La sexta ley educativa de la democracia
Los espa?oles han conocido en su democracia seis leyes org¨¢nicas de educaci¨®n no universitarias pero s¨®lo ha habido en este tiempo dos estructuras distintas del sistema educativo, la que dibuj¨® en 1970 la Ley General de Educaci¨®n (EGB, BUP y COU) y la que dise?¨® la LOGSE (primaria, educaci¨®n secundaria obligatoria y bachillerato).
Ni siquiera la Ley de Calidad que aprob¨® el PP durante su mandato tocaba las estructuras de la LOGSE, aunque siempre se han mantenido la queja de que el bachillerato de dos a?os es excesivamente corto, "el m¨¢s corto de Europa". La nueva Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) reci¨¦n aprobada mantiene la arquitectura, seis a?os de infantil, otros seis de primaria, cuatro de secundaria obligatoria (ESO) y dos de bachillerato. Esta ley integra lo recogido en todas las dem¨¢s, a las que deroga, salvo a la LODE. Interviene en la organizaci¨®n de los centros, en los aspectos de la disciplina, de la composici¨®n del Consejo Escolar del Estado, en la jubilaci¨®n de los profesores, en el acceso a la inspecci¨®n, toca los conciertos educativos y, por supuesto, los contenidos de los estudios. Adelanta el estudio del idioma extranjero, reestructura las asignaturas optativas, aligera de materias los primeros cursos de secundaria y reduce a tres las cuatro modalidades actuales de bachillerato, e introduce dos nuevas asignaturas, Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa y los Derechos Humanos y Ciencias para el Mundo Contempor¨¢neo. La primera de ellas ha sido muy criticada por las organizaciones educativas conservadoras y el PP.
La LOE recoge el resto de la legislaci¨®n vigente y deroga las normas anteriores, salvo la Ley del Derecho a la Educaci¨®n
La LOGSE se aprob¨® en 1990 con el apoyo de todos los grupos pol¨ªticos salvo del PP (205 votos a favor y 89 en contra). Hubo tres abstenciones, dos de Uni¨®n Valenciana y una del PP). El PP dijo ayer que la LOGSE ha sido "una cat¨¢strofe y un fracaso" para los alumnos espa?oles. Y la LOE, dicen, es "una LOGSE dos", "que acabar¨¢ de estropear lo poco que estaba arreglado".
Cuando alcanz¨® la mayor¨ªa absoluta, el PP redact¨® su Ley de Calidad (LOCE) -en la que se inclu¨ªan los pol¨¦micos itinerarios y la rev¨¢lida, que ahora han desaparecido-. Se aprob¨® con el ¨²nico apoyo parlamentario de Coalici¨®n Canaria. 182 votos a favor y 131 en contra. Tuvo una vida corta. El PSOE la paraliz¨® al llegar al poder en 2004 e inici¨® esta ¨²ltima reforma, de tr¨¢mites abruptos. Las manifestaciones han recordado a las que se vivieron en los ochenta cuando se aprob¨® la LODE, con los obispos en la calle. Tuvo dos enmiendas a la totalidad, una del PP y otra de CiU. La posterior ronda de negociaciones consigui¨® un delicado equilibrio entre la escuela concertada y las organizaciones de izquierdas que ayer volvi¨® a zozobrar por culpa de una enmienda que permite a los concejales asistir a los consejos escolares de los colegios concertados. Los religiosos lo consideran "una intromisi¨®n"; la izquierda, sin embargo, defiende en¨¦rgicamente esta medida por que cree que es la correa de transmisi¨®n de los problemas de los centros hacia los ayuntamientos. "Es una ventaja para los centros p¨²blicos y tambi¨¦n debe serlo para los concertados. No est¨¢ pensado para inspeccionar a nadie", explic¨® la diputada de Izquierda Verde Carme Garc¨ªa.
Admisi¨®n: Comisiones para controlar el acceso a los centros
Las familias podr¨¢n solicitar en el propio centro la escolarizaci¨®n de sus hijos. Cuando la demanda de plazas supere la oferta, las administraciones podr¨¢n constituir comisiones de admisi¨®n para velar por que el proceso se ajuste a la ley. En ellas tendr¨¢n representaci¨®n las administraciones educativa y local, los padres, los docentes y los centros p¨²blicos y privados.
La Administraci¨®n establecer¨¢ la proporci¨®n de alumnos con necesidad de apoyo (inmigrantes) que deben escolarizarse en al red p¨²blica y concertada y se les reservar¨¢ plaza s¨®lo hasta el final de la preinscripci¨®n. Cuando se incorporen tard¨ªamente los centros podr¨¢n elevar un 10% el n¨²mero de alumnos por aula para darles cabida. La izquierda ped¨ªa para estos alumnos una atenci¨®n m¨¢s personalizada.
Cuotas: Aportaciones voluntarias en los centros concertados
Las familias podr¨¢n seguir haciendo aportaciones voluntarias a los colegios, una pr¨¢ctica extendida en los centros concertados de la que se han quejado largamente las organizaciones de izquierda por considerar que discrimina a los alumnos por su estatus econ¨®mico. El texto primero era m¨¢s duro en este extremo, pero finalmente lo que se hace es vetar cualquier tipo de obligaci¨®n a las familias pero nada dice de las cuotas voluntarias. Adem¨¢s la Administraci¨®n se compromete a dotar a los centros de los recursos necesarios para que puedan impartir las clases sin tener que recurrir a inversiones extra. La nueva redacci¨®n del texto se consensu¨® con los titulares de la educaci¨®n concertada.
Las familias respetar¨¢n el ideario del centro en el que matriculan a sus hijos.
Apoyo y refuerzo: Atenci¨®n a las necesidades especiales de los alumnos
La LOE ofrece iniciativas para adaptar el programa escolar a los alumnos con necesidades y ritmos de aprendizaje distintos, por ejemplo, los inmigrantes. Se habla de refuerzos en algunas materias, adaptaciones de curr¨ªculo o desdoblamiento de grupos.
En primaria, por ejemplo, alumnos m¨¢s mayores ayudar¨¢n a estudiar a otros m¨¢s peque?os. En secundaria se ofrecer¨¢n en 1.200 centros el pr¨®ximo curso tutor¨ªas y horas extra de las materias en las que se flaquea.
Adem¨¢s, la ley adelanta, excepcionalmente, de los 16 a los 15 a?os, el acceso a los programas de diversificaci¨®n curricular -clases reducidas con contenidos suavizados- y a los nuevos programas de Cualificaci¨®n Profesional Inicial, -para obtener un t¨ªtulo profesional y el de secundaria.
Disciplina: Los directores podr¨¢n sancionar en el acto
Los directores de los centros p¨²blicos ser¨¢n elegidos de forma consensuada entre padres, alumnos, docentes y Administraci¨®n. Adem¨¢s, los directores de instituto podr¨¢n imponer sanciones disciplinarias en el acto, que pueden ser revisadas despu¨¦s por el consejo escolar (formado por docentes y representantes de padres, alumnos y ayuntamiento).
Los centros tendr¨¢n m¨¢s autonom¨ªa. La ley dedica un cap¨ªtulo a esta autonom¨ªa "pedag¨®gica, de organizaci¨®n y gesti¨®n", y para adecuar "los recursos econ¨®micos, materiales y humanos" a sus objetivos. A los institutos se les permite tambi¨¦n "organizar grupos y materias de manera flexible" y adoptar las medidas que crean necesarias para atender a los alumnos con necesidades y ritmos de aprendizaje distintos.
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