Una norma muy interpretable

S¨®lo una disposici¨®n adicional (la cuarta) de una ley con 94 art¨ªculos. Esa es la ¨²nica referencia legal que existe sobre actividades como las que llevaban a cabo las sociedades Afinsa y F¨®rum Filat¨¦lico. El texto se a?adi¨® a la Ley de Instituciones de Inversi¨®n Colectiva (35/2003) al principio de su tr¨¢mite en el Senado sin que nadie reparara en ello. S¨®lo en su votaci¨®n final en el Congreso, el PSOE rechaz¨® esta parte, por considerar que esos 19 p¨¢rrafos no pintaban nada en la ley. La disposici¨®n sali¨® adelante con los votos del PP.

El PSOE afirma ahora que, en aquella ley, el Ministerio de Econom¨ªa aprovech¨® para quitarse de encima el control de este tipo de sociedades y descargar su competencia sobre las Comunidades Aut¨®nomas, por lo que el Gobierno actual no tiene responsabilidades en esa materia. Para el PP, la norma era un instrumento suficiente para prevenir desde Econom¨ªa casos como el fraude de los sellos.

PSOE y PP discrepan sobre si la ley protege a los damnificados de Afinsa y F¨®rum

La ley apenas les exige que presenten auditor¨ªas ante las "autoridades competentes"

- Tramitaci¨®n. La Ley de Inversiones se debati¨® en el Congreso de abril a julio de 2003. Con el esc¨¢ndalo financiero de Gescartera a¨²n fresco, la necesidad de una mayor regulaci¨®n de las entidades de inversi¨®n era compartida por todos los partidos. En su exposici¨®n de motivos se recordaba que el ahorro depositado en instituciones de inversi¨®n colectiva representaba el 30% del PIB. Durante el tr¨¢mite en el Senado, el PP incorpor¨® su enmienda n¨²mero 143, que creaba la disposici¨®n adicional cuarta, titulada "Protecci¨®n de la clientela en relaci¨®n con la comercializaci¨®n de determinados bienes" y regulaba las sociedades de compraventa de bienes tangibles y expresamente mencionaba los sellos. Lo hizo durante la ponencia, por lo que no consta su debate ni votaci¨®n en un diario de sesiones.

- Contenido. La ley se refiere a esas empresas para distinguirlas de las sociedades de inversi¨®n. Sus gestores "no podr¨¢n realizar las actividades reservadas a las entidades de cr¨¦dito, empresas de servicios de inversi¨®n, instituciones de inversi¨®n colectiva, entidades aseguradoras o reaseguradoras". Tampoco podr¨¢n "incluir en su denominaci¨®n, ni en la publicidad que realicen en referencia a sus actividades, el adjetivo financiero o colectivo, ni ning¨²n otro que induzca a confusi¨®n con aquellas actividades reservadas se?aladas con anterioridad". El texto a?ade la obligaci¨®n de realizar auditor¨ªas y de remitir copia "a las autoridades competentes" en Consumo. Despu¨¦s, establece las condiciones de los contratos y un sistema de sanciones que impondr¨¢ "la Administraci¨®n p¨²blica competente".

- Justificaci¨®n. La necesidad de incluir esa enmienda vino de "la gente del ministerio", recuerda el senador del PP Javier S¨¢nchez-Sim¨®n, portavoz en la Comisi¨®n de Econom¨ªa. Tanto en el debate en comisi¨®n como en el pleno del Senado, nadie mencion¨® la disposici¨®n relativa a los sellos, salvo el PP. El senador de ese partido Juan Pablo S¨¢nchez explic¨® entonces que era una "nueva regulaci¨®n integral m¨¢s all¨¢ de la normativa fraccionada actualmente vigente [...] respecto a la protecci¨®n de la clientela [...], delegando la competencia de control y supervisi¨®n en las comunidades aut¨®nomas". En el Congreso, antes de su aprobaci¨®n definitiva, la diputada socialista Maite Costa consider¨® que esa disposici¨®n no ten¨ªa nada que ver con el objeto de la ley. Desde el PP, Vicente Mart¨ªnez Pujalte replic¨® que daba garant¨ªas en "fondos sobre bienes como el arte, los sellos, etc¨¦tera", pero el PSOE termin¨® votando en contra.

- Interpretaci¨®n. Dos a?os y medio despu¨¦s, el PP y el PSOE tienen visiones muy distintas. Segundo Bru, entonces portavoz socialista en la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Senado, considera que no a?ade tal protecci¨®n a los clientes. "Lo ¨²nico que dice es que tienen que hacer auditor¨ªas Eso lo hace cualquier empresa prudente", dice Bru. El actual portavoz de Econom¨ªa del PP en el Senado, Javier S¨¢nchez Sim¨®n, resalta la "prohibici¨®n absoluta de que estas entidades presten servicios financieros o generen apariencia" de prestarlos. Sin embargo, Bru apunta que s¨®lo se proh¨ªbe usar las palabras "financiero" y "colectivo" en su publicidad, y se generaliza sobre que no pueden confundirse con entidades de inversi¨®n. "No dice nada de rentabilidad". Bru cree que el texto refleja "la voluntad de excluir expresamente a estas sociedades de la protecci¨®n que da la ley". S¨¢nchez Sim¨®n pone el acento en otro sitio: "El tema no est¨¢ en el fraude, sino en que la ley no permit¨ªa efectuar las actividades que han canalizado los ahorros de tanta gente. No hay 300.000 interesados en sellos, sino en que sus ahorros sean rentables". Por tanto, el senador interpreta que el Gobierno pod¨ªa sancionar a estas empresas por ofrecer servicios financieros. "Hab¨ªa mecanismos de control", concluye. La directora general de Consumo, Mar¨ªa ?ngeles de las Heras, anunci¨® la semana pasada que el Gobierno ya trabaja en la modificaci¨®n de esta ley para que quede "m¨¢s clarificada".