "toda la fuerza necesaria para prevenir cualquier acto de terrorismo". Empero, hay quien entiende que Bush y Cheney est¨¢n intentando establecer un precedente para "conducir la guerra contra el terrorismo sin contar con el Congreso".

En definitiva, Bush pretende convencer de que se puede confiar en ¨¦l para proteger a los norteamericanos. The New York Times es esc¨¦ptico: "No se nos ocurre presidente alguno que se haya dirigido al pueblo americano m¨¢s veces que Bush para pedirle que se olvide de la democracia, el sistema judicial y el equilibrio de poderes para sencillamente confiar en ¨¦l. Tampoco se nos ocurre ning¨²n presidente que merezca menos esa confianza que solicita". (13 de marzo de 2006).

As¨ª manipulado, el "principio de confianza" atenta contra la democracia, la dignidad y las libertades civiles. Bruce Fein, republicano, piensa que: "La negativa de Bush a adecuarse a la ley es un asalto directo a la separaci¨®n de poderes". Dice que a los presidentes se les debe dar un amplio margen para que protejan la seguridad nacional, pero "si establecen un principio de conf¨ªen en m¨ª, hay que empezar a hablar del impeachment". En cualquier caso, en modo alguno puede el presidente violar una ley por considerarla obsoleta o impracticable. Debe, simple-mente, solicitar del legislador que la reforme.

?Qu¨¦ decir de las torturas? Podr¨ªamos preguntar a Maher Arar, canadiense de origen sirio, que en 2002 hizo escala en Nueva York. Fue detenido porque hab¨ªa sido fotografiado tomando un caf¨¦ con un supuesto terrorista. Retenido sin cargo alguno durante dos semanas, fue enviado a Siria (s¨ª, ese pa¨ªs del "eje del mal"). Torturado durante 12 meses, fue liberado en octubre de 2003. El embajador sirio en Washington declar¨® que hab¨ªan sido incapaces de encontrar v¨ªnculo alguno entre Arar y el terrorismo.

Pero la Administraci¨®n de Bush contin¨²a mintiendo. En 2003 el senador dem¨®crata Patrick Leahy exige de la secretaria de Estado una declaraci¨®n sobre los prisioneros. En l¨ªnea con su jefe, Rice afirma: "No se tortura". Pero el 28 de abril de 2004 se publican las espeluznantes fotos de Abu Ghraib. C¨ªnicamente, Porter Goss, el director de la CIA, mantiene que ellos no se sirven de la tortura, s¨®lo de t¨¦cnicas imaginativas.

La Administraci¨®n argumenta que ahora no hay enemigos, que Ginebra no rige y que el presidente puede actuar en funci¨®n de una supuesta "doctrina de la necesidad". No hay disimulo. Cuando Alberto Mora pregunta a John Yoo, consejero en el Ministerio de Justicia: "?Est¨¢ usted afirmando que el presidente dispone de autoridad para ordenar la tortura?", Yoo, llanamente, contesta: "S¨ª".

Asombrosamente, hay quienes argumentan que la tortura de sospechosos de terrorismo ayuda a salvar vidas y que legitimarla y someterla a control puede reducir el peligro que la misma supone para la vida de los torturados. Sin embargo, la historia evidencia que legitimar la tortura la convierte en normal y la hace m¨¢s frecuente, no menos.

Los Estados Unidos y sus aliados, en especial Gran Breta?a (ahora Tony Blair dice en plan iluminado que Dios y la historia juzgar¨¢n su decisi¨®n de invadir Irak), han dado prioridad a la obtenci¨®n de informaci¨®n (a menudo inventada por el torturado entre gemido y gemido) sobre las restricciones morales, jur¨ªdicas y pol¨ªticas que deben aplicarse a la violencia.

En tiempos en que el mundo est¨¢ amenazado por quienes no desean aceptar la democracia ni respetar los derechos humanos y que consideran que el asesinato de civiles est¨¢ justificado, y cuando Occidente dice querer extender la democracia a donde no existe, utilizar los mismos m¨¦todos de aquellos a quienes, simult¨¢neamente, se pretende combatir y predicar, equivale a un suicidio civilizacional. ?Acaso estamos locos?

Coda para la Embajada de los Estados Unidos: manifiesto que soy tan antinorteamericano como los senadores republicanos John McCain, Sam Brownback o Lindsay Graham, los dem¨®cratas Patrick Leahy o Ron Wyden y las publicaciones The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Boston Globe o Denver Post. De todos ellos he extra¨ªdo la informaci¨®n y opiniones que aqu¨ª expongo.

Emilio Men¨¦ndez del Valle es embajador de Espa?a y eurodiputado socialista.