Pir¨¢mide de cart¨®n

A medida que van conoci¨¦ndose los detalles de la supuesta estafa de los sellos -350.000 afectados y un desfase patrimonial de 3.500 millones de euros- resulta m¨¢s incomprensible que este merengue haya aguantado 26 a?os sin derrumbarse y, sobre todo, sin que nadie, ning¨²n organismo oficial y tampoco las auditor¨ªas obligatorias, alertara de la que se estaba montando. Sorprendente, porque el mecanismo b¨¢sico es el mismo de otros reventones financieros producidos en los ¨²ltimos a?os: utilizaci¨®n de las nuevas aportaciones para ir cubriendo los compromisos anteriores sin que ¨¦stos hayan producido rentabilidad real alguna.

Entre los delitos imputados a los directivos de Afinsa y F¨®rum Filat¨¦lico para los que los jueces de la Audiencia Nacional han ordenado prisi¨®n provisional figura el de blanqueo de capitales. Lo ¨²ltimo es la presunta vinculaci¨®n de una filial de F¨®rum Filat¨¦lico con la operaci¨®n Ballena Blanca, lanzada por un juez de Marbella contra el blanqueo de dinero a lo grande en la Costa del Sol. Suele ocurrir que en este tipo de maquinaciones una cosa lleve a la otra en una huida adelante que s¨®lo detiene la llegada de la polic¨ªa. Saber por qu¨¦ ha tardado tanto en descubrirse el pastel es una de las inc¨®gnitas que deber¨¢n despejar los jueces. Pero sirva de ejemplo de la conciencia de impunidad con que se mov¨ªan ciertas personas el detalle de que esa empresa inform¨® a la Agencia Tributaria, como si fuera lo m¨¢s normal del mundo, de que en 2001 hab¨ªa destruido sellos por importe de 18 millones de euros.

Todo el tinglado se basaba en la credulidad espont¨¢nea de muchas personas, unida a su ignorancia sobre algo tan misterioso como el mercado de los sellos, no regulado ni protegido con garant¨ªas y cautivo de ambas empresas, que, dado el volumen de timbres que controlaban, fijaban precios de manera arbitraria. Al respecto resulta llamativo que algunos de los que m¨¢s suelen clamar contra la regulaci¨®n de los mercados reclamen ahora que la Administraci¨®n se haga cargo de los destrozos provocados por su pasividad reguladora. Esc¨¢ndalos como el de Gescartera sirvieron para regular aspectos esenciales de las sociedades gestoras de valores (e incluirlas en los fondos de garant¨ªa de inversiones); ser¨ªa l¨®gico que una consecuencia del fraude filat¨¦lico fuera la prohibici¨®n de operaciones de captaci¨®n de ahorro que no contase con garant¨ªas como el m¨¦todo de valoraci¨®n de los activos, los c¨¢lculos precisos para determinar su revalorizaci¨®n y los sistemas de inspecci¨®n y control de las inversiones.

Sin embargo, no parece pertinente aplicar a este caso el principio de responsabilidad subsidiaria del Estado. No ser¨ªa justo que los contribuyentes sufragaran con sus impuestos la falta de prudencia de quienes eligieron inversiones de mayor riesgo ante la promesa de rendimientos superiores. Otra cosa es, sin embargo, que la Administraci¨®n facilite al m¨¢ximo las reclamaciones de los damnificados, simplificando los tr¨¢mites y dotando a las organizaciones de consumidores y usuarios de los medios necesarios para canalizarlas.