Los catalizadores de la corrupci¨®n

Qu¨¦ duda cabe de que la corrupci¨®n de los servidores p¨²blicos tiene nombre y apellido, que tiene en su derredor una trama concreta de intereses y de desaprensivos en pos del enriquecimiento f¨¢cil e inmediato, y que es sobre ellos sobre los que debe actuar la justicia. Sin embargo, la evidencia de esos pol¨ªticos venales y de esos oscuros intereses que amontonan una riqueza, hiriente por su misma ostentosidad, no debiera hacer olvidar que la corrupci¨®n, como aquellas reacciones qu¨ªmicas que nos intentaban ense?ar en el colegio, s¨®lo se produce en presencia de ciertas condiciones, que se denominan catalizadores. Es la presencia de ¨¦stos la que posibilita que la combinaci¨®n de comportamientos individuales pueda dar lugar a un fen¨®meno de corrupci¨®n de tan largo alcance como el que estos d¨ªas conocemos en Marbella. Por eso es bueno examinar la clase concreta de catalizadores que aparecen en la corrupci¨®n dentro de la administraci¨®n municipal del urbanismo.

El primer catalizador es la concurrencia de una situaci¨®n econ¨®mica muy concreta: la transformaci¨®n de un determinado bien, que en principio es abundante y de bajo valor intr¨ªnseco, en un bien escaso que, por estar sometido a una fuerte demanda externa, adquiere por ello un alt¨ªsimo valor de mercado. Me refiero, naturalmente, al suelo urbanizable. Espa?a es en principio un desierto demogr¨¢fico si comparamos su territorio con el del resto de Europa al norte de los Pirineos. Es decir, que sobra lo que pudi¨¦ramos denominar suelo en bruto. Sin embargo, el suelo que cuenta operacionalmente no es ¨¦se, sino el suelo urbanizable, aqu¨¦l en que la autoridad competente considera que puede construirse. Y ¨¦ste es muy escaso y, por tanto, adquiere un alt¨ªsimo valor de cambio.

?C¨®mo se transita de una situaci¨®n de suelo bruto abundante y de escaso valor a otra de suelo urbanizable de elevad¨ªsimo precio? Pues a trav¨¦s de una serie de decisiones puramente administrativas, confiadas a los pol¨ªticos y funcionarios del ¨¢mbito municipal o local, que pueden convertir en valiosos terrenos que eran yermos, o mantener otros fuera de todo posible mercado, por medio de su l¨¢piz decisorio. Las condiciones ideales para que los intereses econ¨®micos implicados en la industria de la corrupci¨®n contemplen la posibilidad de influir en la decisi¨®n administrativa aparecen de inmediato: unas pocas personas pueden por su sola decisi¨®n atribuir un enorme valor de cambio a un bien, o neg¨¢rselo de plano. Es obvio que la m¨¢s m¨ªnima racionalidad econ¨®mica obligar¨¢ a esos intereses a intentar influir en la voluntad de quienes disponen de tal l¨¢mpara del tesoro. E igualmente es obvio que surgir¨¢n interesados en obtener una parte de esa plusval¨ªa que tan f¨¢cilmente se crea. Esperar lo contrario ser¨ªa literalmente irreal.

Pero es que hay m¨¢s elementos catalizadores: la g¨¦nesis de la escasez del suelo urbanizable no es un capricho arbitrario de los rectores de la Administraci¨®n, sino que est¨¢n incentivados por el propio sistema financiero p¨²blico para mantener permanentemente la escasez. En efecto, una parte sustancial de la financiaci¨®n de la Administraci¨®n local adviene a trav¨¦s de la reserva y gesti¨®n del suelo urbanizable, de forma que estas administraciones tienen un inter¨¦s directo en mantener el r¨¦gimen de suelo escaso y caro. Otro sistema redundar¨ªa en p¨¦rdidas de financiaci¨®n p¨²blica. De esta forma, todos los elementos empujan al resultado final de que un bien muy demandado se convierta en un bien muy escaso.

A lo anterior se une la hiperregulaci¨®n legal sobre la materia: la construcci¨®n y toda la actividad que la rodea est¨¢ sometida a una legislaci¨®n abundante y compleja, que se traduce en la pr¨¢ctica en la necesidad para el promotor de superar una serie de esclusas administrativas, que adolecen todas de la posibilidad de un cierto grado de arbitrismo por parte de quienes deciden. Ninguna de ellas es una decisi¨®n totalmente tasada o de un automatismo predecible, sino que en todas concurre un factor variable de buena voluntad por parte del que decide. La sobrerregulaci¨®n de la actividad trabaja, entonces, como un nuevo catalizador de posibles fen¨®menos de desviaci¨®n de poder.

La conclusi¨®n a la que se llega con este extra?o sistema es la de que Espa?a dispone del sistema de gesti¨®n del suelo m¨¢s ineficiente de toda Europa, en cuanto que no logra suministrar suelo barato a la alta demanda existente. Y ello a pesar (?o precisamente por causa de?) de un intervencionismo reglamentario elevad¨ªsimo. Se justifica te¨®ricamente en la necesidad de ordenar de forma racional el proceso con criterios de inter¨¦s general, pero produce unos resultados muy desviados de ese fin y, adem¨¢s, sirve de catalizador a fen¨®menos de desviaci¨®n corrupta del poder. Sobra suelo y, sin embargo, estamos destrozando el medio ambiente con una intensidad superior a la del resto de Europa.

Otro hecho que opera probablemente a favor de los fen¨®menos de corrupci¨®n es la cercan¨ªa entre el poder p¨²blico decisorio y los intereses econ¨®micos operativos. El hecho de que las decisiones se adopten por cargos pol¨ªticos de nivel local, con una preparaci¨®n t¨¦cnica limitada, con una dedicaci¨®n a lo p¨²blico que no es profesional y que viven en el mismo entorno en el que act¨²an los intereses. El principio, tan ensalzado desde ciertas ¨®pticas pol¨ªticas, de proximidad entre quien decide y el ciudadano, puede volverse en contra de la correcci¨®n de la decisi¨®n misma. Esto es algo muy sabido en la teor¨ªa democr¨¢tica desde antiguo: por eso los griegos, cuando confiaban funciones decisorias al ciudadano com¨²n, lo hac¨ªan con la condici¨®n de someter a posteriori sus resoluciones a un temible y exigente juicio de residencia, lo que hac¨ªa que los ciudadanos se lo pensaran dos veces antes de aceptar entrar en el sorteo de cargos.

Y por ¨²ltimo, visto lo visto en Marbella y otros muchos municipios (?recuerdan Castro Urdiales?), hay un catalizador de tipo pol¨ªtico que es casi universal para los fen¨®menos de corrupci¨®n de los administradores: el populismo, esa pr¨¢ctica consistente en ofrecer soluciones y beneficios inmediatos a cambio del voto, practicada normalmente por grupos de ciudadanos que se declaran al margen y por encima de los partidos. La pr¨¢ctica populista es un caldo de cultivo para la corrupci¨®n, porque siempre conlleva el dejar manos libres al l¨ªder o cacique de turno a cambio de los resultados que promete. Por cierto, que el hecho de que los ciudadanos de Marbella hayan ca¨ªdo con tanta fruici¨®n en esa pr¨¢ctica arroja serias dudas sobre su capacidad como electores y aconsejar¨ªa (si ello fuera posible en nuestra legalidad) someterles al r¨¦gimen de gestora externa no unos meses, sino varios a?os. Porque tambi¨¦n el pueblo es, a veces, culpable de los desaguisados.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado.