Condenados a penas de tres a cinco a?os los polic¨ªas que detuvieron a dos militantes del PP

La Audiencia de Madrid ha impuesto penas de entre tres y cinco a?os de c¨¢rcel al comisario jefe y a dos inspectores de la Brigada de Informaci¨®n de Madrid que detuvieron a dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, por su supuesta implicaci¨®n en un intento de agresi¨®n al entonces ministro Jos¨¦ Bono en la manifestaci¨®n de la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo (AVT) realizada el 22 de enero de 2005. Los jueces estiman que los agentes incurrieron en detenci¨®n ilegal y falsedad en documento p¨²blico, ya que exageraron lo ocurrido para justificar los arrestos.

El tribunal asegura que la detenci¨®n de los militantes populares fue arbitraria e ilegal. Barrios y De la Cruz permanecieron en la comisar¨ªa de polic¨ªa algo m¨¢s de cuatro horas, se les permiti¨® utilizar el tel¨¦fono m¨®vil y no estuvieron esposados. En una grabaci¨®n que realiz¨® la polic¨ªa de la manifestaci¨®n de la AVT se ve a Barrios blandir un palo cerca de la cabeza de Bono, si bien no llega a tocarle.

La sentencia, de la que ha sido ponente Miguel Hidalgo, que fue inspector jefe de polic¨ªa antes de ser magistrado, impone al comisario Rodolfo Ruiz un total de cinco a?os de prisi¨®n y 10 de inhabilitaci¨®n para ejercer un cargo p¨²blico por el delito de detenci¨®n ilegal y el de falsificaci¨®n en documento p¨²blico. Adem¨¢s, deber¨¢ pagar 1.080 euros de multa, as¨ª como otra por la misma cantidad por un delito de coacciones.

La sentencia condena a cinco a?os de c¨¢rcel y 10 de inhabilitaci¨®n al inspector jefe Javier Fern¨¢ndez, que coordin¨® la investigaci¨®n de los incidentes. Asimismo, impone tres a?os de prisi¨®n por falsedad al inspector Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez, secretario de las diligencias.

El tribunal destaca que los agentes detuvieron de forma "arbitraria" a los militantes del PP y que, "conscientes" de que la detenci¨®n carec¨ªa de "motivaci¨®n", falsearon al atestado policial y exageraron lo ocurrido a Bono en la manifestaci¨®n para justificar los arrestos. En este proceso, la Fiscal¨ªa de Madrid ha entendido que no hab¨ªa delito. El PP hab¨ªa pedido penas de hasta 10 a?os de c¨¢rcel.

Sospechas sobre el delegado

La sentencia declara probado que los militantes populares sufrieron un da?o moral, "primero por ser detenidos y luego por haber aparecido ante la opini¨®n p¨²blica como imputados de unos hechos que no hab¨ªan cometido". El tribunal entiende que ese da?o debe ser resarcido con 12.000 euros para cada una de las dos v¨ªctimas.

El tribunal indica que carece de "elementos" para concluir que la detenci¨®n de los militantes del PP "fuese sugerida por instancias superiores" de los polic¨ªas que las efectuaron. No obstante, indica que "s¨ª tiene la leve sospecha" de que en la actitud de los agentes pudieron "influir" las previsiones "o vaticinios del se?or delegado del Gobierno en Madrid", Constantino M¨¦ndez. Seg¨²n los jueces, "horas antes" de las detenciones M¨¦ndez indic¨® p¨²blicamente que "pronto habr¨ªa identificaciones y detenciones" en relaci¨®n con los intentos de agresi¨®n a Bono. Los arrestos se produjeron al d¨ªa siguiente de esa declaraci¨®n.

Seg¨²n la Audiencia, el vaticinio del delegado del Gobierno "no respond¨ªa a la realidad", dado que "la investigaci¨®n, en la tarde del 24-1-05, no reflejaba ni agresiones al se?or ministro, ni identificaciones de clase alguna de participantes en los incidentes". El tribunal estima que los polic¨ªas condenados "olvidaron que son Polic¨ªa Judicial" y "sirvieron a fines que son contrarios a la justicia (...) e hicieron ciertas las afirmaciones del delegado del Gobierno en Madrid".

Como prueba de que el atestado fue alterado para justificar los arrestos, los jueces destacan el relevo del inspector jefe al que se encomend¨® instruir el atestado. Seg¨²n la sentencia, este inspector rehus¨® leer los derechos como detenidos a los dos militantes del PP porque entend¨ªa que no hab¨ªa pruebas contra ellos que permitiesen detenerles. Entiende el tribunal, respecto a la actuaci¨®n de los inspectores jefes condenados, que no cabe arg¨¹ir "obediencia debida" al comisario puesto que "su preparaci¨®n" como mandos policiales "les permit¨ªa saber que se trataba de una detenci¨®n inmotivada, arbitraria, abusiva y antijur¨ªdica".

Los dos militantes del PP, que afirmaron que hab¨ªan acudido voluntariamente a declarar, permanecieron entre las 13.20 y las cuatro de la tarde del 25 de enero de 2005 en la comisar¨ªa, sin estar esposados, y pudieron usar el tel¨¦fono m¨®vil. Los agentes explicaron en el proceso judicial que les detuvieron como "imputados no detenidos" para "salvaguardar sus derechos". Los jueces califican esa actuaci¨®n de "aberraci¨®n jur¨ªdica" ya que "deteniendo a una persona no se salvaguardan mejor sus derechos (...) sino que (...) hemos de respetar su derecho a no ser detenido y s¨®lo en los casos excepcionales previstos en la ley se le priva de tal derecho".

Rodolfo Ruiz afirm¨® que "la sentencia es injusta, arbitraria, y de tinte pol¨ªtico. No s¨¦ si alguien ha sacado alg¨²n r¨¦dito pol¨ªtico con esto, pero s¨ª s¨¦ que ha servido para destruir a tres familias". El portavoz socialista en el Congreso, Diego L¨®pez Garrido, anunci¨® que el Gobierno defender¨¢ a los agentes mediante recursos de la fiscal¨ªa y la abogac¨ªa del Estado. La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa abrir¨¢ expediente a los polic¨ªas pero no les apartar¨¢ del servicio.