Descendientes de Ossorio y Gallardo reclaman los bienes confiscados al pol¨ªtico republicano

Tres descendientes del jurista ?ngel Ossorio y Gallardo, ministro de Alfonso XIII y diputado y embajador de la Segunda Rep¨²blica en los a?os de la Guerra Civil, han formulado una reclamaci¨®n para que se les reconozca el derecho a ser indemnizados por los bienes confiscados a la familia por el r¨¦gimen de Franco. Ossorio y Gallardo, presidente del Ateneo, decano del Colegio de Abogados de Madrid, diputado constituyente en 1931 y Embajador de la Rep¨²blica en Francia, B¨¦lgica y Argentina, falleci¨® en el exilio en Buenos Aires en 1946. Antes de que acabara la guerra, los militares franquistas le sancionaron con la p¨¦rdida de todos sus bienes en junio de 1938, por su "desafecci¨®n" al r¨¦gimen.

Los descendientes del pol¨ªtico, que residen en Buenos Aires, reclaman ahora una compensaci¨®n por una finca de 6.500 metros sita en la calle del Sagrado Coraz¨®n 21, de Cubas de la Sagra (Madrid), y el dinero que el embajador de la Rep¨²blica ten¨ªa en sus cuentas corrientes. La finca fue adjudicada al Estado en 1949 al dictado de la Ley de Responsabilidades Pol¨ªticas de 1939, y el dinero, 29.178,91 pesetas de la ¨¦poca, fueron entregadas al Banco de Espa?a.

La reclamaci¨®n ha sido formulada por los abogados Juan Carlos Talavera Lape?a y Jos¨¦ Miguel Sebasti¨¢n Carrero en nombre de Rosal¨ªa, ?lvaro y Mar¨ªa Isabel Ossorio, y asegura que los bienes de Ossorio y Gallardo fueron objeto de una "incautaci¨®n ilegal y nula de pleno derecho" al constituir "actos represivos de la dictadura del general Franco".

Militares y falangistas

Los demandantes explican que las responsabilidades fueron decididas por tribunales de la ¨¦poca integrados por falangistas y militares, por "contribuir a crear o agravar la subversi¨®n de todo orden de que se hizo v¨ªctima a Espa?a" o por "oponerse al Movimiento Nacional por actos concretos o con pasividad grave".

Los Ossorio creen que es de justicia una reparaci¨®n moral por el da?o patrimonial padecido, pero han calculado la indemnizaci¨®n sobre el "valor oficial" dado actualmente al inmueble arrebatado, y no sobre "su valor de mercado", que s¨®lo habr¨ªa de satisfacer "el beneficiario directo de la incautaci¨®n". Un criterio de valoraci¨®n que, seg¨²n los abogados, podr¨ªa sostenerse en la futura Ley de Memoria Hist¨®rica. La reclamaci¨®n, formulada ante el Ministerio de Econom¨ªa por el "valor m¨ªnimo de referencia" de la finca la cifran en 220.941 euros, y el valor actualizado de las 29.178,91 pesetas de las cuentas bancarias las cuantifican en otros 27.186,75 euros, aplicando el IPC acumulado desde 1940.