La Generalitat es la mayor morosa de la industria farmac¨¦utica y le debe 607 millones
Hacienda modifica el destino de 409 millones para atender gastos de farmacia de 2005
La Sanidad valenciana encabeza la lista de morosos de Farmaindustria, la patronal de los grandes laboratorios farmac¨¦uticos y proveedores de la inmensa mayor¨ªa de f¨¢rmacos de consumo habitual, con una deuda acumulada de 607 millones de euros, la m¨¢s alta entre todas las comunidades aut¨®nomas. Humberto Arn¨¦s, director general de Farmaindustria, ha denunciado en el Senado que la Generalitat paga con un retraso medio de 750 d¨ªas. La Consejer¨ªa de Hacienda difundi¨® ayer el cambio de destino de 409 millones de euros para cubrir gastos de farmacia de 2005.
El sistema sanitario que gestionan las comunidades aut¨®nomas debe a los laboratorios farmac¨¦uticos 2.192 millones de euros, seg¨²n datos de Farmaindustria. La Comunidad Valenciana, que gestiona los servicios de Sanidad desde 1988, acumula el 28% del total de la deuda. S¨®lo Andaluc¨ªa, que duplica en poblaci¨®n a la Comunidad Valenciana, acumula obligaciones similares con una deuda 591 millones de euros.
Catalu?a, por ejemplo, apenas debe a los grandes laboratorios 108 millones de euros. La Comunidad de Madrid, que gestiona los servicios sanitarios desde 2002, acumula ya una deuda de 191 millones de euros, seg¨²n Farmaindustria.
La Generalitat Valenciana, adem¨¢s, es la que m¨¢s retrasa los pagos. Farmaindustria estima un retraso medio de 329 d¨ªas para el conjunto del sistema sanitario, menos de la mitad del registro que arroja la Sanidad valenciana, muy por encima del sistema sanitario andaluz, que difiere sus pagos como media hasta 519 d¨ªas.
La ley contra la morosidad, aprobada en noviembre de 2004 como resultado de la transposici¨®n de una directiva europea de 2000, establece que cualquier pago a proveedores que se retrase m¨¢s all¨¢ de 60 d¨ªas acumular¨¢ un inter¨¦s de demora de siete puntos por encima del Eur¨ªbor.
El director de Farmaindustria alert¨® de la situaci¨®n hace dos semanas en una comparecencia en el Senado y desliz¨® la necesidad de forzar a los gobiernos regionales a cumplir la ley. La patronal de los laboratorios anuncia ahora que acudir¨¢ a los tribunales para reclamar los pagos pendientes a pesar de que los procedimientos judiciales en los tribunales de lo contencioso administrativo pueden dilatarse varios a?os.
La Sindicatura de Comptes denunci¨® un agujero de 1.200 millones de euros en las cuentas de Sanidad correspondientes al ejercicio 2004. Los responsables de la gesti¨®n econ¨®mica de la consejer¨ªa dejaron de contabilizar facturas pendientes de pago por esa cantidad por la sencilla raz¨®n de que carec¨ªan de cr¨¦dito para asumirlas, una opci¨®n acorde con normas elementales de ortodoxia presupuestaria.
Vicente Rambla, consejero de Sanidad y responsable de Hacienda en la pasada legislatura, opt¨® por hacer tabla rasa de las cuentas de Sanidad a partir de 2005 y elevar el paquete pendiente a la calificaci¨®n de problema financiero que corresponde afrontar al responsable de Hacienda.
Los presupuestos de la Consejer¨ªa de Sanidad para 2005 consignaban una partida de 870 millones de euros para prestaciones farmac¨¦uticas, pero la cantidad result¨® insuficiente. El Diarii Oficial de la Generalitat Valenciana difundi¨® ayer dos modificaciones de cr¨¦dito, aprobadas ambas en diciembre de 2005, por un montante conjunto de 409 millones de euros para cuadrar las cuentas de 2005. Los fondos proceden, en un caso, de un alza de ingresos de 199 millones de euros prevista como resultado de la recaudaci¨®n del impuesto sobre actos jur¨ªdicos documentados, esencialmente operaciones de compraventa de vivienda; y, en el otro, como resultado del recorte de gastos en decenas de programas de diversas consejer¨ªas por un total de 210 millones.
La inyecci¨®n de fondos se suma a una pr¨¢ctica que impulsa Sanidad para diferir los pagos a proveedores y que consiste en invitarles a aceptar documentos de confirming, una carta de pago a 90 o 120 d¨ªas que permite al proveedor anticipar esos ingresos, con el coste correspondiente, en entidades financieras concertadas con la Generalitat. Una f¨®rmula que desliza el problema y convierte en acreedores a las entidades financieras.
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