Estatut: hemos ganado

Algunos comentaristas pol¨ªticos, despu¨¦s de pasarse semanas pregonando las "rebajas" que se estaban produciendo en la negociaci¨®n del Estatut en Madrid, empiezan a reconocer, ya publicado el resultado final, que el nuevo Estatut mantiene sus puntos esenciales y no ha sido alterado en lo fundamental. A medida que se pueda analizar el texto aprobado esa impresi¨®n ir¨¢ convirti¨¦ndose en mayoritaria.

Las fuerzas pol¨ªticas catalanas que hemos apoyado el Estatut hemos ganado la batalla. Lo saben el PP y el PSOE. Los populares lo han expresado con rabia y crispaci¨®n. El PSOE lo soporta, intentando diluir determinados contenidos, demorar acuerdos imprescindibles y ocultar voces cr¨ªticas que en su interior denuncian que se ha cedido demasiado. CiU, PSC, ERC y ICV-EA deber¨ªan celebrar y explicar lo conseguido: un Estatut que eleva de forma importante el autogobierno que el Estatut de 1979 reconoc¨ªa a Catalu?a. Sin embargo, ERC, en una muestra de inmadurez que pretende disfrazar de "dignidad nacional" parece no enterarse de lo que ocurre ni de las fuerzas a las que nos estamos enfrentando. Los republicanos deber¨ªan interrogarse sobre los motivos por los que el PP ha pasado de demonizarlos a lanzarles constantes alabanzas por su "indiscutible coherencia". Lo triste para ERC es que sus diputados pasar¨¢n a la historia de las interioridades de la discusi¨®n en el Congreso como los formuladores de una interpretaci¨®n, m¨¢s t¨¦cnica que pol¨ªtica, de cariz centralista y devaluadora del nuevo Estatut que espero no sirva en un futuro como argumento interpretativo para justificar alguna sentencia del Tribunal Constitucional contraria a los intereses de Catalu?a.

Los diputados de Iniciativa hemos mantenido una actitud firme pero discreta y abierta a la negociaci¨®n. Estamos convencidos que el tiempo demostrar¨¢ que nuestro enfoque ha sido m¨¢s fruct¨ªfero, aunque no haya proporcionado titulares tan llamativos como los que otorgan las salidas de tono. Las Cortes espa?olas y el pueblo catal¨¢n votar¨¢n en refer¨¦ndum por vez primera el reconocimiento de Catalu?a como naci¨®n, ubicado en el Pre¨¢mbulo, y de sus s¨ªmbolos, definidos como nacionales, y de sus derechos hist¨®ricos, incluidos en el articulado. El T¨ªtulo Preliminar consagra, tambi¨¦n, un principio reivindicado desde la reinstauraci¨®n de la democracia: la plena igualdad jur¨ªdica del catal¨¢n y el castellano que la Constituci¨®n obvi¨®.

El Estatut incorpora un potente T¨ªtulo de Derechos y Principios Rectores, avanzado y progresista que suscita el temor de los sectores m¨¢s reaccionarios, conscientes de la trascendencia de unos derechos exigibles ante los tribunales. El sistema institucional de Catalu?a queda bien definido, con un S¨ªndic de Greuges con competencias exclusivas, un Consejo de Garant¨ªas Estatutarias que el PP ha definido como un aut¨¦ntico Tribunal Constitucional, un Consejo del Audiovisual que queda blindado para enojo de la derecha, un modelo municipalista avalado por las dos organizaciones representativas de los municipios catalanes, y una organizaci¨®n territorial que hace posible la sustituci¨®n de las diputaciones provinciales por los Consejos de veguer¨ªa.

El Estatut ha sido la punta de lanza que habr¨¢ permitido adaptar el poder judicial al sistema auton¨®mico. S¨®lo hace falta observar las reacciones de los sectores m¨¢s conservadores del Consejo del Poder Judicial para entender la envergadura del cambio que implica que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a sea la ¨²ltima instancia judicial, que se cree el Consejo de Justicia de Catalu?a, una parte del cual ser¨¢ elegida por el Parlament, o que se establezca que jueces y magistrados tendr¨¢n la obligaci¨®n de acreditar un conocimiento adecuado del catal¨¢n para hacer efectivos los derechos ling¨¹¨ªsticos de la ciudadan¨ªa. En el T¨ªtulo de Competencias el cambio es evidente: la definici¨®n de la tipolog¨ªa de las competencias permite "blindar" la posici¨®n de la Generalitat, que estar¨¢ en mejores condiciones para defenderse ante el Tribunal Constitucional frente a intentos del Estado de inmiscuirse en su ¨¢mbito de actuaci¨®n. El salto adelante en nuevas competencias, que han de permitir mejorar la calidad de vida de la ciudadan¨ªa, es indiscutible: desde Cercan¨ªas y trenes regionales de Renfe al traspaso de los inspectores de trabajo, desde la capacidad de proteger el litoral a que el presidente de la Generalitat presida la Junta de Seguridad de Catalu?a, desde la competencias en materia de inmigraci¨®n a la participaci¨®n de la Generalitat en el organismo de gesti¨®n de los Paradores del Estado. El art¨ªculo 140.3 del Estatut, ser¨¢, que nadie lo dude, la llave de entrada de la Generalitat, concretada en leyes posteriores, en la gesti¨®n de los aeropuertos y puertos catalanes.

El texto tambi¨¦n consagra la relaci¨®n bilateral de la Generalitat con el Estado a trav¨¦s de una comisi¨®n bautizada con ese nombre y que jugar¨¢ a partir de ahora un papel esencial. Al mismo tiempo se concretan f¨®rmulas de participaci¨®n de Catalu?a en la Uni¨®n Europea y en organismos internacionales de la importancia de la UNESCO.

El nuevo sistema de financiaci¨®n no es el definido el 30 de septiembre pero es muy parecido al formulado por los consejeros Castells, Huguet y Saura como propuesta del tripartito. Tiempo habr¨¢ de glosar detenidamente los avances que supone disponer de mayor autonom¨ªa fiscal, una Agencia Tributaria consorciada a la estatal, un concepto federal de la solidaridad que pondr¨¢ fin a la discriminaci¨®n que Catalu?a ha padecido o la garant¨ªa de recibir las inversiones del Estado que nos corresponden.

Es evidente que no se ha conseguido todo lo definido en el Proyecto aprobado por el Parlament. Algunos negociaban mientras mandaban a sus militantes a colgar pancartas con el lema Ning¨²n recorte en Madrid; otros explic¨¢bamos que aquel texto ser¨ªa modificado pero que lo importante era mantener los aspectos esenciales que hemos defendido a capa y espada. Estamos razonablemente satisfechos. Y ERC deber¨ªa explicar a la ciudadan¨ªa cu¨¢l habr¨ªa sido su posici¨®n en el Congreso si sus votos hubieran sido decisivos y, sumados a los del PP, hubieran impedido la aprobaci¨®n del nuevo Estatut. ?Tambi¨¦n habr¨ªa votado que no?

Jaume Bosch es diputado en el Parlament y vicepresidente de ICV.