La fianza de Otegi

El respeto a la dignidad de las v¨ªctimas, el rechazo de cualquier precio pol¨ªtico a cambio del final de la violencia y la plena vigencia del Estado de derecho a lo largo del eventual di¨¢logo con la banda terrorista emprendido con ese objetivo fueron las tres condiciones exigidas a Zapatero por Rajoy si el Gobierno quiere contar con la ayuda del PP durante el largo y dif¨ªcil camino abierto el pasado 22 de marzo por el alto el fuego permanente declarado por ETA. Tal vez por el temor a ser enga?ados, los dirigentes populares miran con suspicacia el comportamiento de C¨¢ndido Conde-Pumpido; la sospecha de que el fiscal general del Estado pudiera ser el ejecutor en el ¨¢mbito legal de un contubernio secreto del Gobierno con ETA para burlar ese triple compromiso se proyecta con efectos retroactivos sobre su resistencia a solicitar la ilegalizaci¨®n del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) antes y despu¨¦s de las auton¨®micas de 2005. Pese a la proclamada independencia y autonom¨ªa del ministerio p¨²blico, los principios de unidad y dependencia jer¨¢rquica de los fiscales respecto al v¨¦rtice de la pir¨¢mide institucional -el fiscal general es nombrado por el Ejecutivo- han dado siempre cierta verosimilitud a las acusaciones de subordinaci¨®n pol¨ªtica.

Resultaba inevitable, as¨ª pues, que las acciones o las omisiones de Conde-Pumpido sobre cualquier asunto procesal o penal relacionado con ETA y con las organizaciones nacionalistas radicales de su entorno fuesen celosamente escrutadas por el PP a la busca de indicios sobre acuerdos ocultos entre el Gobierno y la banda terrorista. Pero la sa?uda desconfianza desplegada por esos cazadores de vestigios incriminadores del fiscal a la hora de perseguir la presa resulta a veces -sirva de ejemplo el diputado del PP Ignacio Astarloa- casi enfermiza; el portavoz en el Senado Agust¨ªn Conde ha llegado al extremo de afirmar que Conde-Pumpido se ha puesto "de parte del terrorismo".

Las secuelas procesales de la huelga del 9 de marzo, convocada bajo el lema Dispersi¨®n asesina por dirigentes de la disuelta Batasuna y del sindicato LAB, fueron aprovechadas por el PP para probar que sus recelos estaban justificados. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska orden¨® el 15 de marzo la prisi¨®n provisional incondicional de Juan Mar¨ªa Olano y Juan Jos¨¦ Petrikorena, inculpados como autores por inducci¨®n de los des¨®rdenes, coacciones y estragos producidos durante esa violenta jornada; la fiscal¨ªa crey¨®, sin embargo, demasiado severa esa medida cautelar, apoyada en cambio por las acusaciones particulares. Arnaldo Otegi -de baja m¨¦dica- se libr¨® seguramente de correr id¨¦ntica suerte gracias a que su declaraci¨®n ante el juez qued¨® aplazada.

La comparecencia del portavoz de la disuelta Batasuna tendr¨ªa lugar 15 d¨ªas despu¨¦s: el comunicado de alto el fuego permanente de ETA hab¨ªa sido difundido una semana antes. Los alanceadores de Conde-Pumpido se frotaron las manos: la fiscal¨ªa se opondr¨ªa a la prisi¨®n incondicional de Otegi, descubriendo as¨ª su doble juego, mientras Grande-Marlaska mantendr¨ªa la medida cautelar. Pero el anunciado enfrentamiento entre el juez y el fiscal como representantes de la eterna lucha entre el Bien y el Mal no llegar¨ªa a producirse. El auto del 29 de marzo de Grande-Marlaska resume la jurisprudencia del Constitucional sobre los l¨ªmites a las restricciones de los derechos, y coincide con el ministerio p¨²blico al aplicar como medida cautelar la prisi¨®n eludible mediante la prestaci¨®n de una fianza y la comparecencia diaria de Otegi en la comisar¨ªa de la Ertzaintza. Los otros dos imputados ya encarcelados podr¨¢n salir tambi¨¦n de prisi¨®n si depositan 200.000 euros.

Mientras los correligionarios del portavoz de la disuelta Batasuna re¨²nen el dinero necesario para ponerlo en libertad bajo fianza, los argumentos avanzados por Grande-Marlaska y por la fiscal¨ªa sobre la prisi¨®n incondicional (cuya funci¨®n no es anticipar la pena, sino s¨®lo evitar la fuga de los inculpados, impedir la destrucci¨®n de pruebas y conjurar la reiteraci¨®n delictiva) prefiguran el debate no pol¨ªtico sino jur¨ªdico que una eventual renuncia a las armas de ETA suscitar¨ªa en el ¨¢mbito del derecho. Porque seg¨²n el art¨ªculo 3.1 del C¨®digo Civil las normas deben ser interpretadas seg¨²n "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" atendiendo a su "esp¨ªritu y finalidad".