El gobierno local ignor¨® resoluciones del asesor jur¨ªdico
El jefe del servicio jur¨ªdico de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Jorge Gonz¨¢lez, alert¨® al actual equipo de gobierno de que pod¨ªa incurrir en presuntos delitos si no revocaba licencias de obras contrarias al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente, pero su dictamen fue ignorado.
El 10 de noviembre de 2003, apenas tres meses despu¨¦s de la toma de posesi¨®n de Marisol Yag¨¹e y su equipo, Jorge Gonz¨¢lez emiti¨® un informe en el que advert¨ªa de que cuando una licencia de obra concedida ya por el consistorio no se ajusta a la legalidad, "procede denegar la aprobaci¨®n del proyecto de ejecuci¨®n y revisar la licencia ilegalmente otorgada". Gonz¨¢lez reconoc¨ªa que la licencia de ejecuci¨®n es un mero tr¨¢mite en el que s¨®lo cabe comprobar si el proyecto de las obras se ajusta a los par¨¢metros t¨¦cnicos definidos en la licencia, pero que "esta regla quiebra si la licencia no se ajusta a la legalidad".
Las recomendaciones de Gonz¨¢lez fueron ignoradas. El 1 de octubre de 2004, el delegado provincial de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas en M¨¢laga, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Povedano, se reuni¨® con la alcaldesa y tres t¨¦cnicos municipales para advertirle de que si no revocaba las licencias ilegales aunque hubieran sido concedidas por sus antecesores y permit¨ªa que se ejecutaran los proyectos, podr¨ªa incurrir en un presunto delito.
Garc¨ªa Marcos
La primera teniente de alcalde, Isabel Garc¨ªa Marcos, que desde el domingo comparte celda con la alcaldesa en la prisi¨®n de Alhaur¨ªn de la Torre, se encarg¨® de solucionar el inconveniente a su modo. Cinco d¨ªas despu¨¦s de aquel encuentro, el 6 de octubre, orden¨® a Jorge Gonz¨¢lez que enviara su dictamen a un abogado que ha colaborado con ella desde su etapa en la oposici¨®n, Jos¨¦ Carlos Aguilera, contratado ahora como asesor externo en el consistorio.
En apenas unas horas, este abogado redact¨® un informe que dec¨ªa todo lo contrario al emitido por el jefe del servicio jur¨ªdico propio del ayuntamiento, que "no es posible" revocar una licencia de obras en el momento de emitir el permiso de construcci¨®n en ning¨²n caso. Invocaba este informe una serie de jurisprudencia, aunque siempre omit¨ªa la mayor, que la licencia de obras fuera ilegal.
De este informe privado quedaron enterados los concejales miembros de la comisi¨®n de gobierno, ¨®rgano que aprueba las licencias de ejecuci¨®n, el 7 de octubre de 2003. Desde entonces, el consistorio se ha negado a revisar 54 licencias de obras ilegales a las que le ha conminado la Junta.
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