El 73% de los reformatorios pasa a manos privadas en s¨®lo cinco a?os

Los centros en los que los menores de 18 a?os cumplen las medidas de privaci¨®n de libertad cuando cometen un hecho delictivo est¨¢n gestionados por asociaciones privadas en la mayor parte de las comunidades aut¨®nomas. En Espa?a nunca se ha contemplado privatizar el sistema penitenciario de los adultos. En el caso de los menores, hasta hace seis a?os, tampoco. Pero en 2000 se aprob¨® la Ley del Menor, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que se abstuvo, y el Grupo Mixto, que vot¨® en contra. La norma permiti¨® por primera vez que se delegara en asociaciones sin ¨¢nimo de lucro o fundaciones privadas la gesti¨®n de los centros de reforma.

La nueva ley elev¨® la edad penal a los 18 a?os. Cuando se empez¨® a aplicar, en 2001, todos los menores de edad que estaban en la c¨¢rcel pasaron a centros de internamiento. Las comunidades aut¨®nomas, que tienen las competencias en materia de menores, carec¨ªan entonces de las infraestructuras para asumir ese volumen de internos. En Madrid, en 2001 s¨®lo hab¨ªa 45 plazas. Por este motivo se empezaron a firmar convenios con asociaciones privadas. El n¨²mero de internos fluct¨²a, pero se puede decir que en estos momentos en Espa?a est¨¢ en torno a los 2.750, atendiendo al n¨²mero de plazas de los 100 centros existentes.

Idea inicial

F¨¦lix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que particip¨® en la elaboraci¨®n del borrador de la Ley del Menor, explica que la idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. "Incluimos una disposici¨®n para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecuci¨®n de la privaci¨®n de libertad", asegura.

Pero as¨ª fue. En Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde 2001 est¨¢ en manos de asociaciones. Ese a?o hab¨ªa tres, p¨²blicos, con 45 plazas. Ahora hay 18, con 422 plazas. Todos los nuevos, de gesti¨®n privada. En Andaluc¨ªa, asociaciones y fundaciones llevan el 94% de los reformatorios. Tan s¨®lo los gobiernos de Catalu?a, Extremadura y Ceuta se encargan de forma directa de todos sus centros. En Canarias y Baleares la responsable es una fundaci¨®n p¨²blica.

?Qu¨¦ tipo de entidades se encargan de los reformatorios? La ley exige que sean asociaciones o fundaciones sin ¨¢nimo de lucro. Y siempre lo son. Pero la gesti¨®n tambi¨¦n lleva consigo la limpieza, el catering o la seguridad, que tienen que encargarse a alguna empresa. Y cuando la asociaci¨®n es una fundaci¨®n de un grupo empresarial, estos servicios se pueden encargar a compa?¨ªas de la corporaci¨®n. Por ejemplo, la fundaci¨®n Grupo Norte, que gestiona cuatro centros en Madrid, encargaba a Prosintel la vigilancia. Prosintel es una de las empresas de Grupo Norte. En Madrid, este sistema cambi¨® el pasado enero. La comunidad elige ahora directamente por concurso a las empresas que van a prestar los servicios en todos los reformatorios. Prosintel es ahora una de las encargadas de la seguridad general.

El vocal del CGPJ F¨¦lix Pantoja relata que, cuando era Fiscal coordinador de Menores de Madrid, ley¨® un anuncio en prensa en el que se ped¨ªan educadores "para empresa en expansi¨®n". La Fiscal¨ªa averigu¨® que se trataba de una asociaci¨®n que gestionaba centros de menores. "Es un ejemplo de que esto se ha convertido en un negocio", se?ala.

La gesti¨®n privada de los reformatorios plantea otros problemas, seg¨²n sus detractores. El principal es si el Estado puede y debe delegar la privaci¨®n de un derecho fundamental como la libertad. La abogada de menores Patricia Fern¨¢ndez opina que si se hubieran privatizado las c¨¢rceles de adultos se habr¨ªa generado un debate social que en este caso no se ha producido. "La gente ni siquiera lo sabe", exclama, y critica los eufemismos que se utilizan al hablar de los menores. "Centros de internamiento, de reforma, centros educativos, son t¨¦rminos creados para definir lo que no son sino c¨¢rceles para ni?os y j¨®venes, que deber¨ªan tener, cuando menos, las mismas garant¨ªas que las de adultos".

Pantoja considera que "la libertad es un derecho b¨¢sico y esencial y el internamiento no puede dejarse en manos privadas". De la misma opini¨®n son el Defensor del Menor de Madrid y la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa. El Defensor del Pueblo, sin embargo, manifiesta que no hay grandes diferencias entre centros p¨²blicos y privados y que en ambas categor¨ªas los hay que funcionan bien y mal.

Tanto la Fundaci¨®n Ginso, que se encarga de varios centros en Andaluc¨ªa y Madrid, como la Fundaci¨®n Diagrama, que lleva 23 centros en toda Espa?a, renuncian a entrar en el debate. "Nosotros presentamos un proyecto de reeducaci¨®n a las comunidades y ¨¦stas deciden si les interesa", explica un portavoz de Diagrama.