Ahora, Andaluc¨ªa

El Parlamento de Andaluc¨ªa aprob¨® ayer por mayor¨ªa de tres quintos el proyecto de nuevo Estatuto de autonom¨ªa. De los cuatro grupos que integran la C¨¢mara, dos votaron a favor (PSOE e IU, que cuentan con 67 esca?os sobre un total de 109), y los otros dos en contra (PP y Partido Andalucista, que suman 42). El nuevo Estatuto nace con un consenso inferior al deseable: deber¨ªa haber contado con un mayor respaldo, especialmente el del PP.

No ha sido posible, porque durante los 21 meses de gestaci¨®n, el PP ha demostrado no tener inter¨¦s en el acuerdo. De entrada mantuvo que no era necesaria reforma alguna: "Hace m¨¢s falta un cambio de Gobierno que de Estatuto". Cuando la ponencia estaba finalizando sus trabajos, intent¨® retrasar su aprobaci¨®n con el objetivo de impedir a Chaves cumplir su compromiso de sacar adelante la reforma en la actual legislatura. Finalmente, ante lo inevitable, lanz¨® su acusaci¨®n m¨¢xima: el nuevo Estatuto viola la Constituci¨®n y atenta contra la unidad de Espa?a. El argumento que ha utilizado para ello es la definici¨®n de Andaluc¨ªa como "realidad nacional" en el pre¨¢mbulo.

Los dos partidos menores, IU y PA, han jugado papeles opuestos. La coalici¨®n de izquierdas, habitualmente muy cr¨ªtica con los socialistas, aparcaba sus desacuerdos -IU defend¨ªa el t¨¦rmino "naci¨®n"- en aras del consenso, mientras que los andalucistas, en un intento por jugar un papel similar al de ERC, han querido sacar la cabeza a costa de pedir lo imposible. Al grito de naci¨®n o nada, se han quedado al margen.

Cuarenta y cinco de los 246 art¨ªculos del nuevo texto (el actual tiene 75) se dedican a definir las competencias de la comunidad, que son pr¨¢cticamente un calco de las previstas en el de Catalu?a, con cl¨¢usula de blindaje incluida. Se reclaman competencias sobre cuencas hidrogr¨¢ficas, puertos, aeropuertos o inmigraci¨®n. En el apartado de la financiaci¨®n tambi¨¦n se adopta el modelo catal¨¢n -propuesto en su momento por Chaves-, con la variante de que se reclaman inversiones del Estado en funci¨®n de la poblaci¨®n y no del PIB. Y recoge un amplio cap¨ªtulo dedicado a los derechos sociales, entre los que destaca el derecho a una muerte digna o la laicidad de la ense?anza p¨²blica. Seg¨²n Chaves, se trata de un proyecto "avanzado, innovador y progresista".